Camps lleva ante la jueza al número dos de Puig por la acusación en la F-1

Nuevas diligencias en la pieza de la F-1 en la que investiga si hubo delito en el momento en el que la Generalitat se constituyó como avalista de Valmor en sustitución de Bancaja para responder ante la empresa de Bernie Ecclestone. La Fiscalía Anticorrupción, en un extenso informe, ha pedido el archivo de la causa porque no aprecia delito de prevaricación ni de malversación, tal y como informó en su edición de ayer LAS PROVINCIAS.

Pero no era esta la única novedad del juzgado, que acaba de aceptar la petición del letrado de Francisco Camps, único investigado en la pieza, para que comparezca como testigo Andreu Ferrer, secretario autonómico de quien depende políticamente los servicios de la Abogacía de la Generalitat. Ferrer es amigo de la infancia del presidente Puig y una de las personas que forma parte de su grupo de colaboradores más estrecho.

La defensa pretende averiguar las razones de la insistencia de la Abogacía en mantener una acusación contra el que fuera expresidente de la Generalitat valenciana en un asunto donde la Fiscalía Anticorrupción no aprecia delito. No es la primera vez que se produce esta diferencia de criterio entre ambos profesionales. Esto ha hecho despertar las sospechas de que los funcionarios de la Administración valenciana no seguirían criterios técnicos.

Las comparecencias incluyen también la testifical de la María José Rodríguez, responsable de los servicios contenciosos de la Abogacía. La jueza de Instrucción 2 de Valencia ha citado a los dos altos cargos el próximo 25 de noviembre.

La defensa de Camps quiere conocer la posición de la Abogacía, órgano asesor de la Generalitat, en un asunto como este donde la propia Intervención ha manifestado sus dudas en el juzgado. El PSPV, como partido político, está personado en esta causa como acusación popular. De momento, estudian qué estrategia seguir ante la posición que ha adoptado la Fiscalía. El partido socialista siempre ha mantenido un perfil bajo en esta instrucción sin solicitar la práctica de diligencias para impulsar el caso. Una de las posibilidades sería seguir el criterio de Anticorrupción sino ahora, más adelante, y evitar una posible condena en costas en caso de que este asunto progrese finalmente en los juzgados. Sería extraño que se arriesgaran en un asunto como este cuando la Abogacía de la Generalitat se encuentra personada y puede seguir con su criterio, adelantado ya cuando forzó la reapertura.

Anticorrupción no ve motivos para continuar con este procedimiento. Considera que no existe prevaricación en el asunto del aval porque, en realidad, no hay una normativa que regule la tramitación de este tipo de garantías de tal forma que difícilmente podría haber actuado Camps a sabiendas de que no respetaba la legislación. Además, por otro lado, tampoco considera que se den los requisitos de una tentativa de malversación al comprometer el patrimonio de la Generalitat.