Blasco reconoce ante el tribunal que participó en la trama de Cooperación

La Fiscalía General del Estado informó al cierre de esta edición de los acuerdos a los que ha llegado con Rafael Blasco, Tauroni y sus allegados, Agustina Sanjuán, mano derecha del exconseller, y el jefe de Cooperación, Marc Llinares a cambio de devolver parte del dinero malversado. Entregó los escritos al tribunal, pero no tenía copias para las partes. De tal forma que las defensas no pudieron conocer los extremos que han reconocido algunos acusados así como las penas impuestas.

La Generalitat y las ONG, en cambio, rechazan ese acuerdo y quieren que el juicio se celebre para obtener una mayor condena, pero también para tratar de recuperar más dinero. Es este uno de los motivos principales, quizá el más importante, para sustentar su negativa a firmar el pacto. El exconseller aporta un bajo comercial de alrededor de 600.000 euros y un terreno rústico del que se desconoce su valor. En cualquier caso, cifra muy lejana a los aproximadamente 1,2 millones que reclama el Consell. La conformidad le suponía a Blasco una rebaja de 16 años de prisión a tres y medio, aunque algunas fuentes judiciales apuntan a que no pasaría en la cárcel más de un año y medio debido a la división de este procedimiento en varias piezas. Pero esto se trata más de una hipótesis que de una certeza.

Blasco, cuando ayer se sentó en el banquillo, admitió que reconocía los hechos del escrito del fiscal, lo que se traduce en reconocer su participación en la trama que saqueó los fondos de la Administración y declararse culpable de los delitos de malversación de caudales, prevaricación y falsedad. En el escrito firmado con Anticorrupción se recoge expresamente que el exconseller no recibió dádivas ni dinero del resto de los acusados. Una manera de poder acreditar que no se enriqueció con la actividad delictiva que se organizó en el seno de la Conselleria de Solidaridad. Su letrado pidió la condena en costas para la Generalitat y las ONG por querer proseguir con el juicio cuando han alcanzado un acuerdo con la fiscalía. Idéntica situación se repitió con el resto de cabecillas, que se acogieron también a su derecho a no declarar. Tauroni entrega dos apartamentos en Miami y un yate. Llinares, en cambio, se deshace de una vivienda en Dénia.

Otros acusados sí han conseguido llegar a acuerdos con todas las partes. En este grupo se incluyen Carlos Andrés Just, Rosa María Castelo, Alberto Pampín, Luis Freire, José Bollaín y Miguel Ángel Estruch. Se trata de pequeños empresarios que recibieron subvenciones de la Conselleria. En ningún caso entrarán en prisión. Las penas quedan siempre por debajo de los dos años. También se presentaron escritos que cuentan con el visto bueno de la Fiscalía y de la Generalitat, pero no de las ONG que considera «inaceptable» los términos del pacto. En este listado, aparecen los nombres de Josep Maria Felip, del equipo de Blasco en la Conselleria, Alfonso Navarro, Fernando Darder y Jesús Urquiza. Existe un grupo de acusados, al menos cinco, que no han pactado con ninguna acusación y defienden su inocencia.

En privado y fuera de la sala de vistas, algunos de los letrados mostraron su malestar con el hecho de que las ONG, que ejerce la acción popular, insista en reclamar responsabilidad civil a los acusados y proseguir con una acusación, dado que consideran que no es parte perjudicada y que, por ello, la sala debería poner límite a sus pretensiones, según informó la agencia EFE. Tanto las conformidades como la negativa a declarar de los principales acusados (Blasco, Tauroni, Felip y Llinares) supusieron un enorme avance en este macroproceso, cuyo calendario previsiblemente sufrirá un recorte en cuanto las defensas informen sobre la renuncia a buena parte de las testificales previstas en un inicio.