Otra acusación reclama la reapertura del caso Oltra: «Se utilizaron recursos para silenciar a una menor tutelada y agredida sexualmente»
La organización que dirige Cristina Seguí sostiene que el juez no tenía amparo legal para decretar el archivo tras la solicitud de la apertura de juicio
Las acusaciones del caso Oltra insisten en sentar a la exvicepresidenta en el banquillo pese a que el juez ha archivado la causa al no ... apreciar indicios delictivos. En un primer momento, fue la acusación particular, la que representa los intereses de Teresa Tanco, la menor víctima de abusos por parte del exmarido de la exlíder de Compromís. Ahora ha sido el turno de una acusación popular, la que representa los intereses de Gobiernate, entidad controlada por Cristina Seguí.
El juez de Instrucción 15, en realidad, ha archivado el asunto en tres ocasiones. En un primer momento a la espera de que lo que resolviera el Tribunal Supremo sobre los abusos. La Audiencia la respondió que aquel desenlace era indiferente para indagar sobre un supuesto encubrimiento. Luego, volvió a sobreseer tras su investigación. Y la Sala le dijo que el mismo relato de hechos que enumeraba en su auto también permitía sostener la tesis de las acusaciones. Y lo ha vuelto a hacer ahora, justo cuando debía decretar la apertura de juicio.
Esta acusación popular entiende que sí existen indicios delictivos, los que ya habían al inicio del caso y que no han quedado desvirtuados. Concentra la actividad delictiva en el expediente instruido por la conselleria «coetáneo a un procedimiento judicial en curso, donde se utilizaron recursos administrativos y económicos públicos en aras de la desacreditación del testimonio de una menor de edad tutelada por la administración y agredida sexualmente, por la máxima responsable de la misma».
Recuerda el letrado que no aparecen en los expedientes ni la orden de su incoación, ni los pases entre funcionarios, ni las acciones que se llevaron a cabo. Estas ausencias denotarían que se trata de una medida «excepcional» impulsada por «intereses privados para evitar perjuicios personales a la entonces vicepresidenta y su entorno político».
No es el único argumento para impugnar la decisión del juez. La acusación considera que por el simple hecho de que una acusación pida la apertura de juicio el instructor queda obligado a acordarla con independencia del papel de la Fiscalía que, en este caso, no acusa. Pero en el caso de que, según su criterio erróneamente, decida archivar, «debe razonar, motivar y justificar el sobreseimiento; extremos que, desde luego, no acontecen en el presente procedimiento ni auto». En resumen, «el instructor ha fundado el sobreseimiento en una interpretación defectuosa de la ley de enjuiciamiento criminal».
Del mismo modo, la acusación considera que debe ser en la vista oral donde se planteen todas las tesis y se resuelva acerca de la culpabilidad o inocencia de Oltra y su equipo de colaboradores. Así, interpreta que un «cierre anticipado» de la instrucción solo puede tener lugar «cuando no existan dudas sobre la inexistencia de delito o sobre la inocencia incuestionable del investigado». En el resto de supuestos, siempre que subsista «alguna controversia jurídica o fáctica razonable», debe optarse por el juicio oral«. En caso contrario, se estaría lesionando gravemente el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, mantiene esta representación.
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