El conseller Manuel Alcaraz retrasa la oficina que debe autorizar el nuevo trabajo de los ex altos cargos de la Generalitat

La Ley de incompatibilidades y conflictos de intereses de personas con cargos públicos no electos vio la luz a finales de 2016. El tripartito presentó la norma como una nueva garantía de que sus altos cargos no incurrirían en situación de incompatibilidad, ni con sus anteriores puestos de trabajo ni con los que desempeñarán una vez abandonada su responsabilidad pública. 'La imagen pública de que una empresa contrate a una persona ex alto cargo del gobierno como agradecimiento por las decisiones adoptadas durante su mandato por altas sumas de dinero habla por sí misma y merece una respuesta legislativa contundente'. se puede leer en el preámbulo de la norma.

Entre otras herramientas, la norma prevé la creación de una Oficina de control de conflictos de intereses, un organismo que se encargará precisamente de velar por el control de las actividades, el patrimonio y los bienes y el ejercicio del cargo público de cada persona con cargo público con obligación de declarar, como por ejemplo los altos cargos.

La oficina, cuyo poder sobre el papel ha provocado que fuera bautizada desde algunos ámbitos del propio Consell como 'la nueva gestapo' dispondrá de prerrogativas más que significativas. La ley de incompatibilidades establece que durante los tres años posteriores al cese de su cargo las personas afectadas por esta ley deberán informar al registro (de la oficina) de sus actividades profesionales, mercantiles o laborales. Y añade: 'La oficina resolverá sobre la compatibilidad de la actividad que se pretende realizar y lo comunicará a la persona interesada y a la administración, la empresa o las sociedades en que quiera prestar sus servicios'.

Pero la oficina aún no existe. Fuentes de la conselleria de Transparencia que dirige Manuel Alcaraz explicaron a este diario que la puesta en marcha de este organismo se producirá el próximo mes de mayo.

¿Y hasta entonces? El registro de control de conflictos de intereses que incluirá los datos sobre actividades, bienes y patrimonio de las personas que ejerzan un cargo público sí que funciona. Pero no así el órgano encargado de juzgar las situaciones puntuales de cada uno de los altos cargos. Las fuentes consultadas explicaron que hasta la fecha se ha funcionado emitiendo informes en el caso de que existiera alguna denuncia -se hizo alusión a la salida de Mónica Cucarella de la dirección general de Internacionalización, aunque por entonces no se había aprobado la ley de incompatibilidades-.

¿Y Sandra Casas? La que fuera número dos de la conselleria de Igualdad presentó su renuncia al cargo de secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía el pasado 30 de diciembre, es decir, con la ley de incompatibilidades ya en vigor. Casas se ve afectada directamente por ese artículo que hace referencia a la eventual incompatibilidad de la nueva actividad con el cargo público desempeñado con anterioridad.

¿Y quién juzga si Casas incurre o no en conflicto de intereses en su futura actividad laboral? La conselleria de Transparencia admite que existe un vacío en este momento sobre quién debe de pronunciarse al respecto, porque quien tendría la responsabilidad -según la ley- es esa Oficina que aún no se ha creado y que prevé incluso un régimen sancionador. Las mismas fuentes especificaron que la Oficina no se pondrá en marcha hasta principios de mayo, y que su reglamento aún tardará otros seis meses más en ver la luz.

De este modo, la situación de Casas -en el caso de que la ex secretaria autonómica regrese al mercado laboral- quedará hasta mayo en una especie de limbo. Como ex alto cargo, sí tendrá que presentar en el registro una declaración de sus actividades profesionales, mercantiles o laborales. Pero la eventual existencia de un conflicto de intereses, la eventual vinculación entre las decisiones adoptadas durante su etapa como alto cargo de la Administración y su nuevo desempeño profesional, únicamente sería estudiada (hasta mayo) en el caso de mediar algún tipo de denuncia respecto de su situación. En ese caso, especificaron las mismas fuentes, sería probablemente la Abogacía de la Generalitat la que resolviera esa eventual denuncia.