La familia Grau estalla contra el juez de Azud: «Llevan cuatro años usando nuestros coches. Veremos cómo los devuelven»

La defensa de los Grau tacha de injustificada e innecesaria la medida adoptada por el juez a la que consideran un «castigo» sin que exista aún una sentencia condenatoria. Una queja en la que coincide con el resto de imputados.

De hecho, subraya que el dinero de las cuentas y las propiedades se encuentran bloqueadas desde el inicio de la instrucción. Especialmente contundente se muestra con los vehículos: «Están siendo utilizados por la Administración y ya veremos qué es lo que devuelven a los interesados y en qué estado cuando algún día se dicte una sentencia absolutoria», pronostica el letrado.

Alfonso Rus, por su parte, también sufrió una situación peculiar. La UCO le devolvió su Mercedes después de recorrer más de 70.000 kilómetros y con una avería, según fuentes cercanas al exvicepresidente de la Diputación.

Los investigados se quejan igualmente de la falta de notificación del decomiso. Los recurrentes califican sido calificado como un ejercicio de «vulneración del derecho de propiedad» que, según afirman, sólo puede ser limitado por una sentencia firme. El escrito subraya con énfasis que «todos los bienes están cogidos, pillados, trabados, embargados, indisponibles», por lo que encomendar su gestión a la ORGA solo sirve, aseguran, para aumentar su «zozobra, inseguridad y angustia», especialmente a su avanzada edad.

El recurso también recoge que el auto de julio incluye por error dos cuentas bancarias abiertas en 2021 por Sofía Grau, con autorización expresa del propio juzgado, tras quedar inoperativas las anteriores por los embargos. Estas cuentas, insisten, fueron abiertas tras la intervención judicial. El bloqueo evidencia, según su defensa, «una voluntad de arrasar con todo», incluso con «cuentas domésticas» sin relación con la causa.

No es el único de los investigados que presentó ayer su recurso. Rafa Rubio, el que fuera subdelegado del Gobierno con el PSOE e ideólogo socialista en el Ayuntamiento de Valencia, también figura como investigado en esta causa. La Fiscalía sostiene que cobró unos 300.000 euros en efectivo por guardar silencio ante una operación urbanística que beneficiaba a Jaime Febrer, el supuesto cabecilla de la red.

La situación de Rubio no coincide con la de Grau. El exdirigente socialista reclama que se le devuelva un Mercedes que se le incautó y que desde entonces utiliza la UCO. El investigado sostiene que la Audiencia de Valencia dictó un auto donde acordaba mantener un embargo sobre fondos hasta 300.000 euros, pero liberar de trabas el resto de propiedades. La Sala, siempre según el escrito que recopila los argumentos de Rubio, consideró entonces que había un exceso de embargos.

Otro de los investigados, Joaquín Rico, el supuesto cerebro financiero de la trama, también se opuso a la medida y explicó al juez su lamentable condición económica que le impide abonar las derramas por gastos extraordinarios en su comunidad de vecinos. Una situación que le ha hecho acumular una importante deuda al tener todas las cuentas bloqueadas.

En total, en el caso Azud, se han bloqueado fondos por importe de casi cinco millones de euros a los que hay que sumar el valor de las propiedades. El chalé de José María Corbin, el cuñado de Rita Barberá, es un inmueble de lujo situado en una de las urbanizaciones más exclusivas de Xàbia.