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El acusado, ayer, antes de comenzar el juicio en la Audiencia de Valencia. damián torres
La fiscal pide cinco años para el exmarido de Mónica Oltra por abusos a una menor

La fiscal pide cinco años para el exmarido de Mónica Oltra por abusos a una menor

Los hechos supuestamente se cometieron en un centro de acogida cuando el acusado estaba casado con la vicepresidenta

A. RALLO

VALENCIA.

Viernes, 8 de noviembre 2019, 01:06

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Luis R. I., exmarido de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, fue juzgado ayer en la Ciudad de la Justicia de Valencia por un delito de abusos sexuales a una menor. Los hechos supuestamente se habrían producido en un centro de acogida, dependiente de la Conselleria de Políticas Inclusivas -o sea, de la propia Mónica Oltra-, donde el acusado trabajaba como cuidador entre finales de 2016 y principios de 2017. Por aquel entonces, Oltra y el acusado seguían casados. Cuando la vicepresidenta se enteró del suceso ya estaba en proceso de separación, que hace ya tiempo que se completó.

La fiscalía, tras la vista, mantuvo la pena de cinco años de cárcel. Pero, además, añadió una indemnización de 6.000 euros para la víctima, todavía hoy menor de edad. No hay responsable civil subsidiario -en este caso sería la Generalitat- porque la Administración no ha sido parte en este procedimiento.

El escrito de acusación recoge que el procesado entraba en la habitación de una de las menores, de 13 años, y la acariciaba pensando que estaba dormida. Además, le agarraba la mano y la utilizaba para masturbarse. El acusado lo negó. Admitió que algunas noches sí le daba un masaje en la cabeza porque esto le ayudaba a relajarse. Este extremo fue reconocido posteriormente también por la víctima, quien pedía que le acariciaran el cabello. No obstante, mantuvo su versión de los abusos. Justificó su negativa inicial a denunciar por miedo y vergüenza por si no era creída. El juicio se había aplazado en al menos dos ocasiones anteriores al no comparecer la joven.

La adolescente dormía en una habitación individual por los problemas de convivencia que generaba en el dormitorio común, según indicó el acusado y confirmó la directora del centro de acogida. La perjudicada, en aquella época, había tenido enfrentamientos con otros monitores.

La menor permaneció ayer esposada antes de comparecer. Una situación inexplicable. La presidenta del tribunal lamentó el error y le pidió disculpas. Se ignora de quién fue esa decisión de mantener a la víctima en esas condiciones.

El testimonio de los policías ante los magistrados resultó confuso. Se ratificaron en su atestado pese a que en el documento atribuían los hechos a otra menor, amiga de la declarante. Uno de los agentes indicó que la adolescente no quería denunciar porque el «tal Luis conocía a gente que era influyente». La directora del centro completó un ejercicio de cómo no se debe declarar. Fue advertida por el tribunal ante las «divagaciones». Rara vez contestó a lo que le preguntaron las partes. Aseguró que nunca se reunió con la residente por los abusos, pero que informó a la Conselleria de estas incidencias. La directora subrayó el carácter conflictivo de la menor con continuas fugas del centro y el consumo de sustancias estupefacientes, sin especificar.

La forense del Instituto de Medicina Legal, por su parte, declaró ante el tribunal que el testimonio de la menor resulta creíble y los hechos ajustados a una realidad plausible. La especialista llegó a esa conclusión tras aplicar un protocolo y diferentes pautas que permiten medir el grado de credibilidad de un relato. La profesional precisó que se trata de una persona «institucionalizada» -desde su infancia en centros- y con una personalidad todavía por formar, que le hace sentirse «insegura, desconfiada e inestable».

La fiscalía, durante su informe, restó valor a la entrevista que la adolescente mantuvo con la psicóloga de la Conselleria porque a la menor no se le dijo que era para hablar de los abusos sino de los motivos para querer irse. En ese contexto, según el ministerio público, resulta lógico que la adolescente no revelara los abusos. Además, de que esta profesional que concluyó que los hechos no eran creíbles no es experta en la materia, tal y como ella admitió y subrayó la fiscal.

La defensa reclamó la absolución. Sostuvo que la víctima ha faltado a la verdad. Detalló que su versión del relato no es uniforme -introduce variaciones como el lugar del masaje- y expuso el testimonio de una trabajadora social que tenía contacto con la víctima y que explicó que la denuncia de esos supuestos abusos -ella no le creyó- le permitían a la joven estar alejada de las instalaciones y con la familia de su novio.

El acusado, durante su turno de última palabra, lamentó el gran daño que le ha causado este proceso. El educador se ha compadecido de los menores en este tipo de situaciones de desamparo y manifestó su deseo de seguir pudiendo trabajar con ellos en un futuro.

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