El TSJ anula la multa que Oltra impuso al centro de menores de las religiosas de Segorbe

La vicepresidenta decidió cerrar esas instalaciones por un informe de la Inspección que alertaba de graves deficiencias. Posteriormente, desde Les Corts, difundió sospechas de los abusos de un monitor. Oltra incluso ofreció en el Parlamento datos que permitían identificar a este profesional. Finalmente, la Justicia absolvió al monitor. Y, desde entonces, todas las condenas judiciales han sido para la actuación de la conselleria. La primera, por el traslado de los internos. El TSJ le afeó la «grave infracción del ordenamiento jurídico» por la decisión unilateral de trasladar a los tutelados del centro de Segorbe a otros emplazamientos sin un acto administrativo que lo avalara. El Tribunal Supremo no admitió ni siquiera el recurso de la Administración.

Ahora, el TSJ ha impuesto otro correctivo a la actuación del departamento autonómico, donde la oposición siempre ha criticado una ineficiente gestión. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha vuelto a dar la razón a las religiosas y ha anulado la sanción que en su día impuso la Generalitat. Se trataba de una multa de 15.000 euros por infracciones graves aparte del cierre de las instalaciones durante un periodo de tres años, con el consiguiente perjuicio económico para la entidad.

El motivo, sin entrar en el fondo de otras cuestiones que planteaban los afectados, es que la Conselleria de Igualdad incumplió los plazos administrativos en el cierre del expediente. El proceso se abrió un 25 de mayo de 2018 y debió finiquitarse en el plazo máximo de tres meses a partir de esta fecha, según el TSJ. Nunca se hizo. En julio se solicitó al servicio de promoción de la autonomía personal que realizara una visita extraordinaria a las instalaciones. Un mes más tarde, la conselleria suspendió el plazo para resolver porque el informe de esa inspección, que resultaba determinante en el proceso, no estaba redactado.

La representación legal de las religiosas entendió que esa suspensión no entra en los requisitos previstos en la ley. El TSJ comparte este dictamen. «No estamos en presencia de nuevas pruebas técnicas o análisis», unas circunstancias que sí admitirían la paralización de los plazos. Se trataba de una visita a las instalaciones. Pero es que, además, el retraso no es achacable a los perjudicados que nunca solicitaron más pruebas sino que en su último escrito sólo recogían las alegaciones en defensa «de sus derechos e intereses legítimos».

Toda esta actuación contra el centro de Segorbe, «La Resurrección», coincide en el tiempo con los hechos que finalmente terminaron en la condena del exmarido de la vicepresidenta. Los episodios de abusos son de finales de 2016 y principos de 2017, según la sentencia de la Audiencia que condenó al monitor a cinco años de prisión.

El proceso de Segorbe, además, tuvo otra víctima, el docente denunciado. «He perdido mi empleo. He perdido mi piso. Hace dos años que dejé el Centro de La Resurrección de Segorbe, me ha tocado irme a otro municipio. He pasado muchas penurias», relataba en una carta dirigida contra la consellera y donde anunciaba una querella contra la dirigente de Compromís. La acción penal no prosperó. De momento, tampoco ha recibido una indemnización por el quebranto que supuso para su vida.

El caso de los abusos del exmarido de Oltra ha desatado las sospechas acerca de la actuación de la Conselleria en la gestión de este controvertido asunto. Un juez ha imputado a seis cargos de Igualdad en la investigación abierta para aclarar si la anómala actuación respondió a un intento de la Generalitat por desacreditar a la joven adolescente y paliar las posibles consecuencias para la Administración. Las diligencias judiciales se encuentran todavía en una fase embrionaria. Oltra considera que todo es una «cacería política de la extrema derecha» porque el abogado de la menor abusada es el presidente del partido España 2000. Las acusaciones tratarán de conseguir indicios de la participación o el conocimiento de la consellera en estas supuestas irregularidades para llevar la causa al TSJ y lograr su imputación.