El cierre de Divalterra, la empresa lastrada por la corrupción, costará cinco millones

Con los populares, Imelsa se hizo famosa por la colocación de los denominados zombies, personas que cobraban una nómina sin necesidad de trabajar. La empresa estaba entonces capitaneada por Marcos Benavent, el gerente de la firma que primero colaboró con la Fiscalía Anticorrupción y ahora ha cambiado la versión en las investigaciones abiertas.

No cambió la tónica supuestamente delictiva con la llegada del Botánico. Cargos de Compromís y PSPV, entre ellos el que fuera presidente de la Diputación Jorge Rodríguez, se sentarán en el banquillo de los acusados por la contratación irregular de altos directivos, con sueldos de 60.000 euros al año, sin atribuciones propias de responsables.

La idea tantas veces anunciada y ahora ya en marcha fue el cierre de la empresa pública, un salto cualitativo al simple cambio de nombre. El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, ha denunciado que la liquidación de la firma va a costar cinco millones de euros.

Este es el cálculo de los populares tras analizar la información obtenida a raíz de preguntas registradas por el grupo. Según la propia Diputación, el coste económico del ERE voluntario de los 87 trabajadores de Divalterra supondrá casi tres millones de euros en indemnizaciones. En concreto, 2.777.246. A esta cifra habrá que sumar las jubilaciones. Así, por costes del convenio especial de la Seguridad Social para los trabajadores con edades de hasta 63 y mayores, además de otros importes como la repercusión del Tesoro de las indemnizaciones por desempleo.

Sobre este asunto, Vicente Mompó ha lamentado que PSPV y Compromís «estén hipotecando el futuro de la Diputación de Valencia para los próximos diez años por culpa de su mala gestión». El dirigente concluye que se trata de «una cortina de humo sobre una empresa pública que nos vendieron que era rentable, llegando incluso a decir que iban a ampliar la plantilla con la contratación de 47 nuevos brigadistas en 2020, y que, ahora, van a disolver al coste que sea».

El portavoz popular ha criticado que el actual equipo de gobierno de la institución antepone sus intereses electorales «a las necesidades de los municipios valencianos, muchos de ellos con los montes descuidados y sin poder atender las peticiones que ha recibido por la alarmante falta de personal».

Por último, Mompó ha detallado que su grupo también ha solicitado copia de los contratos de trabajo del personal transferido desde Divalterra y copia de los contratos de trabajo de todo el personal que ha trabajado en la citada empresa pública, a fecha del acuerdo de extinción de junio de 2021, «con el objetivo de comprobar que se hayan cumplido todos los compromisos sin ningún tipo de irregularidad».