El alto comisionado del Gobierno para la reconstrucción falsificó su titulación para acceder a una plaza de funcionario, según Antifraude

Para resumir el 'caso Ángel', hay que apuntar que según la concienzuda investigación llevada a cabo por los funcionarios de la Agencia Valenciana Antifraude, el exalcalde de l'Eliana y uno de los dirigentes históricos del PSPV falsificó un título universitario para poder optar en 1985 a un plaza de funcionario de categoría B, –actual A2–, lo que le ha reportado importantes ingresos desde hace cuarenta años.

El informe de la Agencia Valenciana Antifraude publicado por El Mundo y al que tuvo acceso LAS PROVINCIAS, resulta muy revelador y aporta todas las pruebas necesarias para certificar que el alto comisionado del Gobierno falsificó su titulación para optar a una plaza superior. Además, una vez brotó la noticia, la Universitat de València corroboró que la titulación aportada en su día por el alto comisionado correspondía a una diplomatura que en 1983, cuano está fechado el diploma, no existía. Se empezó a impartir en 1990.

El runrún de que los méritos de Ángel no se correspondían con la realidad han sido periódicos en los mentideros políticos desde hace años pero no ha sido hasta ahora, cuando alguien ha decidido dar el paso, cuando se ha descubierto la verdad, o al menos la que apunta Antifraude y que ya está en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga ese caso desde hace semanas.

El informe es demoledor sobre los méritos del alto comisionado del Gobierno, que puede ser el protagonista de uno de los mayores fraudes de la historia de la política valenciana. El pasado 9 de abril se recibió en la Agencia Valenciana Antifraude una comunicación anónima en relación «a la presunta falsedad en documento público al haberse certificado por parte del personal de la Diputación de Valencia que un funcionario de la misma accedió a un puesto del subgrupo B (actual A2) presuntamente sin estar en posesión del título habilitante». Junto a la denuncia se aportaron datos y documentos para argumentar el caso.

Días después, el 16 de abril, se personaron en la Diputación funcionarios de Antifraude para solicitar información y realizar comprobaciones in situ. También se consultaron las base de datos oficiales de títulos universitarios y se personaron el 29 de abril en la Facultad de Geografía e Historia funcionarios para cotejar más documentación. También hubo requerimientos a Presidencia de la Generalitat, a la Diputación y a Les Corts Valencianes, instituciones en las que Ángel ha ostentado alguna responsabilidad. El 7 de mayo se emitió un informe de verosimilitud por funcionarios del área de Evaluación, Comprobación e Inspección de Antifraude.

La investigación concluye que José María Ángel obtuvo una plaza de funcionario en la Diputación de Valencia en 1985, para cuyo acceso era indispensable estar en posesión de una titulación oficial de licenciado o diplomado.

Desde Antifraude se apunta que se solicitó en repetidas ocasiones a los funcionarios de la Diputación la aportación de ese documento, «limitándose a señalar que Ángel cumplía con la información requerida sin exhibir nunca el documento original» y añaden que Ángel había eliminado cualquier información referida a su licenciatura de los portales oficiales: «Todo lo anterior induce a pensar a que el acceso al puesto de funcionario del grupo B podría haberse realizado en fraude de ley, al carecer de requisito de titulación».

Los funcionarios que se presentaron en la Diputación corroboraron que el título universitario de Diplomado en Archivística y Biblioteconomía estaba incorporado en el expediente de Ángel pero comprobaron posteriormente, tras preguntar en la Facultad de Geografía e Historia de Valencia, donde estaban las calificaciones del primer curso 76-77, que el expediente se trasladó a la Complutense de Madrid, donde el actual presidente del PSPV no superó el segundo curso, por lo que estaría obligado a repetir las pruebas, algo que no consta y que imposibilita la obtención del título universitario.

Con la documentación en la mano, el alto comisionado del Gobierno nunca pudo obtener la titulación de Archivística ya que no llegó ni a superar el segundo curso de la diplomatura.

Antifraude ha podido constatar así que Ángel no finalizó sus estudios universitarios, por lo que el título que consta en la Diputación «presumiblemente es falso» y que esto ha llevado al alto comisionado del Gobierno a recibir «emolumentos superiores» a los que les correspondería como funcionario del grupo D. Además, los funcionarios de la Diputación encargados de velar por la veracidad de la titulación de los funcionarios tampoco verificaron que la titulación de Ángel correspondía con la realidad.

Antifraude, una vez certificó la veracidad de los hechos investigados y al constatar la posibilidad de la comisión de un delito, trasladó las conclusiones a la Diputación de Valencia para que adoptara las medidas pertinentes. El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, ha confirmado que la Fiscalía Anticorrupción está investigando el caso y ha apuntado que la Diputación se personará si es necesario.

Ángel, según su entorno, tiene pensado remitir un comunicado para dar explicaciones y asegura que todo el proceso que se llevó a cabo en su día siguió la normativa establecida para poder acceder al puesto.