La Audiencia valida la investigación al cabecilla de Azud y al cuñado de Barberá
La Sala coincide en que los 600.000 euros que Febrer pagó a Corbín se intuyen como comisiones por decisiones del Ayuntamiento de Valencia
La Audiencia de Valencia ha validado la investigación al considerado cabecilla de la trama Azud, el empresario Jaime Febrer. De igual modo, subraya también los ... indicios existentes contra el abogado José María Corbín, cuñado de la alcaldesa Rita Barberá. El macrosumario se acerca a su recta final, en especial, en la subtrama conocida como los colegios: la entrega de unas parcelas a un grupo empresarial a cambio de que estos asumieran una deuda de 30 millones que mantenía el Consistorio. Febrer solicitó el archivo de las actuaciones. El tribunal ha rechazado la petición.
La compleja investigación ha demorado la instrucción más allá de lo deseable. De hecho, estas diligencias comenzaron en 2017 y todavía hoy siguen en marcha sin que se haya hecho una división en piezas. Es esto también una incógnita que deberá resolverse en breve.
La defensa del empresario sostenía que los pagos a Corbín Abogados, el despacho del cuñado de Rita Barberá respondían a una iguala, una modalidad que consiste en pagar un cifra fija con independencia del volumen de trabajo. Pero la Sala coincide que no existe ningún documento que respalde esos servicios ni las supuestas labores de asesoramiento.
Más bien, las investigaciones llevan a concluir indiciariamente que el Grupo AXIS, vinculado principalmente al sector inmobiliario en la Comunitat y controlado por Febrer, realizó pagos al despacho de Corbín por un total de 602.156 euros entre los ejercicios 2007 y 2013. Estas transacciones se produjeron desde diferentes mercantiles. Asi, recuerda la resolución que participaron Mediterránea de Actuaciones Integradas SL, Actuaciones Rusticas SL, y Construcciones Valencia Constitución SL. Estos pagos «presuntamente carecen de cobertura, respondiendo supuestamente a comisiones ilícitas desembolsadas en atención a la obtención de decisiones de índole urbanística adoptadas desde el Ayuntamiento de Valencia».
Llama la atención la defensa de Febrer en que los pagos se realizan a una persona que no es funcionario, uno de los posibles problemas que podría plantear en su momento una acusación. Pero la Sala aprovecha para destacar que no se puede obviar que los pagos realizados al despacho de abogados lo han sido, presuntamente, por la relación de parentesco entre Corbín y la entonces alcaldesa de Valencia cuya hermana -funcionaria del Ayuntamiento- estaba casada con el letrado. El tribunal vincula el volumen de ingresos del despacho a esa relación de parentesco, siempre según el auto.
La causa afronta su recta final, pendiente de «inminentes» informes de la UCO para cerrar parte de la instrucción
De hecho, la salida de Barberá del Ayuntamiento tras la pérdida de las elecciones y envuelta en la polémica del caso del pitufeo -posteriormente archivado por la Audiencia y confirmado por el Tribunal Supremo- supuso una brutal caída de los ingresos de la mercantil, con despacho en pleno centro de Valencia.
La investigación del caso Azud supone un cuestionamiento parcial del legado de Rita Barberá. Nadie discute el desarrollo de la capital y la relevancia de su figura política. Pero en el periodo de grandes mayorías de los populares, la investigación desvela el papel de su cuñado, una especie de vía de contacto en el Consistorio para los grandes contratistas de Valencia.
La Sala reprocha a la defensa que tenga una visión compartimentada de la causa y pretenda el sobreseimiento basándose en los hechos de un auto de hace ocho años. En este sentido, comparte la tesis del fiscal de que la instrucción no es una foto fija sino dinámica donde paulatinamente se van incorporando los indicios que se derivan de las diligencias. «Hay que examinar la situación en el contexto propio en que produce la misma y no como compartimentos estancos», mantiene el auto.
El caso afronta un momento decisivo. El juez adelantó el pasado septiembre que está a la espera de unos «inminentes» informes de la UCO que permitirán disponer de una visión panorámica «de la compleja realidad criminal y que permitirá decidir con adecuado fundamento sobre la responsabilidad de cada uno de los hechos y de los investigados».
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