El consejo rector aplaza a junio la salida de Empar Marco de À Punt

Junio. Ese es el mes elegido por la dirección de À Punt para proceder a la destitución de Empar Marco, directora general de la radiotelevisión pública valenciana. El máximo órgano del ente se reunió ayer después de que la gestión de su máxima representante haya sido puesta en duda no sólo por los malos resultados de audiencia y la falta de ingresos publicitarios sino también tras la imputación de Marco por un presunto delito de prevaricación. Una situación límite que ha llevado a que los miembros del órgano de dirección den por amortizada la etapa actual.

Tal y como estaba previsto, durante la reunión del consejo rector no se votó ninguna resolución sobre la posible destitución de Marco pero sí se abordó un tema fundamental como es la evaluación de la directora general, cuyas conclusiones llegarán en junio y provocarán el cese de Marco. Fuentes conocedoras de la reunión no dudaron en afirmar que la directora está sentenciada y remarcan que es casi imposible que en estas pocas semanas la situación pueda dar un vuelvo de 180 grados porque la decisión es definitiva. La fecha elegida no es un casual y es que en junio se cumple un año desde el inicio de las emisiones de À Punt. El por qué de aplazar el cese de la máxima responsable lo encontramos en la cercanía de las elecciones. Pese a que los malos resultados eran patentes desde hace semanas se quiso dejar pasar los comicios autonómicos para tomar una decisión. Ahora, se apuesta por el aplazamiento debido a que en pocos días vuelve a arrancar la campaña electoral, en este caso para las votaciones municipales y europeas del 26 de mayo.

En este primer año de emisiones los espectadores no han apostado por À Punt y la cuota de pantalla se ha quedado en tan sólo un 2%. A esta baja audiencia, que tan sólo ha logrado algunos picos puntuales gracias a eventos como las Fallas, se le suma la poca capacidad de influencia de la sucesora de Canal 9. Por otro lado, los ingresos por publicidad también han estado por debajo de las expectativas ya que durante este tiempo apenas se han logrado recaudar unos 800.000 euros de los cuatro millones que estaban previstos. Estos dos puntos negros de la gestión del ente fueron puestos encima de la mesa en la reunión bilateral que mantuvo la Generalitat y el consejo rector para analizar si se estaban cumpliendo los objetivos del contrato programa. Tantos miembros del Consell como de la dirección del ente coinciden es que es necesario tomar algún tipo de medida.

La mayoría de los miembros del consejo rector dieron un voto de confianza a Marco en los primeros meses de gestión pero en las últimas semanas los malos resultados han llevado a un cambio de posición. Si el máximo órgano de dirección de À Punt optase por destituir a Marco sería necesaria una mayoría de dos tercios de sus miembros. Una situación que podría producirse en junio aunque tampoco se descarta que sea ella misma la que dimita pese a que su mandato estaba previsto que se alargase hasta 2020.

El propio consejo rector informó, a través de una nota de prensa, que «la evaluación de la directora fue uno de los temas tratados en la reunión y que se enmarca dentro del proceso previsto en los contratos del personal directivo» y destacaron que «las conclusiones de este proceso se conocerán a finales de junio». Por otro lado, el organismo también quiso pronunciarse acerca de la imputación de Marco y Enric Soriano, presidente del consejo rector, al afirmar que no incumple la legislación y «que los diez contratos menores cuestionados por ese partido están dentro de los límites legales» además de contar con autorización de Hacienda y el consejo rector. En esta línea, precisaron que los contratos se redactaron con el asesoramiento de una empresa externa con sede en Madrid «siguiendo exactamente el mismo procedimiento y sin cometer ninguna infracción legal».

El presidente de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, no pudo evitar pronunciarse sobre la gestión de Marco tras su imputación y por ello aseguró que confía en que todo se ha gestionado «adecuadamente» en Á Punt, y remarcó que espera que las cosas se aclaren cuando se tome declaración a los responsables de esta empresa pública. «Es una cuestión muy previa, tengo confianza en que se haya gestionado todo adecuadamente», afirmó Puig, que subrayó que no le preocupa esta cuestión pues confía en que «se aclare definitivamente cuando se tome declaración».

Bien distinta fue la reacción de PP y Ciudadanos. Isabel Bonig, presidenta de los populares valencianos, instó al Consell a «repensar el modelo antiguo» y afirmó que le llama «poderosamente la atención las críticas de miembros del Botànic de que la televisión pública valenciana no ha sabido transmitir sus logros», cuando «la pagamos entre todos y en su primer año ha costado 48 millones de euros en pérdidas». Por su parte, Toni Cantó, líder de Ciudadanos, reclamó la dimisión inmediata de Marco. A través de un comunicado, Cantó criticó que el Ejecutivo «utilice los medios públicos como arma de negociación del Consell» y pidió que se garantice su sostenibilidad y «despolitización». «La gestión de los medios públicos, convertidos en una herramienta de propaganda de Compromís, ha sido nefasta» sentenció.