La UCO investiga si cargos del PP de Valencia recibieron dinero de los comisionistas
Los agentes rastrean si parte del dinero que ingresaba la agencia de las empresas contratistas terminó en manos de responsables populares
A. RALLO
Jueves, 22 de diciembre 2016, 19:37
La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la campaña del PP para las elecciones municipales de 2007 también analiza si parte del dinero que los comisionistas ingresaron en la consultoría de comunicación Laterne terminó en los bolsillos de determinados cargos municipales. Existen algunos detalles que invitan a sospechar, como por ejemplo, la enorme cantidad de dinero que supuestamente aportaron las empresas con contratos en el Ayuntamiento a la consultoría de comunicación.
El planteamiento, que los agentes deberán confirmar con sus pesquisas, consiste en que los pagos respondían al amaño de contratos por las adjudicaciones del Consistorio. Así, hablaríamos de una estructura perfectamente asentada en el Ayuntamiento y en la que participarían varias concejalías. Existen antecedentes. De esta forma, el caso Alcón, los supuestos amaños en la Concejalía de Cultura en La Mostra y obras de conservación que se investigan en otra pieza, no serían unos hechos aislados sino la única muestra que hasta la fecha se ha conocido de una práctica habitual y consentida en las dependencias municipales, según las fuentes.
La Audiencia avala el examen médico de la concejal Alcón
-
La Audiencia de Valencia avala que la exconcejal Alcón sea examinada por un médico forense para que las defensas puedan disponer de un dictamen con el que quizá poner en duda «la capacidad mental» o el «vicio de la voluntad» de la interlocutora y tumbar ese indicio inculpatorio. El tribunal rechaza dar a los abogados el historial médico, los motivos del ingreso, el protocolo de suicidio o la medicación recetada en el hospital a la exedil.
-
La investigada estaba en un centro sanitario cuando reveló a su hijo en una conversación pinchada el supuesto blanqueo en el PP. El auto resuelve que la conclusiones que aportaría esa información pueden recogerse a través de la pericial del médico forense.
-
Además, aprovecha la Audiencia para corregir al juez instructor. Recuerda al titular que no puede denegar pruebas para proteger la intimidad de los investigados. Si fuera este el motivo, le insta a declarar la causa secreta. El auto insiste en que el criterio que debe prevalecer para aceptar o denegar las diligencias es la pertinencia para averiguar la verdad de los hechos.
El hecho de que no todo el dinero fuera para financiar la campaña también encuentra precedentes. El exgerente de Imelsa y ahora colaborador de la Fiscalía, Marcos Benavent, ha admitido en sus declaraciones que parte del dinero que recaudaba supuestamente para el Partido Popular iba a parar a su propio bolsillo. La concejal María José Alcón, según recogen los audios que durante años grabó Benavent, presuntamente también disfrutó de parte del dinero aportado por las sociedades que recibieron adjudicaciones. El responsable de Cleop, no obstante, ha negado ante el juez que diesen dinero a cambio de adjudicaciones.
Además, hay que recordar que buena parte de los concejales de 2007 siguieron en el Consistorio durante el resto de etapa de Barberá y son varios los que hoy están investigados por blanqueo en esta misma pieza o por delito electoral. El caso más significativo es el de Alfonso Grau, supuesto hombre fuerte en la organización de las campañas.
La investigación se encuentra bajo secreto desde hace dos meses en el juzgado de Instrucción 18 de Valencia. Durante este periodo, los agentes han tratado de reconstruir el circuito del dinero. La entrada de ingresos en Laterne y su posterior salida para costear los gastos electorales. Según informó Valenciaplaza, gracias a este procedimiento, se costeó una campaña de tres millones cuando sólo se había declarado un gasto de 150.000 euros.
Dentro de esta operativa, fuentes socialistas, recuerdan la polémica del Centro de Estrategias y Desarrollo Valencia, una especie de laboratorio de ideas de la política municipal ideado por el entonces vicealcalde Alfonso Grau. Cada año, la entidad recibía medio millón de euros. Desde esta sociedad se abonaron facturas por supuestos trabajos que Laterne o sociedades vinculadas a esta realizaron para el Consistorio en la época de Barberá.
La empresa bajo sospecha, así como otros filiales de similar denominación, estaba controlada por el empresario Sáez Tormo, ya fallecido. Llegaron a contratar a la mercantil Orange Market, que posteriormente se descubrió como epicentro de la trama Gürtel en la Comunitat. También hicieron varias encuestas para el PP de la ciudad e incluso colaboraron por Valmor, empresa investigada ahora por la Fórmula 1.
