El Consorcio propone unificar la recogida y transporte de la basura para reducir precios

El presidente del Consorcio Comarcal de Residuos y alcalde de Rafal, Manuel Pineda, sentó ayer en la sede de la Diputación en Rojales a la mayor parte de representantes de los municipios de la comarca para presentarles uno de los proyectos que tiene el órgano que gestiona la basura de la Vega Baja. La idea no era otra que presentarles la iniciativa, más que en ciernes todavía, de una gestión conjunta tanto de la recogida de los desechos como de las rutas de transporte hacia las plantas que los tratarán desde este mes. Cabe recordar que la Junta de Gobierno de la Zona A6 decidió a finales de mayo una redistribución de las miles de toneladas que se generan al año en instalaciones de la provincia con un cambio de estación de tratamiento donde prima la que abocará en la planta alicantina de Fontcalent, excepción hecha de Orihuela que la llevará hasta la de Cañada Hermosa en Murcia. Esta decisión ya implicará reducir en 400.000 kilómetros la distancia que recorren los camiones y el consiguiente menor gasto a las arcas municipales en mantenimiento de vehículos y carburante. Pero ahora el Consorcio quiere dar un paso más.

Pineda explicó que en todos los municipios de España son las administraciones locales las que deben prestar el servicio de recogida y transporte de residuos urbanos según la normativa tanto estatal como la que marcan las directivas de la Unión Europea pero también refleja que lo pueden hacer de forma unitaria o asociada. La idea que tiene el primer edil y diputado autonómico es minimizar al máximo los costes de todo el proceso lo que pasaría por mancomunar tanto el transporte como esa retirada «con lo cual poder conseguir que el desplazamiento a las plantas sea más eficiente con menos camiones en la carretera lo que implica además menos emisiones de CO2».

El objetivo asimismo dijo que sería pasar de ser «el único Plan Zonal sin infraestructuras de tratamiento a ser el que controle todo el proceso desde el origen y gestionar todos los residuos municipales», una decisión que indicó se ha consultado con la Dirección General de Calidad Ambiental y que esta ve con buenos ojos. Así habló que los estatutos del ente consorciado permiten esa gestión de todo el ciclo desde la recogida a la eliminación y se ha pensado más que nada para aquellos municipios que están fase de prórroga o acabados sus contratos con las concesionarias. «Cuanto más toneladas se gestionen de forma conjunta mejor para todos, porque los costes se abaratan», matizó Pineda, y fue el técnico del organismo, José María Fernández, quien dio detalles de ese proyecto. Este habló de que se ha llevado a cabo un estudio en nueve municipios de la comarca, Albatera, Callosa, Dolores, Algorfa, Rafal, Almoradí, Cox, Granja y San Isidro, que se presentó la semana pasada en un congreso sobre logística de transporte en Valencia donde se midió el ahorro que puede suponer esta modalidad en un montante global de 35.000 toneladas generadas. Así el experto cuantificó ese ahorro en torno al 18% «y lo ideal es que cuanto más se sumaran más económico saldría todas las fases a los ayuntamientos», además de hablar de un menor impacto medioambiental. No fue la única propuesta que lanzó tanto el técnico como el responsable político del Consorcio ya que hablaron de otra cuestión no menos importante como que habría que hacer una encomienda de gestión por parte de los consistorios hacia el Consorcio para que la empresa pública Vaersa pudiera tener ese ámbito de actuación municipal del que carecía y que ha sido cambiado por un decreto del Consell a finales de mayo.

De igual modo hablaron de lo que calificaron como «otro reto». Así ambos precisaron que el Plan Estatal de Residuos aboga por la recogida selectiva de materia orgánica por lo que el Consorcio tendría potestad para aplicar una tasa diferenciada para aquellas localidades con este tipo y las que no, con costes diferentes para ambas. La idea es premiar a los municipios que apuesten por la primera con un quinto contenedor, el marrón, para restos orgánicos que pasarían a plantas que elaboran compost y penalizar a aquellos que no opten por este sistema de separación en origen.

Fernández además abundó en que es fácil la venta del compostaje para tareas agrícolas y que el resto de desechos incrementan los costes de tratamiento «y son objetivos que hay que cumplir según las normas europeas» lo que puede suponer incluso beneficios fiscales para las administraciones locales. Pese a la idea el técnico reconoció que en España hay poca experiencia en estas cuestiones ya que solo se da en el País Vasco, Cataluña y Córdoba.

Por último Pineda habló de que el proyecto de gestión del Plan Zonal especificará cuántas plantas habrá «y siempre cerca de los puntos de generación de la basura, nunca una macroinstalación y que está por ver cuántas serán de tratamiento biológico de la basura y de reciclado» pero lo que sí destacó es que la comarca necesita una estación de transferencia que quede a menos de treinta minutos de la mayoría de localidades que llevarán allí sus desperdicios.