Un exalcalde desahuciado a la espera de sentencia

Medina no parece ser un político al uso. Tras la operación policial, rápidamente trató de revolverse. No ha sido una etapa fácil al igual que para todos aquellos que, de repente, abandonan la comodidad de un sueldo generoso y público. No es el primer caso de un político que se ve en estos apuros. El exdirigente montó una tienda de electrodomésticos en su municipio, pero la aventura no salió como esperaba. Bajó la persiana, en parte, por el bloqueo que ejercía el juzgado sobre sus bienes, circunstancias que le incapacitaban para obtener financiación.

La siguiente pérdida –la previsibilidad de un hecho no mitiga la tristeza– fue la casa que había adquirido con su familia. Un adosado que se subastó hace unos meses al no poder hacer frente a la hipoteca. La investigación judicial estalló justo en un momento en el que acababan de vender su piso para mudarse a la nueva vivienda. «Me embargaron mi parte de lo que me dieron por el piso». La hipoteca se convirtió en una losa insoportable para toda la familia. «Pagábamos 900 euros de hipoteca», recuerda.

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A Medina no le quedó otra. Igual que desistió del negocio, abandonó la casa. «No es un plato de buen gusto acudir allí por los recuerdos. Hace nueve meses que no voy», cuenta no sin cierta tristeza. «Hemos sufrido mucho en Moncada», lamenta. Un recuerdo del que cuesta casi un mundo escapar. Admite que tiene relación con vecinos del municipio, pero esta se limita a lo mínimo. «Con todo el dolor de mi corazón», precisa.

De esa casa en su pueblo se han mudado a un apartamento en una playa cercana a Valencia. Apenas 60 metros en los que hace vida con su mujer, una casa cuya hipoteca termina este año. También se ha reciclado laboralmente. Ahora se encarga de llevar la administración de una residencia de ancianos. Lejos de sus sueldos en la administración, su vida también ha cambiado por completo. Medina ya aspira a poco, indica tras todo este episodio judicial. «Algún paseo por la playa, a coger la bici».

El exvicepresidente de la Diputación también se ha ayudado de la fe para soportar todas estas turbulencias de los últimos seis años. Siempre fue creyente, pero ahora sus convicciones religiosas se han robustecido a raíz de los contratiempos judiciales agravados por la lentitud del juzgado. El titular ha sido sancionado por el Poder Judicial por los retrasos sin justificación.

El exdirigente popular ha salido airoso del caso Taula, la investigación por un supuesto blanqueo en el Grupo Municipal del PP para las elecciones de 2015. Él figuraba en esta pieza separada por su papel en el control de los gastos electorales del partido. Ahora le queda el pronunciamiento de la Audiencia sobre Imelsa. Todo hace pensar que el asunto, de una manera u otra, terminará en el Supremo. El juzgado le retiene 50.000 euros en efectivo. «Si me los devuelven, pues para mi jubilación».