De la Guatla a Arrancapins

Ya puede el Ayuntamiento de Valencia ir rezando a San Judas Tadeo, patrón de los imposibles, porque como se extienda por toda la ciudad la ... mancha de aceite demagógica y muy probablemente ilegal que derramó en el 'atzucac' de la Guatla no va a tener fondos y solares suficientes para compensar a las empresas perjudicadas por sus alcaldadas. Y es que cinco meses después de que la comisión de Urbanismo denegara definitivamente y por unanimidad la licencia de construcción de una residencia estudiantil en el barrio de Sant Antoni se le plantea el mismo conflicto de intereses en Arrancapins. A los residentes en el nº 49 de la calle Cuenca tampoco les gusta que se construyan apartamentos en su patio de luces. La reclamación de que el Ayuntamiento aplique allí la misma arbitraria y gravosa solución que Ribó improvisó en el distrito de Saïdia con la anuencia de MªJ Catalá no tardará, pues, en llegar. Con el agravante de que no será la última porque son miles las manzanas que están en condiciones de acogerse al socorrido «no en mi patio trasero»; «NIMBY», en sus siglas inglesas. Los grandes patios de luces son a la arquitectura del Cap i Casal (que es de lo que hablamos) lo que las barracas al marjal de la Albufera, las alquerías a l'Horta Nord, las masías al Camp de Llíria y los 'masos' a l'Alcoià: una solución arquitectónica concreta a unas necesidades residenciales determinadas. Albergan la más variada clase de actividades. El que no tiene un colegio tiene dos, un hotel, sí, un hotel, un hospital, un taller, una industria, un almacén, un aparcamiento, o, cada vez más, un supermercado de esos de los que no nos acordamos cuando culpamos al bendito turismo de la desaparición del comercio tradicional. Los hay que hasta disponen de salida directa a la calle, como el de maestro Sosa. Y la cuestión es que el Ayuntamiento no debió argüir lo primero que le vino a la boca para impedir la reforma de la antigua fábrica de tejidos de yute porque sentó un mal precedente. Y los precedentes administrativos no constituyen una fuente del Derecho, pero obligan a las administraciones públicas a contemplarlos ante decisiones similares. Para que se hagan una idea, la indemnización que pedía la promotora afectada era de 33 millones cuando el Ayuntamiento alegó razones de carácter histórico-artístico para parar las obras. ¿Cuánto pedirá ahora que el equipo de Catalá no ha tenido más remedio que reducirlas a fútiles pegas alusivas al tamaño de las pantallas acústicas y de las rampas? «Vous-mêmes».