Un acta notarial rebate la versión del director del Consorcio ante la juez por el escenario de la Marina
Llorens, imputado por prevaricación, dice que se dieron a una empresa 517 metros cuadrados para acopio pero el informe revela que fueron de 15.000
La polémica sobre el espacio para grandes eventos en la Marina Sur de Valencia sigue su proceso. Por el juzgado de Instrucción número 10 de ... Valencia ya han pasado las partes afectadas a prestar declaración y las versiones son totalmente contradictorias. La versión del director general del Consorcio 2007, Vicent Llorens, que está imputado por prevaricación, choca frontalmente con la de la empresa que presentó la querella, que incluso ha presentado un acta notarial para desmontar la versión oficial.
La Marina de Valencia necesitaba un espacio permanente para celebrar grandes eventos. El negocio podría repercutir en más de un millón de euros para la empresa adjudicataria. El 1 de marzo de 2019 se publicó en la plataforma de contratación del Estados el concurso y se presentaron dos empresas de espectáculos. El espacio de uso era de 15.126 metros cuadrados. El concurso finalmente quedó suspendido. Una de las empresas, semanas después, empezó a utilizar el espacio y a dejar material de espectáculos. Además, recibió una indemnización de 10.000 euros por la suspensión del concurso. Los propietarios de la otra mercantil, tras detectar los movimientos de la otra firma y sin recibir indemnización por la suspensión del concurso, llevaron el caso a los tribunales.
En su declaración, Vicent Llorens defendió ante la juez que a la empresa sólo se le cedió un terreno de 517 metros cuadrados para un uso de acopio, pero un acta notarial presentada por la otra mercantil certificó que los terrenos ocupaban más de 15.000 metros, que era el mismo espacio que se incluyó en el concurso inicial. Un documento que, en principio, desmonta la versión del director general del Consorcio sobre que el espacio era para almacenar material. El propietario de la empresa que presentó la querella aseguró también en su declaración que si querías utilizar las instalaciones había que pagar «un impuesto revolucionario» a la otra firma que se había quedado con el espacio. Este pago lo corroboró en su declaración otro empresario, que aseguró que tuvo que abonar una cantidad a favor de una empresa por el material que había en el espacio, se utilizara o no se utilizara.
La empresa que se ha querellado sostiene que el concurso se suspendió sin un motivo y sin informar, pero al final la otra mercantil es la que se benefició de las instalaciones a través de otra fórmula de adjudicación.
Este periódico se puedo ayer en contacto con los responsables del Consorcio Valencia 2007, pero descartaron hacer declaraciones.
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