Ayuntamientos contratan a una firma afín a Compromís al margen de la ley

Una de la reuniones de partido de Compromís. / manuel molines
Una de la reuniones de partido de Compromís. / manuel molines

Consistorios gobernados por la coalición y por el PSPV facturan con una comunidad de bienes, algo que no permite la norma del Sector Público

HÉCTOR ESTEBAN VALENCIA.

Varios Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, gobernados por Compromís y el PSPV, bien en solitario o en coalición, han contratado en los últimos años -especialmente desde las elecciones de 2015- con la empresa Disedit, una comunidad de bienes constituida a principios de 2012 y que se dedica a ensayos y análisis técnicos. Una de sus actividades principales es la de preparar encuestas ciudadanas a través de internet para que los ciudadanos decidan, por ejemplo, qué tipo de obras y proyectos quieren ejecutar en sus municipios.

Esta misma empresa creó el sistema de voto por internet para elegir mediante un proceso de primarias a los candidatos de Compromís para las elecciones a la Generalitat. Disedit es una comunidad de bienes de dos trabajadores de la coalición econacionalista -figuran en la página web del partido- y es el proveedor de los servicios informáticos de la formación.

Disedit se creó el 1 de enero de 2012. Las cantidades abonadas por los Consistorios a la empresa son bajas y no superan en ningún caso lo que marca la ley de Contratos del Sector Público para el contrato menor, por lo que no ha sido necesaria la fórmula del concurso para que se preste el servicio. El acuerdo entre la institución local y la empresa es directo.

La empresa está formada por dos trabajadores de Compromís

El problema es que la ley no permite contratar con comunidades de bienes, ya que carecen de personalidad jurídica como señala el Código Civil. La ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 65.1, señala que sólo podrán contratar «las personas naturales y jurídicas». La potestad para facturar es de cada uno de los miembros de la comunidad, en ningún caso de la empresa como tal. Ayuntamientos como el de Quatretonda y el de Oliva, entre otros, reflejan en su listado de contratos menores facturas con Disedit C. B. (comunidad de bienes). En todos los documentos oficiales a los que ha tenido acceso este periódico el nombre del tercero siempre ha sido Disedit C.B., no uno de los comuneros de esta sociedad.

Las administraciones han advertido en varios dictámenes de que la ley no permite contratar con este tipo de empresas. Hay un informe de la Junta Superior de Contratación Administrativa de la conselleria de Hacienda firmado el 13 de noviembre de 2015 que señala que las comunidades de bienes «no gozan de personalidad jurídica independiente de las personas que las conforman y, por tanto, como tales comunidades, de acuerdo en lo establecido en el artículo 54.1 de la ley de Contratos del Sector Público -tras la modificación de la norma pasó a ser el 65.1- no cumplen con uno de los requisitos de aptitud para contratar con el sector público».

El 8 de setiembre de 2017, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda desbloqueó la licitación de un concurso tras excluir a una comunidad de bienes que se presentó como la oferta más ventajosa: «Carece de capacidad de contratación con la administración».

El primer Consistorio con el que Disedit contrató fue con el de Ontinyent en 2013, según confirmaron fuentes de la propia empresa. «Es un municipio donde gobierna el PSPV en solitario», argumentaron a este periódico desde la empresa para defender que no existe una vinculación política entre el color político de los Consistorios y los contratos con su empresa. El dato que obvió es que cuando llegó a Ontinyent el gobierno municipal estaba formado por el tripartito PSPV-Compromís-EU.

A partir de ahí, nuevos municipios se sumaron a la nómina de esta empresa. Oliva en 2015, después de la llegada al gobierno de la coalición PSPV-Compromís, Altea (Compromís-PSPV), Quatretonda (Compromís-PSPV), Bocairent (PSPV), Tavernes Blanques (PSPV-Compromís), Bellreguard (PSPV-Compromís), La Font de la Figuera (Compromís-PSPV), Algemesí (PSPV-EU), Pobla del Duc (PSPV), Silla (PSPV-Compromís-EU). El 5 de febrero de 2015, durante una sesión plenaria en Oliva, se produjo un enfrentamiento dialéctico entre la concejal de Compromís Inma Ibiza Corts y el popular Salvador Escrivà Tormo por la contratación de Disedit. La empresa tiene una página web que no presenta actividad.

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