Los alumnos que obtengan un siete en valenciano en Bachillerato recibirán el C1

Desde entonces, hace ya 20 meses, las diferencias de criterios entre el PSPV y Compromís habían impedido llegar a un acuerdo. Los socialistas sostenían que lo razonable era demandar un nivel B2, mientras la coalición nacionalista pretendía exigir mayores destrezas, las que acredita el actual C1 o el Mitjà.

s decir, mantener los actuales requisitos para el personal de la Administración, tal y como se estableció en 2017. Lo contrario se habría considerado un retroceso por los socios principales del Consell. La cuestión, al final, se puede resumir en un empate técnico. Un acuerdo sin vencedores ni vencidos y con una moratoria de tres años, hasta 2025.

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y la consellera de Educación, Raquel Tamarit, comparecieron para explicar los detalles del acuerdo al que han llegado en las últimas horas. «Tenemos dos idiomas oficiales. Y aquí estaba en juego el derecho de los valencianos», indicó Bravo.

Al final, se exigirá el nivel de competencia que se pueda certificar con el nivel educativo. «No serán necesarios más exámenes. El nivel, según los estudios que cada uno haga». Esto, la ausencia de exámenes posteriores, tal y como ocurre en la actualidad con las pruebas masivas de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, ha sido anunciado como uno de los grandes avances del decreto.

La medida se aplicará a la administración autonómica, local y el personal no docente de las universidades. Esto no afectará al personal sanitario, con su propio marco regulatorio, ni tampoco al educativo. Para los primeros se trata de un «mérito» el título de valenciano, pero no un requisito como se establece actualmente para la Administración. Esta cuestión no ha sido abordada porque queda fuera de las competencias de la Ley de Función Pública, según Bravo. «Nadie tiene que ver el idioma como un impedimento para acceder a la administración», terció Bravo.

También ha asegurado que «de ninguna forma puede perjudicar» esta capacitación a los funcionarios que ya tienen plaza en la administración, ya que el valenciano no era un requisito cuando accedieron. Eso sí, ha puntualizado que los interinos que quieran concurrir a un puesto deberán cumplir con la norma vigente en el momento de la oposición.

El proyecto, que entra en vigor en 2025, queda de la siguiente forma. Así, para el personal A1 y A2 (licenciados universitarios) se exigirá el C1. Esto se podrá conseguir con un siete de nota en la asignatura de valenciano en los dos cursos de Bachillerato. Sólo es retroactivo desde el curso 20-21 cuando el Plurilingüismo llegó a Bachillerato. Es decir, los anteriores a esa fecha o bien los de ese periodo que no lograran la nota mínima deberán hacer una prueba complementaria, tal y como sucede en la actualidad. Para los puestos de categoría B (técnico superior) y C1 (Bachillerato), se pedirá un B2 (aprobar Bachillerato); y para los últimos, los C2 se quedará en un B1 (superar la ESO).

Habrá un periodo transitorio para la entrada en vigor de la nueva norma, que no se aplicará hasta el final de las oposiciones de 2025, tal y como han informado. Hasta entonces, sólo se exigirá el B2 para el A1, A2, B, C1. Este se consigue con la superación del Bachillerato. Esto se convalidará automáticamente según el nivel de estudios cursado.

La Conselleria de Educación publicará en la primera mitad de 2023 el decreto que regulará la homologación lingüística con los estudios, algo que ya preveía el programa de educación plurilingüe.

Todo esto es únicamente para el acceso de los funcionarios a la administración. El conocimiento del valenciano dentro del personal actual del Gobierno alcanza niveles de más del 80 por ciento, subrayaron las dos conselleras.

Nada ha sido pacífico en torno a la Ley de Función Pública. Desde el principio se ha convertido en un quebradero de cabeza para Bravo, que ha contado, inicialmente, con la resistencia de los sindicatos; posteriormente, con las reticencias de Compromís en asuntos como el requisito lingüístico; y por si faltara poco ha tenido que pasar por una comisión bilateral solicitada por el Gobierno central.