Compromís intenta alterar sus cuentas para burlar el control de Les Corts

Los nacionalistas pretendían validar un cambio de su convenio que la Mesa rechaza. La solicitud señala que Compromís, que contaba con un convenio firmado el 14 de enero de 2022, lo modificó el 27 de diciembre, a cuatro días de finalizar el año. Esa modificación se presentó ante la Cámara dos meses más tarde, el 7 de febrero. La coalición pretendía que las condiciones modificadas sirvieran para cubrir la gestión económica a partir del 1 de septiembre. Es decir, Compromís presentó en febrero un documento que aseguraron haber consensuado en diciembre con el fin de que tuviera efectos retroactivos.

El motivo, según fuentes de la Mesa, es la necesidad de Compromís de justificar contrataciones realizadas a partir de septiembre, y que no estaban cubiertas en el convenio inicial, el firmado en enero de 2022. Sin embargo, la Mesa de Les Corts advierte de que la maniobra «altera extemporánea e indebidamente las reglas que son de aplicación a la fiscalización interna y externa de los gastos efectuados por el Grupo Parlamentario Compromís con cargo a la subvención que le fue concedida por Les Corts en el ejercicio 2022, razón por la cual no puede admitirse».

Compromís protagonizó el año pasado un baile de contrataciones y despidos. La coalición prescindió de cuatro trabajadores antes del verano. Dos se fueron voluntariamente y otros dos, despedidos. El motivo, teóricamente, era la necesidad de ajustar gastos. Sin embargo, con la llegada de septiembre se realizaron tres incorporaciones. Una de ellas, la de un ex alto cargo del Consell procedente de las filas de Unides Podem. El exdiputado podemista César Jiménez (también fue secretario autonómico y director general de la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda, EVha) se convirtió en un fichaje 'estrella' por parte del grupo parlamentario. Llegó como asesor del exconseller Vicent Marzà. Su incorporación, precisamente se produjo en septiembre, el mes al que pretendía retrotraerse el efecto del convenio que Compromís presentó hace unas semanas ante la Mesa de Les Corts, con fecha de finales de diciembre, y que ha sido rechazado por alterar los informes que fiscalizan las cuentas del grupo parlamentario.

Cada grupo parlamentario recibe una cuantía fija mensual de 10.500 euros y dos partidas variables: 1.400 euros mensuales por diputado para gastos y 1.000 euros mensuales por diputado para contratación de personal. En total, en un año, los seis grupos han recibido 3,6 millones de euros de la cámara.

Compromís contaba en las cuentas consolidadas de 2021 con 17 trabajadores en Les Corts. Esa cantidad estaba incluida en el convenio que el grupo parlamentario y la propia formación firmaron en enero de 2022. Sin embargo, los datos económicos de la coalición empezaron a entrar en estado de alarma.

Miércoles 8 de junio. Al inicio de la sesión plenaria, la portavoz de Compromís y su entonces portavoz adjunta, Papi Robles y Aitana Mas (actualmente vicepresidenta del Consell), hablan con el presidente de Les Corts, Enric Morera, que eleva la voz: «Cuando yo era portavoz del grupo, ese tema lo llevaba niquelado, niquelado». Morera se va enfadado. Ellas, también. Tres días después, sábado, uno de los asesores nacionalistas en la Cámara y responsable de comunicación en Més (el antiguo Bloc) anuncia su adiós. La dirección del grupo había avisado de que tenía que abordar «una reestructuración». Una semana más tarde llegan los despidos. En Les Corts hay dudas sobre la contratación de los grupos parlamentarios, que bordean la ilegalidad en su política de recursos humanos.

En marzo de 2021 los grupos parlamentarios llegaron a un acuerdo para dotar de más transparencia a lo que hacen con el dinero que reciben de Les Corts. Casi cuatro millones de euros. La Sindicatura de Comptes puso el foco en ello en 2016. Morera se sintió presionado y, a su vez, impulsó un acuerdo de los grupos, que inicialmente se resistieron. La Sindicatura ha ido elevando el tono de sus críticas año tras año. El pacto alcanzado en marzo de 2021 era que, a partir del año pasado, la opacidad cambiaría a través de unas nuevas normas reguladoras de contabilidad y control sobre las subvenciones. Entre las medidas está la de cerrar los balances anualmente y al final de la legislatura, este mes de mayo.

En mitad de esta confusión sobre la legalidad laboral que rige en los grupos, Compromís incorporó a tres trabajadores a partir de septiembre, que es desde el momento en que ahora pretendía retrotraer el convenio que sus responsables aseguraron haber firmado en diciembre pero que no presentaron ante la Mesa de Les Corts hasta el mes pasado, un desfase que ha propiciado la reprimenda a la coalición. La Mesa, siguiendo la recomendación del servicio de Asuntos Económicos del parlamento valenciano, establece que el convenio entre Compromís, grupo parlamentario y partido, sólo será válido en lo que se refiere al presente año, sin efectos retroactivos.