El fiscal, sobre uno de los directivos de Divalterra: "Era el Messi de las contrataciones"

Las defensas, por su parte, han pedido la condena en costas de las dos acusaciones populares, la del PP y la de Acción Cívica, por una temeraria actuación en este procedimiento. El expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez, el principal acusado en la trama, se enfrenta a ocho años de prisión. El ministerio público mantiene las mismas peticiones de pena para el resto de procesados.

El responsable del ministerio público ha defendido el inicio de la actuación policial. «Se presume la legalidad de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y aquí parece que se ha dudado sin pruebas», ha recordado a las defensas. De igual modo, ha recordado que los agentes pueden efectuar detenciones sin órdenes o permisos de la autoridad judicial.

A continuación, ha abordado ya la cuestionada contratación de los altos directivos. «No se trata de pagar por ir a trabajar sino si ese trabajo es necesario y adecuado. Pero no. Aquello fue una argucia legal para sustraerse a la normativa y colocar a miembros de uno y otro partido político». «Su mérito es ser afín a un partido político«, ha dicho respecto de los directivos.

El relato del fiscal ha pivotado sobre la ausencia de los criterios que debe primar en la contratación pública. No se dan ni los méritos, ni la capacidad ni se articula el procedimiento con la debida publicidad. El objetivo, lógicamente, era orientar las incorporaciones a las personas que ya habían sido seleccionadas. Además, el fiscal ha puesto el foco en la falta también de cualquier justificación de su despido. «¿Por que los despidieron? No hay motivo salvo el clientelismo político».

No caben «pactos políticos» en una empresa pública. La acusación se ha esforzado en diferenciar una sociedad de esta naturaleza con los acuerdos, por ejemplo, que se pueden dar en la Diputación. «No hay traslación posible. Esto no está para satisfacer el interés de nadie. Ya veníamos del clientelismo político y del enchufismo», ha subrayado. «No vale el argumento de la excepcionalidad para justificar esto».

«Al auditor interno le echaron. Desapareció de la empresa sin que supieran nada del sustituto». «No hay una estructura de alta dirección para dirigir la empresa». «Pero es que nunca lo ha habido en esta empresa pública», se ha reforzado. Tampoco se recogía algo similar en los Estatutos de la sociedad. «No puede dirigir una sociedad unas personas que no aparecen en los Estatutos».

Anticorrupción sostiene que algunos de los directivos tomaron el control de la empresa a través del denominado comité de dirección. «Los nombramientos no pasaron por el consejo de administración porque ya sabían de la opinión del secretario del consejo que hubiera parado los nombramientos por su ilegalidad». Todo hasta que se consigue a un secretario «afín» a sus intenciones.

La acusación ha enumerado uno por uno los correos donde se recoge que esos nombramientos no han sido conocidos por el consejo de administración. Así, cita mensajes del letrado Cuerda, de la cogerente Brines, con copias a otros responsables, donde se habla de cómo actuar ante esta falta de legalidad de los nombramientos.

¿Qué sentido tiene que teniendo la mayoría no pasara por el consejo? «Pues que no se podía defender una ilegalidad». «No hay ni un sólo informe que diga que son legales», ha proclamado a lo largo de su intervención.

No hubo expediente de contratación de los altos directivos. El fiscal ha tirado de ironía en este punto. «Lo único que hemos encontrado es un documento donde aparecen los partido políticos a los que corresponden cada una de las áreas». En realidad, «todo lo que se monta es una pantomima. Ni ellos sabían qué iban a hacer. Allí sólo había brigadistas».

Todo lo anterior permite acreditar, según el fiscal, que la cogerente Agustina Brines, único cargo de Compromís investigado, conocía todas estas irregularidades. De igual modo, atribuye el mismo conocimiento al entonces presidente Jorge Rodríguez, por los correos que le envía otro gerente, Víctor Sahuquillo. Pero también por la documentación hallada en su despacho donde se muestra el organigrama de los partidos políticos y un documento donde se establece que la modalidad serán «los contratos de alta dirección».

«Ni ellos mismos sabían lo que iban a hacer». La creación de las áreas era únicamente para colocar a la gente del partido. Rodríguez llega a quejarse de que se quedan «con dos chorradas» respecto a los nuevos nombramientos. Es decir, eso demostraría la escasez, la debilidad del famoso esquema de alta dirección que necesitaba la empresa para supuestamente reconducirse, siguiendo el informe del fiscal.

«Había que darles faena, trabajo para justificar esas contrataciones de altos directivos». Por otra parte, Anticorrupción ha recordado que en ese compromiso público por la racionalización y el control del gasto, la empresa pasa de un directivo a diez precisamente para dar cobertura a todo este clientelismo. Ha vuelto a recurrir al humor unos minutos más tarde. «Hay un dato que demuestra la administración muy leal de los fondos públicos: Ford tiene dos contratos de alta dirección frente a los diez de Divalterra».

«Divalterra siempre ha sido un chiringuito a lo largo de su existencia», ha concluido el fiscal, el mismo que investiga el expolio de Imelsa, la antigua denominación de la firma. «No han hecho algo diferente a lo habitual allí, era el reclutamiento ideológico para estos puestos».

De igual modo, tal y como señaló la interventora en la vista, la actividad de la firma «no es esencial ni estratégica». No existe rastro de la actividad supuestamente de alta dirección que asumen los directivos. «No han suscrito ni contratos ni convenios. No tenían poderes», ha lamentado el fiscal. Y, por último, nunca más se han vuelto a contratar directivos tras la salida de estos controvertidos fichajes.

Anticorrupción ha atacado algunos de los directivos incorporados a la empresa pública. A Raúl Ibañez, por ejemplo, le ha llamado «el Messi de las contrataciones». «Como no tenía ningún cometido, iba por todo el campo». Ha hablado también de la «pobreza intelectual» de este acusado que, además, es licenciado en Derecho. Respecto de Soledad, otra las responsables, ha censurado que no se preocupara por firmar un contrato de alta dirección, «pero sí lo hiciera para saber lo que le correspondía de indemnización al ser despedida».

«Aquí hablamos de que se han comprometido fondos públicos, casualmente de lo único que no hablan todos los acusados», ha lamentado el responsable del ministerio fiscal en la parte final de su informe. El especialista ha aportado jurisprudencia para justificar sus acusaciones por prevaricación, malversación y falsedad. «La corrupción mina los valores democráticos. De eso estamos hablando, de corrupción». El fiscal ha citado la sentencia del TSJ y la posterior del Tribunal Supremo donde se condenan a dos zombies de Imelsa en una causa derivada de la pieza de Avialsa. Se contrató como brigadista a un asesor del alcalde de Quartell, Francisco Huguet.