Costa confesó al fiscal que FCC le dio 150.000 euros para el partido

Este testimonio se ha añadido recientemente a la causa del juzgado de Instrucción 17 de Valencia, donde se investiga el amaño de tres contratos en el diseño del circuito de la F-1. El hecho de que el testimonio de Costa se haya incorporado a esta investigación -hay otras causas abiertas en Valencia por la financiación del PP- respondería al hecho de que la comisión se habría dado a cambio de obras en el circuito de la F-1.

De hecho, la Conselleria de Infraestructuras y Transporte adjudicó a las uniones temporales de empresas formadas por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Pavasal y Becsa, por un lado, y por Obrascón Huarte Lain (OHL), Ecisa y Construcciones Luján, por otro, los dos tramos del circuito urbano de Fórmula 1. Tanto los nombres de FCC como de la firma Construcciones Luján se han visto salpicados por las sospechas de contribuciones ilegales al PP. La primera firma, en concreto, por colaborar con las campañas del PP de Valencia que dirigía el exvicealcalde Alfonso Grau. La segunda por su implicación en el caso Imelsa y el supuesto cobro de comisiones por adjudicaciones relacionadas con la Diputación de Valencia.

Al parecer, tanto Vicente Rambla como David Serra conocieron esa vía ilegal de entrada de fondos, según sostiene el que fuera secretario general del PPCV. Además, respecto a otra de la mercantiles investigadas, Hormigones Martínez (Grupo Vallalba), Rambla le dijo que hiciera facturas falsas. Se ignora en este momento de la instrucción de qué forma se empleó esa facturación ficticia. Este será uno de los ámbitos sobre el que trabajen los investigadores. Y ese es el motivo por el que la juez ha acordado su citación como investigados. En definitiva, el relato de hechos coincide en lo esencial con el que hizo Costa en la Audiencia Nacional en el juicio por la financiación ilegal del PP.

Las declaraciones estaban previstas hoy -Costa, Rambla, Serra y también Camps-, pero finalmente la titular del juzgado decidió suspenderlas. Al parecer, alguna defensa había solicitado el cambio de fechas al coincidir con otros señalamientos previos.

El caso, tal y como adelantó LAS PROVINCIAS, partió de un ingeniero arrepentido que acudió al fiscal para contarle que había empezado a trabajar en el proyecto mucho antes de que los trabajos fueran adjudicados.

La declaración en esta pieza de Belén Reyero, el enlace de la Administración con la F-1, resulta clave para conocer el proceso. Ella admitió ante la juez que se reunió en varias ocasiones, al menos cinco encuentros, con diferentes responsables de las ingenierías (Ayesa y Typsa) y con responsables de la Conselleria de Infraestructuras.

La alto cargo admitió que fue Camps quien le dijo que estuviera al corriente de todo lo que rodeaba el proyecto de la F-1 para Valencia. El expresidente lo niega. Estas pesquisas se desarrollaron en paralelo a la causa que se sigue en Instrucción 2 de Valencia, donde el asunto se concentra más en la organización del evento en Valencia y el papel concedido a Jorge Martínez 'Aspar'.

Ricardo Costa se encuentra intranquilo. La aparición de diferentes informaciones en medios de comunicación en las que se revelaba su colaboración con los investigadores ha generado una situación de temor en él y su familia. Esto le llevó hace unos días a presentar un escrito en el que pide que se le aplique Ley de Protección a Testigos.

Esta posibilidad no tiene vías de prosperar. En primer lugar, porque resultaría absurdo. No se puede ocultar ya ni su identidad ni su crucial papel en esta historia. Asunto diferente es que la policía realizara una vigilancia discreta u ocasional del ex alto cargo popular, que ahora ejerce como abogado. El escrito de Costa alude a una situación de «manifiesto riesgo», aunque en ningún caso detalla qué o quién le ha generado esa circunstancia.