Los efectos en la Comunitat del bloqueo de Junts a la legislatura

La más evidente, citada por la propia portavoz del partido de Puigdemont, es la imposibilidad de sacar adelante unos PGE para 2026. Sin los siete votos de Junts, el collage que apoya a Sánchez en el Congreso no suma mayoría. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lleva semanas, sino meses, anunciando que su departamento preparaba las cuentas para el próximo año, aunque por el momento ya ha incumplido el plazo legalmente previsto.

Los dos últimos años 2024 y 2025, el Gobierno de Sánchez no llegó siquiera a presentar presupuestos, y ha tenido que prorrogar los de 2023, que siguen vigentes. Una decisión a la vista de la falta de apoyos parlamentarios para sacar adelante una nueva ley de presupuestos, y que se pretendía corregir presentando los de 2026, aún cuando tampoco no existían garantías de disponer de respaldos suficientes. Con el anuncio de Junts, las garantías son exactamente las contrarias, las de que no se pueden aprobar.

Y para la Comunitat Valenciana esa circunstancia supone prorrogar el reparto de inversiones incluido en los presupuestos de 2023. En las cuentas de ese año, la provincia de Alicante ocupó la cola, el farolillo rojo, la 52 de 52 de todas las provincias y ciudades autónomas de España. Un maltrato que no se ha corregido a pesar de las reiteradas exigencias del Consell para que resolviera ese agravio. Sin nuevos presupuestos, Alicante sigue a la cola y la Comunitat Valenciana mantiene una situación de castigo insoportable que, además, se ha hecho más grave si cabe con la dana que hace un año arrasó media provincia de Valencia.

No habrá presupuestos si Junts cumple su palabra. Y tampoco habrá reforma del sistema de financiación autonómica, porque el nuevo modelo debería de plasmarse en una modificación de la LOFCA como la que se hizo en 2009, cuando se aprobó el modelo aún en vigor. Un modelo que iba a durar cinco años, que está «caducado» desde el 1 de enero de 2014 y que viene dejando sistemáticamente a la Comunitat Valenciana como la autonomía más maltratada de todas las del régimen común.

Montero también venía anunciando la presentación de un nuevo modelo de financiación –se asegura que en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)- a partir de la financiación singular para Cataluña pactada entre los socialistas y ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa. Un modelo del que las CCAA presididas por el PP no tienen conocimiento, aún a pesar de que organismos como el IVIE destacan que podrían mejorar la financiación de la Comunitat, especialmente si el nuevo mecanismo se extendiera también a País Vasco y Navarra.

Sin nueva LOFCA, la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana se mantiene. Y la actualización de las entregas a cuenta sigue sin hacerse de forma automática, sino que se retrasa al ser consecuencia de un acuerdo del Gobierno para corregir la desactualización del sistema en vigor. Sin los recursos actualizados de la financiación, el déficit de la Comunitat se mantiene y la deuda sigue creciendo, máxime después de la decisión del Ejecutivo de suprimir el FLA como herramienta contra el exceso de déficit.

Si Junts extiende su veto a todas las iniciativas a debate, con la intención de evidenciar el bloqueo definitivo de la legislatura, Compromís se quedará con las ganas de sacar adelante la proposición de ley para derogar de forma expresa los Decretos de Nueva Planta que, a partir del siglo XVIII, suprimieron las instituciones propias de la Corona de Aragón —Aragón, València, Mallorca y Catalunya— tras la guerra de Sucesión.

Una iniciativa formalizada en mayo junto a Chunta Aragonesista, Més per Mallorca y En Comú, que viene de Juristes Valencians, y que busca «saldar una deuda pendiente con la memoria histórica y política de estos territorios, reafirmando el reconocimiento de sus singularidades institucionales, jurídicas y culturales y que ningún tribunal pueda ampararse en los Decretos de Nueva Planta para impedir legislación como el derecho civil propio de los territorios».

Si el veto de Junts alcanza a todas las iniciáticas, esa tampoco podrá sustanciarse. Tampoco la reforma de la ley de Costas aprobada en el Senado a propuesta del PP, con el voto favorable de Vox y Compromís y el voto en contra del PSOE. En realidad, el Gobierno de Sánchez lleva bloqueando en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico de la Cámara Baja esa reforma desde febrero de 2024, con más de una treintena de prórrogas. Con lo que, en ese caso, el bloqueo de Junts tampoco afectaría demasiado.