El informe del Plan Zonal aconseja su rescisión porque la UTE no tiene suelo para el vertedero

El contrato de gestión de residuos del Plan Zonal XI se resolverá el próximo 1 de agosto sin que haya entrado en vigor. El informe de la Universidad Carlos III aboga por su anulación debido a que la UTE adjudicataria lo ha incumplido de manera indirecta y sobre todo, porque «ha violado el pliego de condiciones al mentir» sobre su disponibilidad de opciones de compra de terrenos para construir el vertedero en Albatera.

Cespa-Ortiz se llevará un fuerte revés a principios de agosto tal y como acordaron los alcaldes de los municipios, solo con la abstención de Orihuela. El informe jurídico basa toda su argumentación en que las opciones de compra de parcelas para levantar un vertedero y una planta de transferencia no existen realmente, pues la UTE ha solicitado a la Conselleria de Infraestructuras la expropiación de las fincas necesarias. El estudio de la situación contractual especifica que el contrato no se ha llegado a incumplir según lo que estipula la legislación vigente, pero «sí constituye una causa de resolución del mismo al suponer una muy clara violación de las reglas establecidas en el pliego de cláusulas administrativas articulares».

Este es un hecho constatado por la propia empresa ganadora del contrato millonario por el que debería gestionar los residuos de toda la Vega Baja. La UTE registró varios escritos para instar a la Conselleria de Medio Ambiente a que iniciara los procedimientos de expropiación forzosa porque consideraba que los ayuntamientos se había vuelto en su contra. No obstante, en Albatera solo contaba con una opción de compra de las cinco fincas que fijó en la oferta. Idéntica situación se encontró en Cox donde ningún propietario quiso firmar un acuerdo de alquiler o venta de terrenos para levantar una planta de transferencia de residuos.

El convenio establecía una serie de compromisos por parte de la empresa que no ha cumplido, por ello, el catedrático, Luciano Parejo, va más allá e insta al Consorcio a pedir indemnización a la empresa. El documento jurídico aconseja solicitar un lucro cesante «correspondiente a lo que proceda», pero en cualquier caso «no para que se enriquezca la administración». Por otra parte, destierra que existiera prejudicialidad penal tal y como solicitó el PSOE que se estudiara en la propuesta jurídica que solicitó el Consorcio. Parejo entiende que ya existe una providencia que desestima la prejudicialidad penal en este caso porque el tribunal de Lo Contencioso de Alicante ya desestimó un recurso de la asociación Albatera No Al vertedero que exigía la paralización de las actuaciones por este mismo motivo.

El Consorcio anulará la próxima semana el contrato y ante una negativa de la adjudicataria resolverá el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana. Este proceso ya se da por hecho puesto que la sociedad mercantil no va a dejar perder una serie de ganancias que había conseguido en el concurso público sobre otras ofertas en el 2007.

Albatera pierde el recurso

Uno de los puntos del día de la próxima junta de gobierno del Consorcio de Residuos de la Vega Baja es la revelación del auto judicial que deja sin recurso contencioso administrativo al Ayuntamiento de Albatera. En concreto, la sala número 2 de Lo Contencioso de Alicante desestima el recurso de reposición que presentó en contra de un acuerdo del propio Consorcio. Asimismo, Granja de Rocamora también pierde el cartucho que le quedaba para paralizar en los juzgados todo el proceso. Los miembros de este consejo destinado a dirimir las cuestiones de los residuos en la comarca también conocerán que los juzgados han dado la espalda a la petición de la UTE Cespa-Ortiz de tomar medidas cautelares en relación a la pervivencia del contrato.