El Consell reclama dietas de hasta 3.000 euros a sus bomberos
La empresa de gestión de emergencias pide a una decena de trabajadores que devuelvan el kilometraje de hace dos años
La empresa pública que la Generalitat creó hace ya cuatro años para aglutinar a los bomberos forestales y gestionar las emergencias de la Comunitat sigue arrastrando problemas administrativos ... . La Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencia (SGISE) se ha convertido en un quebradero de cabeza para la Conselleria de Justicia e Interior, de la que depende, por temas tan variopintos como la gestión de las dietas o las condiciones laborales de su personal. Ahora, los sindicatos han denunciado que la firma pública ha comenzado a reclamar dietas por kilometraje que se abonaron a algunos de los trabajadores de la mercantil, en 2020, hace ya dos años.
En concreto, según la documentación a la que ha accedido este diario, desde el departamento de recursos humanos de la firma se ha comenzado a pedir el reintegro de algunas dietas por el cobro de kilometraje que van desde los 400 euros a los 3.000. Cantidades notables que ahora algunos empleados deberán devolver, dos años después. Una circunstancia que según aseguran, contraviene incluso el Estatuto de los trabajadores, porque excede el plazo legal de tiempo en el que una compañía puede reclamar incorrecciones en lo que a los contratos se refiere. Y en este caso, con fecha 23 de noviembre, se han reclamado pagos efectuados por la SGISE en marzo, mayo, julio y septiembre de 2020.
Ahora, esas retribuciones que la empresa reconoce que hizo «de manera errónea», sin que mediara ningún tipo de compensación en las siguientes nóminas. Por tanto, ahora se pide el retorno de las cantidades percibidas de manera incorrecta, por culpa de la empresa.
Desde la empresa reconocen que se ha iniciado esta reclamación y aseguran que se hace a raíz del informe de Intervención en el que se alertaron estas irregularidades. En esta situación están una decena de personas, pero desde SGISE reconocen que si la persona no quiere devolver voluntariamente lo que nunca debió haberse abonado, la empresa no podrá obligar a la persona a hacerlo más allá del límite de un año. Es decir, la empresa debe solicitar íntegramente la cantidad, aunque la persona a la que se hace esa reclamación tiene derecho a alegar posteriormente qué cantidad sí ha prescrito, en base al Estatuto del trabajador. De hecho, aseguran que hay trabajadores que ya lo han devuelto o cuyas cantidades aludían a 2021.
El descontrol que refleja esta práctica no parece ser un hecho aislado, a tenor de las deficiencias en gestión de las que ya alertaba el informe de la Intervención, hace semanas. Uno de los apartados más polémicos en este sentido era el del cobro de indemnizaciones por la prestación de servicio percibidas por al menos uno de los empleados de la muestra analizada. El trabajador en cuestión, pasó a cargo de la empresa costes de desplazamientos ordinarios al centro de trabajo y vuelta a su domicilio que, por tanto, no debieron ser retribuidas, por lo que han de ser reintegradas. Lo mismo con algunos de los finiquitos de algunos trabajadores despedidos, que percibieron un importe superior al que legalmente procedía.
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