Francis Puig: diez años de la izquierda mirando a otro lado

¿Y qué hizo el Botánico entonces? Cuando el PP comenzó a denunciar y a sospechar, tanto el PSPV como Compromís negaron la mayor. Eso ocurrió incluso cuando en el parlamento valenciano se criticaban las recibidas en 2015 y todavía se estaban concediendo las de 2017 y 2018, que obviamente se dispensaron con la manga ancha.

La izquierda valenciana, enterita, primero miró hacia otro lado cuando recibía el aluvión de peticiones de ayuda por parte de Francis Puig y sus socios. Después siguió silbando cuando la situación se judicializó. Y ahora también pretende ignorar lo que ocurrió cuando ellos gobernaban respecto a familiares directos del líder del Gobierno en el que se coaligaron. Diez años.

La investigación no ha detectado ningún tipo de acto delictivo por parte del Botánico. No se ayudó al, entonces, hermano del presidente de la Generalitat. No se le facilitó, pero tampoco se le impidió acceder a las ayudas, que posteriormente se intentaron justificar con facturas que Fiscalía sospecha que se han fabricado irregularmente.

Los populares, durante las sesiones de control a Ximo Puig en Les Corts, alertaron, ya en 2017, de lo que estaba pasando, para gozo y sorna de la izquierda valenciana. A la impulsora de las denuncias, la popular Eva Ortiz, se la tildó de «querulante»; es decir, una persona que sufre una tendencia patológica a denunciar de forma reiterada y a menudo sin fundamento. Una loca, en definitiva. Fuera de micrófono, incluso la calificaban, ante la prensa, de «mala persona».

Desde el PSPV, especialmente por parte del círculo más cercano al jefe del Consell (podría denominarse la 'Puigesfera', que ahora mismo también se ha instalado en los puestos intermedios del Gobierno central y sigue en muchos de los más destacados cargos públicos del PSPV), se negó todo con vehemencia. En Compromís, que gestionaba alguna de las consellerías que nutrían económicamente a las empresas administradas por Francis Puig, tampoco se encendieron las alarmas. Hasta el punto de que, a posteriori, cuando la causa se judicializó de manera indisimulable en 2019, se pasaron todos los plazos administrativos para reclamar el dinero de subvenciones con tintes de haber sido irregularmente justificadas.

Las leyes de la termodinámica son cuatro. Explican cómo se comportan la energía y la materia en espacios físicos. En política también hay principios casi científicos sobre cómo actúan los partidos. Entre ellos debería incluirse el modo en que reaccionan ante decisiones judiciales que podrían perjudicarles. El principio de termodinámica política podría señalar, por ejemplo, que la temperatura en el tono de las reacciones de los partidos ante las decisiones judiciales que afectan para mal a personas próximas a un entorno político es inversamente proporcional a la cercanía del acusado con los partidos que se pronuncian. Cuanto más cercano es el investigado, menos temperatura demuestran los políticos al responder.

Dos momentos procesales explican la validez de esta teoría de la termodinámica política. El primero en 2019 y el segundo, ahora, tras conocerse la decisión de la Fiscalía Anticorrupción.

Hace seis años se supo que el hermano del entonces presidente entraba en fase de investigado. ¿Qué ocurrió? El jefe del Consell se quiso desentender tanto del asunto que aseguró que ni hablaba con su hermano sobre el asunto. «No puedo hablar con mi hermano de cosas que desconozco», aseguró Ximo Puig en el Palau de la Generalitat, durante un 'canutazo' ante la prensa.

«La Justicia dirimirá. No tengo ninguna responsabilidad en esta cuestión ni he participado en las decisiones que se analizan en los juzgados. Es patético que el PP haga esta oposición para tapar sus vergüenzas. Es una maniobra de distracción patética. Todo el mundo sabe que no tengo nada que ver en esta cuestión», indicó Puig, Ximo.

El entonces síndic del PSPV realizó un augurio que supone la excepción a la regla de su buen ojo con los asuntos juiciales. Manolo Mata aseguró que se trataba de un asunto que «ya se vio hace meses. La Abogacía de la Generalitat y la Intervención ya dieron el visto bueno y si se vuelve a reabrir (el caso) entiendo que será por garantías procesales. Al ser una querella del PP seguro que acabará pinchando, porque esto es una persecución a Puig y su familia por tierra, mar y aire y esperamos que acabará archivándose».

Desde Podemos en Les Corts se pidió «prudencia» y «respeto a los procesos judiciales». Ni mucho ni poco.

«En los últimos años el PP se querella a diestro y siniestro en casos que ya se han archivado, tanto en el Ayuntamiento de València como en la Generalitat. Veremos cómo avanza este caso», comentó entonces Fran Ferri, el síndic de Compromís, quien, en cualquier caso, consideró que «cualquier empresario que concurra a ayudas públicas ha de dar cuentas de lo que hace» y que «todo el mundo, sea hermano de quien sea, ha de cumplir con la ley». No obstante, en Compromís, y también en el entorno del presidente de la Generalitat, se intentó argumentar que todo era un montaje del PP para intentar dar mala fama a las ayudas al valenciano, el motivo de las subvenciones recibidas por Francis Puig que han acabado en la petición de cárcel de Anticorrupción.

¿Y ante el escrito de Fiscalía, ahora? Más de lo mismo, tal y como demuestra la termodinámica política. En Compromís, este viernes, se reiteró la idea de que hay que confiar en la Justicia y que cuando salga la sentencia ya se dirá, El síndic del PSPV se mostró impertubable ante « la apertura de juicio oral por unos presuntos delitos que se cometieron por parte de una persona privada en los que, por cierto, no hay ninguna persona de la Administración pública valenciana imputada, ni acusada. No existe una situación penal de la Generalitat. Esto es un caso particular». El «particular», «persona privada», presentó facturas que reprueba la Fiscalía relativas al almacén del padre de los Puig, y otras relativas a un contrato con Jordi, otro de los hermanos del expresidente, formalizadas en 2018, cuando ya había pronunciamientos políticos, acusaciones y reproches, aunque en la izquierda valenciana parece que no se sabía nada y ahora aún quieren saber menos.

«Yo siempre digo que los que desembarcaron en Normandía no desfilaron en París. Yo me considero de los que desembarcaron en Normandía». Así describía Esteban González Pons en 2011 sus posibilidades de formar parte del Gobierno que, posteriormente, presidió Rajoy. González Pons fue verbo ejecutor de la oposición a Zapatero. Y no desembarcó.

Siempre hay un «azote». «Azote del PP» o «azote del PSOE», pero siempre hay infantería de choque. En la Comunitat, en Les Corts, durante los años de esplendor del Botánico, cuando el triunfo del PP no aparecía en los radares demoscópicos, la diputada popular Eva Ortiz se erigió en ariete contra el Consell del PSPV y Compromís.

El tema 'estrella' de Ortiz fue el caso de Francis Puig. Preguntó sobre él por activa y por pasiva. Se la acusó de querulante, se pidió su dimisión por «manipulación de documentación» sobre las subvenciones a empresas de Francis Puig en el marco de Avalem Joves. Lo de Avalem se archivó. Las ayudas del valenciano, sin embargo, sí han propiciado la petición de cárcel de Fiscalía para Francis Puig. Ortiz no estaba «legitimada para seguir hablando de cuestiones que afectan a la política valenciana», según José Muñoz, ahora síndic del PSPV. Desde Compromís se le advirtió: «Los hermanos no se eligen, la corrupción, sí». La entonces consellera, Gabriela Bravo, la acusó de «montar juicios paralelos» en Les Corts. El entonces conseller Vicent Soler le achacó un caso de corrupción en Orihuela por lo que luego se retractó. Algo había, al parecer de Fiscalía, en relación a todo aquello que criticó la diputada autonómica, antes eurodiputada. Habrá que ver, finalmente, lo que sentencia un juez. Ortiz, la fuerza de choque del PP durante los años del Botánico, es actualmente senadora.