El Consejo de Transparencia acusa a la conselleria de dificultar su trabajo

Las memorias de los años anteriores ya alertaban de varios de los problemas existentes pero es la primera vez que el Consejo de Transparencia hace una alusión directa a que desde la propia conselleria se están colocando los obstáculos necesarios para impedir el progreso de una de las grandes apuestas del Consell del Botánico. Un organismo que nació para inyectar claridad a la gestión de la administración autonómica.

El Consejo, como la propia memoria resalta, ha contado en 2018 con un presupuesto de 155.000 euros, lo que ha significado un aumento de 65.000 euros –un 72,22% más–. Las retribuciones económicas se mantienen en 300 euros para los vocales y 400 para el presidente. «Las asignaciones son claramente insuficientes y resulta difícil su modificación. La solicitud de aumento de las indemnizaciones no ha sido considerada por la dirección general de Transparencia y Participación», señala el informe.

La Comisión Consultiva del Consejo de Transparencia se sigue sin constituir pese a estar recogida en la ley y sigue sin cubrirse el puesto de la vocal que cesó en julio debido a que sigue pendiente la publicación de un nombramiento que ya aprobó Les Corts.

Además, el Consejo alude también a la falta de personal en la oficina de apoyo en comparación a otros organismos. Un déficit que ha provocado que no se haya podido ejecutar la función de velar por el cumplimiento de las obligaciones de la publicidad activa y haya sido imposible cumplir con los plazos para resolver y notificar las reclamaciones.

En 2018, como ya ocurría en ejercicios anteriores, el plazo medio para resolver una reclamación ronda los ocho meses –259,07 días de media–.

A pesar de la falta de medios y de proyección, el Consejo de Transparencia tiene cada vez más actividad y cerró 2018 con la apertura de 200 expedientes –26 más que el año anterior–. Además, ha elaborado ocho informes y 176 resoluciones. En 2018 se cerró el año con 99 reclamaciones que no pudieron ser resueltas –en 2017 quedaron pendientes un total de 137–.

Más de la mitad de las 200 reclamaciones correspondieron a asuntos relacionados con el medio ambiente, la ordenación del territorio, empleo público e información jurídica. Uno de los cometidos del Consejo de Transparencia es velar por el cumplimiento de las obligaciones que emanan del órgano, algo que no ha podido ejecutar por la falta de personal.

Lo que sí ha podido realizar es un estudio de los portales de transparencia de los entes municipales de la Comunitat Valenciana. Los resultados reflejan que pocos ayuntamientos cumplen con los parámetros exigidos para garantizar la transparencia.

En Valencia, sólo el 10,9% de los entes locales cuenta con un portal de transparencia en condiciones. El 67,29% está incompleto, el 10,15% no tiene directamente, el 6,02% carece de contenido y el resto está en construcción. Los números son muy similares en la provincia de Alicante, donde sólo el 13,48% dispone de portal. El 70,92% lo tiene incompleto y el 11,35% lo tiene vacío. El resto está en proceso de construcción o carecen de él. En Castellón, como en las otras dos provincias, disponen de portal el 10,37% de los ayuntamientos y un 85,93% lo tienen sin completar. El resto está sin contenido, en construcción o no tienen.