Los ayuntamientos valencianos, incapaces de gastar las ayudas del Gobierno por la dana

La Vicepresidencia de la Recuperación pondrá en marcha una unidad de apoyo técnico y administrativo para los ayuntamientos saturados ante la imposibilidad de ejecutar esa aportación económica. El Gobierno ha sacado la chequera, ciertamente, sin embargo, el bocado es tan grande, la inmediatez es tan abrumadora, que los municipios no tienen capacidad para hacer frente al volumen de actividad administrativa que se precisa para activar toda la maquinaria. Especialmente después de que el Ejecutivo, tras ofrecer el dinero, ha establecido que la tramitación ya no podrá ser por emergencia, sino ordinaria.

Conclusión: los ayuntamientos no tienen músculo para la tramitación. Además, las obras son tan numerosas, urgentes y simultáneas en tantos municipios que tampoco hay empresas para ejecutarlas. Al problema generado por la dana se suma, ahora, la imposibilidad de que ayuntamientos, dimensionados para un día a día con escasas actuaciones de gran magnitud, se encuentren con la misión de reconstruir, en muchos casos, un importante porcentaje de sus instalaciones públicas: piscinas, oficinas municipales, centros de día, mercados y bibliotecas. Todo a la vez.

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ya se dirigió hace más de un mes al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para solicitarle que «atendiendo a la competencia exclusiva que ostenta el Estado para dictar la legislación básica en materia de contratación pública, el Gobierno dicte las disposiciones oportunas que permitan a los municipios afectados por la dana y a la Diputación acogerse a la contratación de emergencia con plenas garantías y ejecutar con eficacia y eficiencia los recursos que están recibiendo». Sin respuesta.

«Hemos detectado la preocupación de los ayuntamientos afectados por la riada ante la falta de capacidad para hacer frente a la gestión de las ayudas de la dana, especialmente para la redacción de los proyectos para restituir las infraestructuras afectadas», señalan fuentes de la Vicepresidencia que lidera Gan Pampols: «No hemos visto que por parte del Gobierno se vaya a resolver este problema al que se enfrentan los consistorios. El Ejecutivo no ha facilitado a los ayuntamientos la asistencia técnica que solicitaban, por lo que el Consell da un paso al frente y moviliza sus recursos para ayudar a los consistorios».

Desde la Vicepresidencia de Recuperación aseguran que trabajan en «conformar un grupo de funcionarios especializados en obra civil (arquitectos, ingenieros de caminos y de obras públicas) que ayudará al personal municipal en la gestión de proyectos». Para ello, desde la Generalitat se ha hecho un llamamiento a los empleados públicos de la Administración autonómica para que, de manera voluntaria, se sumen a esta unidad de apoyo técnico y administrativo. Se trata de una situación poco habitual. A los sindicatos se les comunicó de manera informal desde la Dirección General de Función Pública. En algunas consellerias ha causado sorpresa porque, precisamente, al Consell no le sobra personal. Es uno de los territorios del país que tiene peor ratio de empleados públicos por ciudadano.

A pesar de ello, desde la Vicepresidencia de la Reconstrucción se ha realizado un llamamiento masivo a miembros de la plantilal autonómica. Cerca de 3.000 funcionarios han recibido un correo electrónico invitándoles a trabajar para los ayuntamientos. Los emails se enviaron a se ha enviado a funcionarios de nivel A1 y A2 de administración general; arquitectos e ingenieros.

«Todos conocemos las quejas continuadas de los ayuntamientos por no disponer de técnicos suficientes para la tramitación y gestión del dinero del Gobierno central. Estas quejas vienen de consistorios de todos los colores. Desde la Vicepresidencia Segunda se ha remitido un cuestionario a los ayuntamientos preguntándoles qué necesidades tienen en la gestión de los fondos de ayuda por la dana», señalan fuentes de la Generalitat.

Entro otros, se han solicitado técnicos de los cuerpos de Arquitectura, Ingeniería en Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería Técnica en Obras Públicas y Gestión.

Según fuentes de la Generalitat, en estos primeros días en que se abrió esta posibilidad más de medio centenar de funcionarios han mostrado su disposición a ayudar. Hay casi una treintena de municipios que han pedido ayuda. Entre los ayuntamientos solicitantes, los de Catarroja, Chiva, Ribarroja, Massanassa, Silla, Turís, Vilamarxant, Macastre, Loriguilla, L'Alcudia, Gestalgar, Bunyol, Bugarra, Alginet y Albal.

La saturación es total y ha comenzado a surgir cierta inquietud. Las entidades locales podrán formalizar encargos al Grupo Tragsa para la ejecución de los proyectos financiados con cargo a estas subvenciones, según recoge la orden del Ministerio. Pero Tragsa se ha reunido ya con ayuntamientos y les ha advertido que tienen comprometidos ya sus recursos hasta noviembre de 2026. El colapso administrativo tiene tintes un punto dramáticos, porque, atención, de no cumplirse con los plazos, el dinero del Gobierno se convierte en un regalo envenenado, ya que se devuelve con un interés legal que ronda el 10%, según fuentes municipales y provinciales.

En los miles de correos enviados a los funcionarios autonómicos se explica que la duración de ese traslado «dependerá de la evolución de la emergencia y las necesidades en cada municipio. No obstante, sin perjuicio de las posibles prórrogas, el período inicial propuesto es de seis meses. La Administración hará un esfuerzo para limitar el período de éstas, manteniendo al personal informado de la duración estimada». En relación a lo que harán los funcionarios de la Generalitat en los ayuntamientos, habrá formación específica para estas nuevas misiones, que pueden ser «nuevas o distintas de sus responsabilidades habituales».

«Los proyectos se eternizan, porque no hay capacidad en la Comunitat para acometer ese volumen de obra. Primero para tramitarlo y luego para ejecutarlo», advierten fuentes de Unión Municipalista, la plataforma de partidos independientes que gobiernan ayuntamientos como el de Ontinyent, Requena o Sueca, que también disponen de concejales en consistorios afectados por la dana y señalan que «están desbordados».

«Desde la Generalitat se ofrecen para formar equipos de apoyo, pero eso es complicado por la soberanía municipal, lo que obliga a que un técnico de cada ayuntamiento avale los proyectos», señalan desde la Unión Municipallsta, que detallan: «Si todo va por los canales de contrato ordinario hay que hacer las bases para licitar la elaboración de un proyecto, aprobar las bases, licitar el proyecto de obra, aprobarlo, licitarlo y ejecutarlo: más de un año por parte de cada proyecto. No es un problema de voluntad política, sino de medios».

El presupuesto convencional del Ayuntamiento de Picanya no llega a los 15 millones de euros, pero ya tiene en sus arcas más de 70 millones para ejecutar proyectos como, por ejemplo, el de la piscina municipal. Paiporta ha recibido del Gobierno más de 200 millones pero, en una situación normal, el consistorio podría manejar un presupuesto diez veces menor. Sin embargo, las instalaciones municipales fueron arrasadas por la dana. Las dificultades son máximas. Utiel ha recibido un importe que cuadruplica su presupuesto ordinario. Albal ha ingresado cerca de 30 millones de euros, lo que es más del doble de lo que sus funcionarios locales deben ejecutar en un año normal. ¿Cómo van a lograr todos estos municipios abordar una tramitación y ejecución que, además está sometida a unos plazos limitados y a una legislación contractual que no hace excepciones para ellos? Esa pregunta no se la puede responder nadie.

«La situación es tremenda», reconoce el secretario municipal de uno de los ayuntamientos afectados por la dana que ha recibido el dinero del Gobierno, pero que sabe que tiene «mucho tajo por delante, quizá demasiado».

El 5 de noviembre, el presidente de la Generalitat pidió al Gobierno ayudas por valor de 31.400 millones, que es prácticamente el presupuesto anual de la Administración valenciana. Y ya se sabía que el Consell no tenía músculo para abordar todo eso. ¿Qué puede decirse de consistorios que han recibido dinero que multiplica hasta por diez el montante de sus cuentas para un ejercicio convencional?

«El embudo y colapso tiene también que ver también con la misma dificultad de las empresas para contar con maquinaria y equipo humano para ejecutar todas las obras necesarias en tantos municipios y en tan escaso plazo de tiempo», señala el mismo secretario municipal, con décadas de experiencia al frente de consistorios, y augura: «Los ministerios implicados tendrán que asumir prorrogar las previsiones de plazos y pasar de 3 a 5 años para completar la ejecución de las infraestructuras a reconstruir». Y lamenta que la Generalitat «va por su cuenta, sin dinero por delante y con ánimo de coordinar, pero sin medios».