Anticorrupción no ve delito en el caso Castellano y el juez cierra la investigación

El exdelegado del Gobierno y exconseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha recibido, por fin, un buena noticia de los tribunales. El titular de Instrucción 19 de Valencia ha dado carpetazo a la investigación abierta por fraccionamiento de contratos a favor de su amigo, el empresario José Miguel Pérez Taroncher. La clave estaba en el análisis de un informe de la Intervención en el que sí se aprecia esta conducta irregular en las obras adjudicadas al citado empresario en el centro de emergencia de l'Eliana.

La Generalitat consideraba que este dictamen era suficiente para continuar con el procedimiento y solicitar el procesamiento. Anticorrupción, en cambio, sostiene lo contrario. El ministerio público defiende que no existen suficientes indicios para sentar en el banquillo a Castellano. Y el juez finalmente acoge el criterio del ministerio público en un auto en el que reproduce todos los argumentos del fiscal. La Fiscalía, en su escrito, recuerda que no todo el fraccionamiento «debe ser calificado como irregular y reconducido a la vía penal». Subraya la fiscal que hay que atender a si existe una «unidad funcional» de los diferentes contratos para poder calificarlo como «fraudulento». En este procedimiento, donde se analizaban finalmente algo más de 100.000 euros, Anticorrupción no ve «interés espurio» que acredite que el conseller actuó de manera deliberada, con plena conciencia, a sabiendas de que lo hacía en contra de la ley y que generaría un resultado injusto.

Los especialistas de la Intervención alertaban de prácticas irregulares sobre un volumen de 150.000 euros. Pero hay que tener en cuenta que esta investigación abarcaba inicialmente varios millones de euros. El máximo permitido en estos contratos menores de obras son 50.000 euros. Los investigadores basaban su dictamen, entre otras circunstancias, en la proximidad temporal de algunas de las facturas, todas englobadas en este mismo procedimiento de reforma. La Generalitat, como ocurre en la inmensa mayoría de casos de corrupción, también se encontraba personada como acusación particular. Los responsables de la Abogacía de la Generalitat pueden ahora recurrir esta decisión ante la Audiencia. Resulta una incógnita la posición que adoptará el órgano que depende de Presidencia.

De momento, el que fuera delegado del Gobierno Serafín Castellano encuentra un respiro en los frentes judiciales abiertos. Esta causa es una pieza derivada de la investigación principal, conocida como caso Avialsa. Este asunto, el amaño de contratos de extinción a cambio de determinados regalos, se sigue en la Audiencia Nacional porque analiza también los vínculos en el exterior de las empresas de extinción de incendios ante la sospecha de que también arreglaron otras adjudicaciones.

Los hechos de la querella que ahora se archiva fueron analizados en su día por el Tribunal Superior de Justicia que entonces no encontró indicios suficientes para seguir un procedimiento contra un aforado. Era una etapa en la que la Sala de lo Civil y Penal se llenaba de denuncias contra altos cargos para forzar una imputación y su posterior salida de la política. Y el alto tribunal recordó que antes de encausar a un aforado era necesaria una instrucción que reuniera los suficientes indicios.