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Cuatro de los últimos grandes casos de corrupción de la Comunitat partieron de anónimos

Cuatro de los últimos grandes casos de corrupción de la Comunitat partieron de anónimos

Sólo un diez por ciento de las denuncias sin firmar tienen recorrido. Suelen llegar por dos motivos: venganza o hartazgo ante las situaciones de corrupción en su entorno. La policía trata de localizarlos por su valor en la investigación

A. RALLO

Martes, 26 de abril 2016, 20:54

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Para mantener un secreto es mejor no tener que confiar en el silencio de otro. Pero la cultura popular está trufada de cotilleos, envidias y venganzas. Ahí el confidente se mueve con admirable destreza. Y se convierte en un aliado de fiscales y jueces. No son pocos los asuntos de corrupción cuya investigación ha arrancado a raíz de escritos anónimos. Algunos ejemplos: Cooperación, Puerto de Valencia, Císcar y Palau de les Arts. En otros casos, como el del blanqueo de 50.000 euros en el Ayuntamiento de Valencia, no fue el origen pero sirvió para apuntalar las sospechas.

Este tipo de escritos se reciben con relativa frecuencia en la Fiscalía de Valencia. Algunos son disparatados e incluso se centran en personajes de la farándula. Carecen de utilidad más allá de la sonrisa que causan. Pero, en ocasiones, surge la sorpresa. «Alrededor de un 10% de lo que se recibe tiene valor», coinciden fuentes habituadas a tratar esta documentación. Lo primero es que la denuncia sea verosímil y que aporte datos «que nunca antes hayan salido en medios de comunicación». Si el contenido se limita a una mera recopilación de artículos, no tendrá demasiado recorrido. Algunos informadores son habituales lectores de prensa. Por ejemplo, llama la atención que, en algún supuesto incluso dirigen la comunicación al fiscal que lleva el caso. No suele ser habitual que un ciudadano conozca el nombre de los responsables del ministerio público.

En determinadas ocasiones, lo relevante se encuentra en los detalles. Así ocurre en el escrito que se recibió en la fiscalía por el caso del blanqueo. «La campaña del PP, que regenta Alfonso Novo como nuevo recaudador, arranca con trampa». El matiz aparece con el «nuevo». No puede obviarse este detalle. Si es «nuevo» es que sustituye a alguien y este nivel de conocimiento del asunto sólo lo puede aportar quien conoce las interioridades del PP de Valencia o está en el propio Ayuntamiento.

El Tribunal Supremo respalda la figura del informante anónimo

  • Los abogados no dudan en criticar investigaciones amparadas en denuncias anónimas. Sostienen que vulneran los derechos fundamentales y suponen una especie de investigación prospectiva, algo así como a raíz de esto 'vamos a ver qué encontramos'. El Tribunal Supremo admite que un documento de este tipo debe ser tratado con las máximas cautelas. Pero niega que deba ser rechazado de entrada. «Máxime teniendo en cuenta la multitud de hechos delictivos que son informados de esta manera a causa de un temor razonable de represalias en ocasiones notoriamente feroces y crueles». La experiencia cotidiana ofrece muestras de este tipo de situaciones, recoge la sentencia del Supremo de 2013. El fallo resume que si la denuncia aparenta «credibilidad y verosimilitud» se debe inquirir con todos los medios a su alcance para la comprobación de los hechos y posteriormente para incoar un proceso penal.

Los anónimos, en un ejemplo como el anterior, adquieren gran importancia para las pesquisas. Pueden llegar a ser claves para cimentar una acusación. De ahí que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) se esforzaran por localizar a este informador con todos los medios a su alcance. Incluso llegaron a analizar el documento para detectar huellas que pudieran permitir averiguar su identidad.

Los confidentes prefieren el correo tradicional a las nuevas tecnologías, conocedores de que resulta más fácil rastrear lo segundo. Enviar una carta o convencer a alguien para que la entregue en el mostrador de la Ciudad de la Justicia se antoja más seguro. No obstante, en alguna ocasión, los anónimos también han jugado malas pasadas. Como aquella investigación abierta al expresidente del Valencia Manuel Llorente por depósitos millonarios en paraísos fiscales. Todo quedó en nada.

No es el único organismo que admite estas 'colaboraciones'. Por ejemplo, la Policía Nacional cuenta con una web en la que se puede dar información que podría dar lugar a una investigación. Existen otras posibilidades, instrumentos propios de la sociedad civil, como la asociación Acción Cívica, que permitiría canalizar la llegada de este tipo de información y presentar luego una denuncia. También la OLAF, la oficina europea de Lucha Antifraude, permite esta modalidad. Se trata de un organismo autónomo que coordina sus investigaciones contra la corrupción con los países de la UE.

¿Qué perfil se esconde tras el informador? Vicente Garrido, criminólogo y psicólogo, encuentra dos modelos. El primero estaría movido por «la traición, el engaño; la necesidad de desquitarse». Puede que esto sea por una venganza personal o profesional. Incluso que algún día se hubiera visto en un problema por culpa de los que ahora denuncia. El otro retrato robot sería más cívico, idealista. Un ciudadano modelo que «harto de la corrupción e incapaz de seguir soportando aquello» decide dar el paso. Este personaje suele tener las espaldas cubiertas, es decir, conoce de manera exhaustiva los hechos que pone en conocimiento, pero no ha participado en ellos.

Resulta excepcional que el anónimo finalmente dé el paso a colaborar con la fiscalía o la policía para desmantelar la trama. No hay que confundir a estos informadores con los arrepentidos, personas que colaboran con la investigación una vez son descubiertos o con el objetivo de obtener una reducción de pena. Uno de los grandes inconvenientes para los anónimos son las escasas garantías de que se mantenga siempre oculta la identidad de estas personas. Si el caso llega a juicio, los abogados acceden a estas identidades.

CÍSCAR

«Poderosos en desvergüenza y codicia»

Algunas de las expresiones que constan en los anónimos revelan el hartazgo de quien se presupone que ha tenido una relación cercana con los investigados. Por ejemplo, la del titular de esta pieza: «Por circunstancias he podido estar cerca de los que hasta ahora eran los poderosos o mejor dicho aún lo son en desvergüenza y codicia». El anónimo del caso Císcar no es una breve nota como otros ejemplos del reportaje. Constituye casi una enciclopedia en la que se relata con todo lujo de detalles las supuestas tropelías de Consuelo Císcar, la exdirectora del IVAM, que llegó al puesto en 2004.

No todo lo que consta en una anónimo se revela posteriormente como cierto. La investigación policial suele desvelar nuevas irregularidades, profundiza en algunas partes de la denuncia y descarta otras por falta de pruebas o incluso por ser inciertas. Un anónimo, aunque permita arrancar una investigación, contiene numerosos datos erróneos o imprecisos. Las pesquisas de la UDEF continúan hoy en marcha, un año después de que arrancara el caso. Los agentes preparan un informe con toda la documentación recopilada de los ordenadores de los principales investigados, entre los que se encuentra un buen número de responsables de la institución cultural. Se investigan el sobrecoste de obras de arte adquiridas por el museo. En especial, las del artista Gerardo Rueda cuando este ya había fallecido. La tesis de la acusación es que se benefició al hijo del artista.

Los investigadores concentran también sus esfuerzos en destripar el supuesto amaño de contratos en las adjudicaciones de publicaciones en el IVAM y en buscar una explicación a las irregularidades detectadas en los viajes y dietas pagadas con fondos públicos. El transporte de las obras de arte del museo -encargado una empresa sin apenas experiencia y que ahora se encuentra en liquidación- también se encuentra bajo la lupa de Anticorrupción. El montante del posible desvío de fondos puede alcanzar los siete millones.

TAULA

«Todos han dejado huellas en sus cuentas»

El caso del blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia no surge a raíz de un anónimo, pero la presentación de un escrito de estas características se produjo en un momento clave de la investigación, que apuntaló las sospechas. Al margen de hablar del «nuevo» recaudador, puesto en el que sitúa a Alfonso Novo, aporta otros detalles interesantes. En aquel momento todavía no había trascendido esta operación a los medios de comunicación. Además, indicaba que la operativa ha dejado rastro en las cuentas de los concejales y asesores y «es fácilmente demostrable». La realidad es que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han comprobado que el contenido de la denuncia era cierto y que supuestamente la devolución del dinero se realizaba en dependencias municipales.

El propio fiscal anticorrupción recogía este anónimo como uno de los indicios de la existencia de la trama en el informe en el que pidió que la parte de la causa que afecta a Rita Barberá se elevara al Supremo. Las pesquisas se han extendido a la posible comisión de un delito electoral. Incluso el PP, como persona jurídica, se encuentra investigado. Se trata de la primera vez en la historia de España que una formación política se ve inmersa en este ilícito. Todos los concejales de la ciudad, salvo uno, están imputados. En total, casi 50 personas sumando a asesores y exediles. El asunto ha fracturado al propio partido y ha comprometido el liderazgo autonómic que ejerce Isabel Bonig.

COOPERACIÓN

El famoso pen que desmontó la trama

Es cierto que la denuncia la presentó un partido político. Pero lo que todavía hoy se ignora es quién puso sobre la mesa de la diputada Compromís Mireia Mollà una memoria digital con abundante información. El contenido de ese dispositivo permitió a la Fiscalía Anticorrupción tirar del hilo y tras una ardua investigación sentar a Blasco y buena parte de la cúpula de su Conselleria de Solidaridad en el banquillo. De hecho, en su día, la defensa del hermano del empresario Tauroni encaminó su estrategia a tratar de lograr una nulidad por esta vía. Sostenía que Mollà aportó un «pendrive» con información «sustraída u obtenida de unos ordenadores de terceros» que se obtuvo de una manera «ilegal o irregular». Las sospechas es que ese material pudo descargarse de ordenadores de las empresas de Tauroni. En su día, la denunciante explicó que la tarjeta de memoria le había llegado «de forma anónima» y que durante un tiempo la estuvo analizando «para averiguar su contenido». Superado esto, el caso se encuentra en otra fase. Los principales acusados, Blasco y su mano derecha Tina Sanjuán, se encuentran en prisión por desviar fondos destinados al Tercer Mundo para intereses privados. Las acusaciones negocian ahora una conformidad de las otras dos piezas restantes, todavía en fase de instrucción. El exconseller Blasco estaría dispuesto a aceptar tres años de cárcel. El resto de los investigados serían condenados a penas inferiores a los dos años de privación de libertad.

EL PUERTO

Un caso que enterró la carrera de Rafael Aznar

El expresidente del Puerto de Valencia Rafael Aznar se vio inmerso en una investigación sobre su gestión a raíz de una denuncia anónima que llegó a la Fiscalía Anticorrupción. En una operación que se repite con cierta frecuencia, la misma documentación se distribuyó a diferentes periódicos de la Comunitat valenciana. Parte de esas revelaciones se confirmaron con los informes que posteriormente entregó la Intervención General del Estado. Se ignora por qué el órgano auditor no lo comunicó de oficio. Otro anónimo, al parecer la misma persona por el formato utilizado, alertó de nuevo de más irregularidades en el recinto valenciano. En este caso, anunciaba que un responsable de las instalaciones había filtrado un examen a su amante. Esta otra denuncia supuso la apertura de otra investigación, que finalmente se archivó.

Rafael Aznar está ahora mismo investigado en dos asuntos. El cobro de sobresueldos de una empresa participada por la Autoridad Portuaria de Valencia es uno de ellos. La Audiencia debe aún decidir si el responsable se sienta en el banquillo. Las otras pesquisas, más retrasadas, giran en torno a su gestión al frente del recinto. Se analizan graves irregularidades en la adjudicación de determinados contratos en las instalaciones y gastos alejados de los principios de austeridad de una entidad pública.

PALAU

Helga Schmidt y nuevos empresarios salpicados

El conocido como informe Diógenes supuso también con el paso del tiempo la caída de la entonces intendente del Palau de les Arts Helga Schmidt y de otro de los responsables de la institución, Ernesto Moreno. En un primer momento, el dossier que se hizo llegar no llevaba firma. Fue más tarde cuando ya se dio a conocer su identidad y aparecía el nombre del informador. Finalmente terminó declarando en la investigación judicial. El caso sigue en el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia. El ritmo de las pesquisas no se puede calificar de rápido. Casi un año para decidir acerca de dos testificales solicitadas por Anticorrupción, la de Vicente Garrido (presidente del Consell Juridic Consultiu) y la de Trini Miró, exconsellera de Cultura en el momento de los hechos.

Hace aproximadamente diez días llegó un informe de la UDEF que recopila todo el material decomisado en los registros de las viviendas y en los ordenadores de los investigados. Las conclusiones de este trabajo han supuesto la citación con abogados de tres empresarios. Se trata de José Antonio Noguera Pujol, José Luis Maldonado y el cónsul de Francia en Valencia, Pablo Broseta.

Las irregularidades giran en torno a la sociedad Patrocini, una empresa creada ex profeso para la captación de patrocinadores para el Palau. Esa tarea, que hasta entocens se realizaba desde la propia institución, se externalizó sin que mediara un concurso público. La comisión para la entidad, de la que llegó a formar parte incluso Schmidt, era del 30% para nuevos colaboradores y de un 10% si se trataba de la renovación de contratos. También se rastrean sobrecostes en las facturas del Festival Viva Europa y en el pago de publicaciones a sociedades que se consideran pantallas.

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