El fiscal pacta dos años y medio con Blasco y Tauroni a cambio de confesar

Las diligencias investigan el fraude en la concesión de subvenciones a diferentes ONG y el fallido proyecto del hospital en Haití. Otro de los beneficiados por el acuerdo será el empresario Augusto César Tauroni, uno de los acusados que desde hace más de un año se ha mostrado siempre dispuesto a cerrar este asunto sin volverse a sentar en el banquillo. De hecho, Tauroni ya avanzó su intención de confesar, con independencia de la conformidad global a la que se llegara. Anticorrupción solicitó para él 22 años de cárcel.

El pacto no difiere en exceso del que se habló ya en su día nada más cerrarse el asunto. Finalmente, las negociaciones se rompieron por la oposición de la coordinadora de ONG No aceptaban penas tan reducidas para algunos de los principales responsables, como el exjefe de Área, Marc Llinares. La condena para este responsable rondará también los dos años de privación de libertad.

En resumen, el acuerdo implica condenas de menos de tres años para los cabecillas y un buen número de procesados con castigos inferiores a los dos años de cárcel que les evitará el ingreso.

El otro asunto todavía por materializarse es el pago de las responsabilidades civiles. Las fuentes consultadas no pudieron concretar el importe final, que podría estar en algo más de dos millones de euros. Los que más aportarían, en teoría, serían Blasco, Tauroni y el exjefe de Área, Marc Llinares. Tauroni dispone de recursos económicos para saldar su parte de responsabilidad. Cuenta con dos apartamentos en Miami que ahora mismo se encuentran bloqueados porque están a nombre de una sociedad americana. En su mano está poder liberar esos bienes y venderlos. El exconseller dispone, entre otros bienes, de un chalé en la zona de la Barraca d' Aigües Vives.

El papel clave está en manos de la coordinadora de ONG. La Generalitat, al igual que la fiscalía, es partidaria de cerrar esto con un acuerdo y evitar un juicio de varios meses. Pero si la entidad mantiene su acusación, el juicio debe celebrarse. El resto presionarán para que esto no ocurra. Anticorrupción y GVA son las partes que conocen y dominan la causa. Un juicio en el que sólo acusen las ONG puede hacerse muy largo y tremendamente complicado.