La auditoría de la empresa de bomberos retrata contratos sin autorizar y el abuso de los encargos a Tragsa

El informe de la Sindicatura retrata una situación preocupante en la empresa de los bomberos, en términos muy similares al que la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, ha venido poniendo de manifiesto en los últimos meses. Falta de controles y vulneración de los principios contables que, de hecho, llevaron a la consellera a fulminar a la directora gerente de la firma, al director ejecutivo y a la responsable de recursos humanos de la sociedad.

La auditoría de la empresa corresponde al ejercicio 2022, el último gestionado de forma íntegra por el Consell del Botánico. Y presenta un panorama desolador, propia de una empresa despreocupada de la gestión interna. La Sindicatura de Comptes enumera irregularidades de distintos tipos. A saber, señala que no se tiene constancia de que la Dirección General de Presupuestos contestara la solicitud del importe de la masa salarial para el ejercicio 2022, solicitada por la SGISE, «por lo que ha desarrollado su actividad sin contar con el preceptivo informe salarial favorable para su personal».

No es la única circunstancia inexplicable en el ámbito de la gestión de personal. El órgano fiscalizador del sector público autonómico revela que la SGISE cuenta con un informe de la Dirección General de Presupuestos «que le autoriza para realizar un máximo de 80 contratos temporales anuales, aunque se han formalizado 167 altas derivadas de bolsas de empleo en 2022». No solo eso, también se han detectado cuatro altas que se habían producido incluso antes de esta autorización.

Además, señala la entidad que dirige Vicen Cucarella, «la inadecuada gestión de la bolsa de empleo temporal por parte de la SGISE ha determinado que su personal haya ido enlazando contratos temporales de manera continuada, hecho que ha implicado que prácticamente la totalidad del personal laboral temporal de Tragsa, que en abril de 2019 se incorporó a SGISE, haya conseguido desde su incorporación hasta la actualidad, por medio de sentencia judicial, que se le reconozca la condición de personal fijo discontinuo de SGISE y pasar a formar parte de su plantilla».

Por lo que a los contratos se refiere, la Sindicatura detecta el abuso de los encargos a la empresa pública del Estado Tragsa. «Se está utilizando incorrectamente este encargo para nutrir de personal la estructura administrativa de SGISE, sin que este personal ejerza funciones exclusivamente relacionadas con el encargo», se indica.

Además, la excesiva prórroga de contratos con Tragsa deriva en que cuando acabe este mes de noviembre «habrán transcurrido 4 años y 8 meses sin que SGISE haya adoptado los medios para asumir las competencias del servicio de bomberos forestales desarrolladas por Tragsa a través del encargo». SGISE argumenta una serie de circunstancias para la prolongación del encargo «que no se consideran justificadas».

La Sindicatura reprocha a la empresa de bomberos que «haya licitado de forma generalizada como menores contratos que superan los límites máximos para obtener esa consideración», y que no haya enviado a la propia Sindicatura información, ni de esos contratos ni de todos los demás, ni de 2022 ni de ejercicios anteriores, circunstancia que representa un incumplimiento de la normativa vigente.