La Audiencia ordena la puesta en libertad del cerebro financiero de la trama Emarsa

Roca Samper, junto al resto de acusados en la trama Emarsa. /EFE
Roca Samper, junto al resto de acusados en la trama Emarsa. / EFE

Los magistrados, que le retiran el pasaporte, alegan que Samper lleva en prisión provisional casi la mitad de la pena a la que se le condenó

A. Rallo
A. RALLOValencia

Jorge Ignacio Roca Samper, el cerebro financiero de la trama de Emarsa, ya disfruta de su libertad. El conocido como facturero de la red delictiva y uno de los artífices del sistema para saquear los fondos de la depuradora de Pinedo era hasta la fecha el único de los condenados que se encontraba en prisión. Su ingreso en la penitenciaría de Picassent no se produjo tras la condena de la Audiencia de Valencia -seis años de privación de libertad- sino para evitar que escapara de nuevo de la Justicia. El empresario logró permanecer cuatro años huido hasta que fue detenido por otro asunto en Moldavia. Tras su extradición a España, el juzgado acordó su ingreso en prisión provisional. El riesgo de fuga era más que evidente con semejante trayectoria. Ninguno de sus cómplices en la trama estaba entonces -ni ahora- en la cárcel.

Roca Samper llevaba en prisión provisional desde abril de 2016. Unos dos años y ocho meses. Ahora estaba en la prisión de Zuera donde trabaja como panadero. Además, también había invertido parte de su tiempo en los estudios: cursaba un grado de Geografía e Historia en la UNED con altas calificaciones, según explicó su letrado cuando reclamó la salida de prisión.

La Audiencia, en el auto en el que acuerda ahora la puesta en libertad del interno, asegura que el Tribunal Supremo no resolverá los recursos contra la sentencia de la depuradora antes de abril de 2019. Ningún preso, siempre que su fallo esté recurrido, puede permanecer privado de libertad más de la mitad de la pena impuesta en esa primera resolución. En apenas cuatro meses se cumpliría el límite, por lo que la Sala ha decidido ya dejar en libertad al interno. Sin embargo, los magistrados le imponen medidas cautelares para evitar que pueda fugarse como ya hiciera en el comienzo de la investigación judicial. Así, se acuerda la retirada del pasaporte para que no pueda salir de España y se le impone la obligación de acudir a firmar todas las semanas al juzgado de guardia. Además, debe comunicar al juzgado el lugar en el que residirá.

La ley impide que se pueda cumplir más de la mitad de una condena cuando la sentencia está recurrida

Roca Samper introdujo una serie de empresas pantalla en el proceso del tratamiento de residuos de Emarsa para elevar el coste -lo triplicó- de manera artificial. El dinero se repartía en efectivo entre los principales directivos. Posteriormente se ideó un sistema a través de tarjetas de crédito para evitar mover cantidades tan importantes.

No era la única condena que arrastraba el conflictivo empresario. La Audiencia Provincial de Valencia ya confirmó en su día otra pena de dos años de prisión para él y dos empresarios más, José Luis Sena y Vicente Ros, por simular una operación comercial para la exportación de 10.000 taxis a Pakistán. El objetivo era defraudar a Hacienda con esa facturación ficticia para recuperar las cantidades supuestamente abonadas por IVA.

El caso Emarsa dio un vuelco cuando uno de los supuestos cabecillas de la trama, Ignacio Bernácer, decidió confesar a cambio de una rebaja de pena de las acusaciones y al pago de 400.000 euros. Así, la petición se redujo a tres años y medio de prisión, pero su testimonio incriminaba a los otros máximos responsables de la trama de desvío de fondos, como el exgerente de la planta Esteban Cuesta, el exvicepresidente de la Diputación de Valencia Enrique Crespo y José Juan Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar). A Enrique Crespo y a Esteban Cuesta se les impuso un castigo de 10 y 12 años respectivamente.

El balance del caso Emarsa se cerró de manera muy satisfactoria para los intereses de la Fiscalía. Todos los acusados fueron condenados, algunos incluso antes de la celebración de la vista ya que llegaron a un acuerdo de conformidad con las acusaciones. El fraude de la depuradora ascendió a 23,5 millones de euros, el mayor caso de corrupción en la Comunitat hasta la fecha.