Colau se desmarca de la respuesta soberanista que busca Torra a la sentencia del Supremo

Ada Colau y Quim Torra, durante la reunión que mantuvieron este martes. / EFE

Ambos se abren a negociar los presupuestos de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona

CRISTIAN REINOBarcelona

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, trabaja en una respuesta a la sentencia del Supremo contra los líderes del 'procés' que pueda contar el mayor consenso posible. Torra ha iniciado una ronda de contactos con partidos, entidades sociales y organismos de la sociedad civil para buscar una respuesta unitaria. Habla de respuesta de país. Pero de entrada, el Ayuntamiento de Barcelona ya se ha desmarcado de Quim Torra. Se lo ha trasladado esta mañana la alcaldesa, Ada Colau, en una reunión celebrada en el Palau de la Generalitat.

Colau comparte una parte del discurso independentista, en el sentido de que habla de presos políticos y considera que el juicio ha vulnerado derechos políticos. Pero Colau ha trasladado a Torra que más allá de la denuncia del juicio, a su entender las protestas deben liderarlas las entidades sociales y los responsables políticos deben trabajar en la búsqueda de soluciones «efectivas» con la situación política que hay y no con la que «nos gustaría tener». «Quienes tenemos responsabilidades tenemos que buscar soluciones para desjudicializar la política», ha reflexionado Colau, descartando hacer frente común con el Gobierno catalán en la reacción a la sentencia que debe estar basada en el derecho de autodeterminación, según dijo Torra días atrás. Entre esos caminos que reduzcan la judicialización de la cuestión catalana, Colau ha apostado por la reforma del Código Penal para redefinir los delitos de rebelión y sedición.

Torra y Colau discrepan en materia de proceso secesionista, pero han coincidido en que las instituciones que gobiernan necesitan aprobar sus respectivos presupuestos y se han emplazado a sentarse a hablar para negociar de manera recíproca sus cuentas. La Generalitat señaló recientemente que trabaja ya en el proyecto de Presupuestos para el año que viene, toda vez que la administración catalana funciona con las cuentas prorrogadas desde 2017. Pero tanto los gobiernos de la Generalitat como el del Ayuntamiento de Barcelona carecen de mayorías absolutas para sacar adelante sus cuentas. Si fructificaran las negociaciones, los comunes podrían apoyar al Govern para los Presupuestos de la Generalitat y JxCat podría apoyar las cuentas municipales. Hoy han sentado las bases para el acuerdo.

Tanto Torra como Colau han coincidido también en que es necesario que Sánchez salga investido cuanto antes. «Espero que haya gobierno pronto en el Estado», ha afirmado la alcaldesa. Según la dirigente de Catalunya en Comú, integrada en el grupo de Unidas Podemos en el Congreso, «hay bases» para que haya un «acuerdo estable» entre los socialistas y los morados.

Colau, que ha reclamado más dotación de Mossos en la ciudad catalana y ha exigido más inversión del ejecutivo autonómico en la capital catalana, no ha querido comentar el manifiesto que firma su número 2, Joan Subirats, junto con otros dirigentes del entorno de los comunes y del PSC, que reclama un entendimiento entre PSOE y Podemos para poner en marcha la legislatura. «El acuerdo es necesario, bien con una coalición o bien con un acuerdo programático común«, dice este manifiesto que, además de Subirats, también lleva la firma de otras figuras del entorno de Barcelona en Comú como Lluís Rabell o Joan Coscubiela.

La justicia rechaza los argumentos del presidente catalán con los lazos amarillos

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado la orden del juez instructor de enviar a juicio al presidente de la Generalitat, Quim Torra, tras insistir en que la orden de la Junta Electoral para que retirara los lazos era clara y se podía cumplir, al menos en el Palau de la Generalitat, informa EFE.

En un auto, la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha desestimado el recurso que la defensa de Torra presentó contra la decisión del magistrado Carlos Ramos de dejarlo a un paso del banquillo, por desoír la orden de la Junta Electoral para que retirara los lazos amarillos de los edificios públicos en la campaña de las generales del 28A.

La sala descarta en su escrito el argumento de Torra de que la orden de la Junta Electoral era imprecisa e inalcanzable y sostiene que las resoluciones de este órgano «no contenían mandatos contradictorios sino complementarios y su cumplimiento quedaba al alcance del investigado, como mínimo con respecto al Palau de la plaza Sant Jaume».