La Fiscalía pide la absolución de García Ortiz

En su escrito a la Sala de lo Penal, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, número 2 de García Ortiz y amiga personal del imputado, afirma con rotundidad que «ninguna intervención puede atribuirse al fiscal general del Estado en la divulgación de los correos electrónicos intercambiados entre el fiscal Julián Salto Torres (al frente del caso contra Alberto González Amador) y el letrado Carlos Neira Herrera (defensor de la pareja de la presidenta de Madrid)».

Uno de esos mails, fechado en febrero de 2024, fue el que se filtró a la prensa la tarde del 13 de marzo de 2024. En esa comunicación, Neira reconocía a Salto que su cliente había cometido dos delitos fiscales en los ejercicios de 2020 y 2021 y se ofrecía a llegar a un acuerdo con la Fiscalía. El instructor del caso en el Supremo, Ángel Hurtado, acusa precisamente a García Ortiz de haber maniobrado para airear ese mail a fin de contrarrestar el relato del entorno de Ayuso de que en realidad había sido la Fiscalía la que había propuesto un pacto.

Según sostiene Sánchez Conde, en absoluta coincidencia con la tesis del Abogacía del Estado que defiende al imputado, «la información contenida en esos correos electrónicos» que intercambiaron Salto y Neira «ya era conocida por otras personas con anterioridad a que el fiscal general del Estado adquirió conocimiento de la misma y previamente a que se difundiera la nota informativa de la Fiscalía». En ese comunicado del 14 de marzo se revelaba que había sido la defensa de González Amador la que había propuesto un acuerdo de conformidad para evitar el juicio y una hipotética petición de pena de cárcel por el fraude 350.000 euros a través de la emisión de facturas falsas.

La número 2 de la carrera fiscal exculpa de todo a su jefe directo porque, según ella, solo accedió a la cadena de mails para, a través de una nota de prensa pública y haciendo uso de sus funciones, desmentir el bulo de que el pacto estaba siendo promovido por la acusación pública y defender que «el fiscal responsable del asunto se había atenido escrupulosamente a sus deberes profesionales».

«A instancias del fiscal general del Estado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, a las 10:20 horas del 14 de marzo de 2024 la Fiscalía de la Comunidad de Madrid difundió entre los medios de comunicación social una nota informativa con membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid. Esta nota contenía hechos ciertos y acreditados, que desmentían las informaciones inveraces publicadas por algunos medios de comunicación y responsables públicos», apunta Sánchez Conde, quien insiste que antes de esa nota los detalles de los mails ya «eran de público conocimiento».

La Fiscalía al Supremo en ese mismo escrito pide el interrogatorio como testigos en el juicio al fiscal general de 19 personas, entre ellas, el propio González Amador; el abogado Neira; el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, señalado por haber difundido el bulo de que era la Fiscalía la que buscaba un acuerdo; la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, muy crítica con la gestión de García Ortiz de todo este asunto; o la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien llegó a estar imputada por la filtración; amén de una decena de periodistas.

Insiste la Fiscalía en que todo este caso se originó porque Miguel Ángel Rodríguez transmitió a «múltiples periodistas», el 13 de marzo de 2024, que el Ministerio Público había ofrecido un acuerdo a González Amador en la investigación judicial abierta contra él por presuntos delitos fiscales y «que, antes de que el mismo pudiera responder, la misma Fiscalía había recibido órdenes 'de arriba' para impedir el acuerdo». Abunda en que, a raíz de aquello, aparecieron informaciones en prensa que «suponían atribuir al Ministerio Fiscal un comportamiento que se alejaba del adoptado en supuestos idénticos, que carecería de sustento legal y que le ocasionaba un evidente perjuicio». Y que lo único que pretendió García Ortiz en esas horas fue salvaguardar el buen nombre de la institución que dirige.

El fiscal general se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel y doce de inhabilitación, como reclama la acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que le atribuye un delito de prevaricación en concurso con un delito continuado de revelación de secretos. Previsiblemente a partir de la segunda mitad de noviembre, García Ortiz será juzgado por una sala e mayoría conservadora compuesta por los magistrados Andrés Martínez Arrieta (presidente), Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Carmen Lamela, Susana Polo y Ana Ferrer.