La Fiscalía pide procesar a responsables de tres obras de Acuamed en Valencia

El caso, bautizado con el mismo nombre que la empresa dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, afronta su recta final. El ministerio fiscal ha solicitado el procesamiento de 42 personas, la mayoría directivos de la sociedad pública.

La investigación se centra en el proceso de adjudicación, ejecución y liquidación de diversas obras públicas gestionadas por Acuamed, que actuaron en concierto con los contratistas de obras y servicios públicos. Esto ha llevado a ocasionar un grave perjuicio económico para las arcas públicas, según la acusación.

Existen tres obras que se han ejecutado en la Comunitat y en las que fundamentalmente se concentran todas las sospechas de ilegalidad. Una es el refuerzo de la red de abastecimiento de agua potable en El Campello y Mutxamel. En este proceso se manipularon los criterios de valoración subjetiva y técnica de la ofertas presentadas en el concurso para favorecer a la firma Altec. El importe superaba los 16 millones de euros.

Otra de las actuaciones que la Fiscalía considera sospechosas fue la de aumentar la protección frente a las avenidas en la cuenca del Serpis. La idea era la construcción de una presa entre Terrateig y Benicolet. El presupuesto inicial era de 19 millones de euros, pero al final de la obra se reclamó un sobrecoste de dos millones de euros.

El equipo responsable de la iniciativa se negó a aceptar ese exceso de gasto. Pero, según la acusación pública, se decidió sustituir a esos responsables y, finalmente, se dio por buena la liquidación con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas y el beneficio para el empresario.

Por último, los investigadores han apreciado actuaciones delictivas en el colector oeste en Valencia. El objeto era proteger la entrada de aguas contaminadas en L'Albufera. De nuevo los investigadores han detectado un sobrecoste, aunque en este caso pudo ser corregido. Las obras se suspendieron en julio 2012. Hasta ese momento se habían validado 43 certificaciones pagándose unos sobrecostes al contratista que no estaban justificados. En concreto, tres millones de euros. Rafael Belda, uno de los incluidos en la petición de sobreseimiento, era el director de obra de estos dos últimos proyectos.

La investigación de Azud, la causa de la financiación ilegal del PSPV, se ha topado también con irregularidades en la empresa pública. En estas diligencias, sin embargo, se analiza si determinadas comisiones por el amaño de obras que desembocarían en el pago electoral de actos del PSPV. Pero en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional no abordan esta cuestión. En un inicio se pensó en la posible colisión de los dos sumarios. En este sentido, el pasado jueves, los responsables judiciales de Acuamed, el juez instructor y la fiscal, se reunieron con sus compañeros de Azud en Valencia.