Diez años de cárcel para Crespo y 12 para Cuesta por el saqueo de Emarsa

Diez años de cárcel para Crespo y 12 para Cuesta por el saqueo de Emarsa

La macrocausa de corrupción condena a otras 23 personas por el desfalco de 24 millones en la depuradora de Pinedo

Arturo Cervellera
ARTURO CERVELLERA

25 condenados, 23,5 millones de euros desfalcados de la depura, más de 7 años de instrucción y más de 2.200 páginas de sentencia. Estos son los datos de la macrocausa de corrupción de Emarsa de la que ayer se hizo público el fallo de la Audiencia de Valencia que condena a Esteban Cuesta, el ATS que acabó como gerente de Emarsa entre 2004 y 2010, a 12 años y a Enrique Crespo, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y expresidente de Emarsa, a 10.

Las penas hechas públicas ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) confirman muchas de las peticiones solicitadas desde la Fiscalía. Cuesta cumplirá condena por un delito de cohecho continuado en concurso con el delito continuado de falsedad en documento mercantil, malversación de fondos públicos y prevaricación administrativa. Aunque se le absuelve del delito de prevaricación, también deberá hacer frente a la indemnización conjunta de 23,5 millones y estará inhabilitado durante 20 años. A Crespo se le confirman también los delitos de prevaricación, falsedad y malversación de fondos públicos así como la misma indemnización e inhabilitación. Por su parte, José Juan Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (EPSAR), cumplirá 9 años de prisión por prevaricación, falsedad y malversación. Tal y como informó Europa Press, la resolución considera que los principales responsables de la empresa pública que gestionó la depuradora de la pedanía valenciana de Pinedo articularon un sistema fraudulento de facturación con el que lograron el desvío de 23,5 millones de euros de dinero público. Para ello se concertaron con varios empresarios que emitían facturas por servicios no prestados o por un importe muy superior al coste real. De este modo, incorporaron a su patrimonio o al de familiares y amigos el dinero defraudado.

En la sentencia se destaca como Crespo y Cuesta abonaron entre 2004 y 2010, «guiados por el ánimo de obtener un beneficio económico ilícito», con cargo a los fondos públicos de que disponía Emarsa para la gestión y explotación de la planta de depuración de Pinedo «diversos gastos personales, principalmente en restaurantes y obsequios, ajenos al servicio público de depuración de aguas residuales que tenía encomendado dicha sociedad por la EMSHI». Para proceder al pago de estos gastos particulares, continúa el tribunal, Crespo «hacía llegar estos tickets a Esteban Cuesta, quien se encargaba de pagarlos empleando los fondos públicos que tenía la empresa en la caja de tesorería». Por su parte, Cuesta «hacía lo mismo con los tickets de comidas, cenas y regalos que consumía en actuaciones privadas y alejadas de su condición de gerente, abonándolos igualmente con los fondos públicos de la empresa».

En otras ocasiones el pago de estos gastos se realizaba a través de cheques o pagarés con cargo a las cuentas de Emarsa. La cifra total de fondos destinados a obsequios y tickets de hostelería, principalmente, asciende a 836.613 euros. Los fondos terminaron, entre otras cosas, en empresas dedicadas a obsequios navideños, en compra de lotería para los consejeros, en comidas en diferentes restaurantes o incluso en «cañas», como relata la sentencia. Además, eran constantes la retiradas de dinero en efectivo desde diferentes cajeros.

Otros gastos que fueron cargados a las arcas públicas comprenden móviles de lujo, videocámaras, reparaciones de coches, electrodomésticos para las viviendas del exgerente de la planta, viajes a Rumanía y hasta la contratación de lo que ellos denominaron traductoras de este Estado. La Audiencia de Valencia realiza en la sentencia un «especial reproche» al comportamiento de Crespo, debido a su condición política. Se trata, recalcan, de un «claro exponente de corrupción, que exige una respuesta rigurosa por parte de las instituciones». Y añade: «Es exigible una mayor exigencia de ejemplaridad (...) a autoridades elegidas por los ciudadanos», asevera. La resolución incide en que «merece un especial reproche el proceder del acusado (Enrique Crespo), ya que se ha prevalido de una estructura administrativa de empresa pública para alterar y pervertir sus objetivos, disponiendo frívolamente de unos fondos destinados a un servicio público tan esencial e imprescindible como es la depuración de aguas».

En la sentencia se advierte que «a ello cabe sumar que esta forma de actuar constituye un claro exponente de corrupción, que exige una respuesta rigurosa por parte de las instituciones, que contribuya al cumplimiento de los fines de prevención especial y general que está llamada a cumplir toda pena, especialmente cuando se trata de personas que ocupan posiciones preeminentes dentro de empresas públicas a cuyos puestos de máxima responsabilidad accedieron por detentar cargos públicos, por lo que precisamente deberían hacer gala de una voluntad de servicio hacia la sociedad, y no a la inversa». Y subraya: «Es exigible una mayor exigencia de ejemplaridad que ha de pesar sobre quienes no son simples funcionarios, sino autoridades elegidas por los ciudadanos y el perjuicio que con conductas como las presentes ocasionan a la propia imagen y confianza del sistema político».

Entre el resto de condenas destaca la de Ignacio Bernácer, exjefe de Explotaciones de Epsar, que, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y devolver parte del dinero saqueado, se le ha quedado en 3 años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta durante 9 años por un delito continuado de prevaricación, otro de falsedad documental y malversación. Al empresario Jorge Ignacio Roca, único que está actualmente en prisión por este procedimiento, se le han fijado 6 años y un día como cooperador necesario de un delito de malversación de caudales público y como autor de otro de falsedad documental.

A Enrique Arnal, ex director financiero de Emarsa, se le han fijado 8 años y seis meses de prisión y 20 años de inhabilitación por prevaricación, falsedad y malversación; y a su hermano Antonio José, le caen 11 meses de prisión e inhabilitación durante un año y siete meses por falsedad y cooperador de malversación; mientras que a Sebastián García Martínez 'Chanín', exinformático de la entidad, 7 años y seis meses y 20 de inhabilitación por malversación y falsedad.Así mismo, a Rafael Quiles, asesor del grupo de empresas de 'Chanín', se le han impuesto 2 años y seis meses de prisión y 5 años de inhabilitación total (cooperador de la malversación y falsedad); a Daniel Calzada, de la mercantil Llar Calzada, 4 años y seis meses de cárcel y 6 de inhabilitación, como cooperador necesario de los delitos contemplados. Entre el resto de condenas, destaca que a José Ramón Cuesta, hermano del exgerente, un año, nueve meses y un día de prisión como cooperador de un delito de cohecho y delito de falsedad; nueve meses de multa a 6 euros diarios.

Ingreso en prisión

Las diferentes acusaciones acusaciones manifestaron ayer que van a reclamar el ingreso inmediato de los cabecillas de la trama mientras que al menos parte de las defensas de los condenados recurrirán la sentencia al no considerar que existen determinados puntos de la sentencia que podrían variar en instancias superiores. El primer recurso será ante el TSJCV y tras este movimiento aún se podrá acudir al Tribunal Supremo.

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