La Fiscalía incluye en su acusación contra Francis Puig 500 facturas bajo sospecha

Las facturas irregulares señaladas por el Ministerio Público implican a más de una treintena de empresas. Con motivo del juicio oral contra el hermano del expresidente de la Generalitat, la Fiscalía propone la declaración de una veintena de personas, entre los que se incluyen ex trabajadores de las empresas administradas por Francis Puig así como Jordi Puig, otro hermano del ex jefe del Consell y del propio investigado.

Es complicado alegar descuido o falta de intencionalidad por parte de Francis Puig cuando, en el cotejo de la actividad de las empresas que administraba, la Fiscalía detalla la existencia de múltiples facturas expedidas en la misma fecha, con los mismos importes, con precios que no se corresponden con los trabajos, pagadas en el año anterior al que se formalizan, con conceptos genéricos, que no están pagadas, acreditadas fuera de plazo, sin rastro de contratos, con domicilios equivocados o directamente «ficticios», abonos considerados también «ficticios» por corresponderse a lugares donde no se podía desarrollar la actividad aducida, facturas que no constan en los asientos bancarios o que la Intervención General de la Generalitat Valenciana ha señalado como no subvencionables al no estar relacionas con la actividad por la que se pidieron las ayudas, o casos de autofacturación con una empresa ficticia, facturas con un contenido distinto a los albaranes que las justifican o que incluyen logotipos de empresas que nada tienen que ver con el servicio ofrecido, facturas que señalan la existencia de 54 crónicas cuando en realidad hay 50 archivos y 27 están repetidos, además de «facturas duplicadas que han podido ser creadas para obtener una subvención mayor que la que correspondería. El investigado (Francis Puig) aduce que se trata de un error al confeccionar la cuenta justificativa, pero también las facturas han sido aportadas de forma duplicada». Igualmente, se detectan facturas cruzadas entre las empresas administradas por Puig (Francis) y Adell Bover (José Enrique), los dos encausados, respecto a lo cual, Anticorrupción considera que «todas las facturas han podido ser creadas para la obtención de subvenciones en mayor cuantía que la que correspondería, y de cuya realidad se puede dudar». Lo mismo sucede o facturas señaladas porque «podrían no ser auténticas, puesto que no hay contrato con el proveedor, los contenidos son genéricos, no han sido abonadas y son de la misma fecha».

Hay también facturas que corresponden a archivos de audio pero se presentaron con el concepto de trabajos televisivos. No falta tampoco la facturación «que no se corresponde con el domicilio social de la mercantil, que no han sido abonadas, tampoco se ha acreditado la existencia de contrato, ni el contenido de los servicios», y para colmo, «el proveedor alegó robos de datos en sus sistemas informáticos, pero tampoco ha podido acreditar de otra forma los servicios prestados». Ya ha tenido mala suerte el hermano del expresidente, que las empresas con las que colaboraba han sido víctima de 'hackers'..

El conjunto de sospechas y situaciones irregulares es notable. En cualquier caso, en el auto del Juzgado de Instrucción 4 de Valencia por el que acordaba procesar a Francis Puig y Juan Enrique Adell Bovell se descarta el delito de fraude en las subvenciones porque la cantidad supuestamente percibida de forma indebida no alcanza la cuantía de 120.000 euros.

La causa investiga subvenciones públicas para el fomento del valenciano en medios de comunicación que cobraron las empresas de Francis Puig y José Enrique Adell Bover. Entre las irregularidades señaladas se ha detectado, según señala la Fiscalía en sus conclusiones, un buen número de contenidos en castellano, además de haberse encontrados algunos que no emplean ningún idioma.

Audios, vídeos, microvídeos y artículos señalados en las facturas que no se consideran susceptibles de ser subvencionados porque no se emplea el valenciano, sino el castellano. O incluso no registran ningún idioma, sin locución, o directamente mudos, sin audio.

Entre las justificaciones «con indicios de falsedad» se contabilizan que un tercio de una serie de facturas que se asocian a contenidos en castellano, cuando las subvenciones eran al fomento del castellano.