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El exconseller Rafael Blasco, entre otros acusados, durante el primer juicio del Caso Cooperación. Irene Marsilla
El exconseller Blasco logra el tercer grado tras cumplir más de la mitad de la condena

El exconseller Blasco logra el tercer grado tras cumplir más de la mitad de la condena

El exdirigente sólo tendrá que acudir a dormir al centro de inserción social o incluso podría disponer de una pulsera de control

A. Rallo

Valencia

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Miércoles, 30 de enero 2019, 17:35

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Rafael Blasco ha logrado el tercer grado, un régimen de semilibertad que permite a los internos salir de prisión y acudir únicamente a pernoctar. El exconseller ha obtenido esta progresión de grado tras cumplir más de la mitad de la condena -seis años y medio- que le impuso el Tribunal Supremo por el desvío de ayudas al Tercer Mundo. No es la primera vez que el exsíndic del PP sale de la cárcel. El exdirigente ha contado con varios permisos desde las Navidades de 2017 cuando por primera vez abandonó la penitenciaría. Posteriormente, la Audiencia revocó esas salidas -ya se habían disfrutado- y el exconseller tardó algunos meses en volver a pasar algunas horas fuera de las instalaciones. Pero, el tercer grado, sin duda, supone un salto cualitativo en su condición.

Blasco ha pasado ya a depender del Centro de Inserción Social (CIS), unas dependencias que se encuentran al margen de la cárcel, aunque dentro del complejo penitenciario. El exconseller aguarda a que se le asigne un horario. Existen varias posibilidades. Los especialistas de la prisión suelen adaptarse a las particularidades de cada interno. No hay un horario estándar. En el caso de Blasco, por ejemplo, que no tiene que ir a trabajar, puede que se le autorice su salida matinal algo más tarde. El regreso, de nuevo con matices, se suele establecer entre las 9.30 horas y las 10.30, dependiendo también de las necesidades de cada recluso. Los fines de semana no debe volver a la prisión.

La Junta de Tratamiento del Centro de Inserción Social puede acordar, no obstante, otro tipo de mecanismos en el tercer grado, como las pulseras telemáticas que permiten comprobar que el interno se encuentra en su domicilio a una hora determinada. Las fuentes consultadas no dudan de que el exconseller reclamará este dispositivo para evitar los desplazamientos a Picassent. Tampoco sería una medida extraordinaria. Más de la mitad de los presos del CIS viven con esta medida de control. La decisión se tomará en la próxima reunión de la Junta.

No existe un plazo mínimo para conceder el tercer grado como sí ocurre con la solicitud de permisos –al menos se debe haber cumplido una cuarta parte de la pena–. Lo habitual es que se otorgue cuando el interno ha cumplido aproximadamente la mitad de la pena o incluso antes. En el caso del exconseller entró en prisión en junio de 2015. Ha pasado tres años y siete meses encarcelado cuando su condena fue de seis años y medio.

A la hora de la progresión de grado se tienen en cuenta otras circunstancias. Por ejemplo, la edad del interno. Blasco tiene 73 años y arrastra problemas de salud desde hace meses. Además, también considera la antigüedad del delito, es decir, cuando se cometieron los hechos. En este caso, se trata de ilícitos ejecutados hace una década. El exconseller, que ingresó voluntariamente en prisión tras la condena, ha trabajado como ayudante de enfermería en el centro, una ocupación de cierta responsabilidad.

Blasco tiene 73 años, problemas de salud, ha trabajado en la prisión y tiene buena conducta

La decisión administrativa, tomada por la Junta de Tratamiento, puede ser recurrida en los tribunales

La decisión administrativa se puede recurrir en los tribunales. Se ignora cuál será la posición del ministerio público. El resto de los condenados en el caso Cooperación ya obtuvieron el tercer grado con anterioridad. El empresario Augusto César Tauroni lleva en libertad desde el pasado mes de febrero.

El horizonte judicial de Blasco, no obstante, presenta todavía algunos obstáculos. El próximo mes de abril se celebrará el juicio por el resto de piezas de Cooperación, junto a otras 23 personas más, acusadas de irregularidades en subvenciones a ONG y en la construcción de un Hospital en Haití que no llegó a llevarse a cabo. El proceso está señalado a partir del 15 de abril.

Numerosas defensas confían desde hace meses en llegar a un acuerdo con la Fiscalía, la Abogacía de la Generalitat y la acusación popular para evitar un juicio que duraría varios meses. Todos están de acuerdo si los acusados aportan cerca de tres millones de euros. El problema, a día de hoy, es básicamente económico. Tauroni ha puesto sus apartamento de Miami a la venta, pero no encuentra comprador. El exconseller también debería vender algunas propiedades para hacer frente a estas cantidades. Todavía hay tiempo. Hasta el mismo día que comience el juicio.

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