La CHJ adjudica nuevas obras en su sede por 2,5 millones mientras acumula retrasos en las de la dana

El anuncio de la adjudicación, con fecha del pasado 8 de julio, detalla que en 2023 se tramitó un contrato denominado 'Mejora de la eficiencia energética del edificio sede de la CHJ (Valencia)' financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la UE. El contrato incluía las actuaciones de mejora de la carpintería exterior y cerramientos opacos; de la instalación de climatización y sistema de renovación de aire: de la instalación de alumbrado interior; de instalaciones de climatización del CPD, así como la instalación de Fotovoltaica en cubierta del edificio para autoconsumo.

Mediante la rehabilitación objeto del presente contrato, se añadía, se conseguirá completar las reformas necesarias para la mejora de la eficiencia energética del edificio previstas en un contrato de obras anterior «y se adjudicará al mismo licitador adjudicatario de dicho contrato». El anuncio de esta última adjudicación establece por tanto el procedimiento negociado sin publicidad «por motivos de exclusividad, con criterio precio». El adjudicatario en ambos casos es la firma Fulton S.A, con sede en Paterna. El anuncio de esta segunda adjudicación refiere a un 'proyecto complementario a la mejora de la eficiencia energética del edificio' de la CHJ en Valencia.

De hecho, Fulton también resultó adjudicatario a finales del pasado mes de enero de ese primer contrato para la mejora de la eficiencia energética de la sede en Valencia. Una actuación por 6,3 millones de euros, a la que se suma este complemento de 2,5 millones.

El gasto en la eficiencia energética del edificio con sede en el número 48 de la avenida Blasco Ibáñez de Valencia parece una inversión más que razonable, y debe contribuir a hacer de ese edificio una instalación acorde con la necesidad de utilizar la menor cantidad de energía posible para realizar una tarea o actividad, obteniendo el máximo rendimiento con el mínimo consumo.

Todo bien hasta aquí. Las dudas, cuando no la certeza de que resulta una actuación discutible, tienen que ver con el retraso en las actuaciones de la CHJ tras el 29 de octubre, el día que la riada arrasó media provincia de Valencia y dejó 228 fallecidos. Y ya no se trata de ese apagón informativo de dos horas y media esa misma jornada, justo en el peor momento de la dana, cuando el Cecopi dejó de recibir comunicación por mail de la evolución del caudal del barranco del Poyo. De lo que se trata ahora es de las obras necesarias para corregir los daños causados por esa descomunal avalancha de agua.

La conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio que dirige Vicente Martínez Mus ha venido exigiendo a la entidad que dirige Miguel Polo que acelere el grado de ejecución de las obras estructurales que son competencia del Gobierno para mitigar los efectos de este tipo de riadas. Los últimos datos facilitados por la CHJ reconocían que las medidas de protección frente a inundaciones se ha invertido menos de un 3% de lo previsto en el plan hidrológico, a pesar de que a estas alturas esa ejecución debería de situarse por encima del 15%.

Obras como el acondicionamiento y restauración de los cauces en el término de Alginet; la mota de defensa de Albalat; el acondicionamiento del barranco de la Saleta (en el tramo entre Aldaia y el nuevo cauce del Turia); la vía verde de conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del Turia; la ampliación de la capacidad de desagüe del Rio Seco, en Castellón; el Plan General de Inundaciones del Júcar; la laminación y mejora del drenaje en la cuenca del Rio Vaca (en los términos municipales de Tavernes de la Valldigna, Simat de la Valldigna y Benifairó de la Valldigna; el drenaje integral de la Rambla de Alcalá, en Benicarló; el encauzamiento del barranco Juan de Mora, en Nules; o el acondicionamiento del de Mandor, entre L'Eliana y Ribarroja. Todas ellas consideradas urgentes por la Administración General del Estado, inaplazables tras la riada de hace ya casi un año, y que acumulan un considerable retraso.

La administración autonómica ha venido lamentando que la CHJ haya dado prioridad a este tipo de gastos en lugar de a la adjudicación de las intervenciones necesarias para que el organismo dispongas de los más eficientes sistemas de anticipación y ayuda a la decisión frente a eventuales riadas.

Según ha revelado AVA, en 2016 ya estaba previsto la aplicación del Sistema de Alerta Temprana (SAT) para la cuenca del Júcar, un modelo de prevención mucho más moderno que el SAIH, y que sí que tienen otras demarcaciones como la del Ebro. El anhelo de aplicar el SAT se arrastra desde hace muchos años pero nunca se hizo efectivo. Semanas después de la dana que arrasó parte de a provincia de Valencia y que dejó 228 muertos, la Confederación Hidrográfica del Júcar licitó por vía de emergencia un contrato para instalar el SAT en la cuenca por más de veinte millones de euros. Un sistema, no obstante, que según la administración autonómica aún no está listo.