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Durante buena parte de marzo y la práctica totalidad de abril no se habló de nada relacionado con la electricidad que no estuviera relacionado con ... el anunciado «apagón nuclear». Las operadoras habían acordado aprovechar la parada programada de Trillo para que el impacto de la protesta por la alta fiscalidad que sufre el sector y las pérdidas que les supone producir en un periodo plagado de fiestas fuera mayor. Dejar a España por primera vez en la historia sin cinco de los siete reactores que posee. Provocar que sólo hubiera en funcionamiento 2.000 mv nucleares de los 7.100 que hay conectados a la red. Algo que nunca antes se había producido. El día 16, fecha en que comenzó el cierre patronal, la Cámara de Comercio de Valencia publicó un informe en el que solicitaba la prolongación de la vida de Cofrentes hasta 2040 y señalaba el impacto negativo que causaría su clausura. Casi una semana después, el 22, Carlos Mazón hizo suyos los argumentos camerales hasta en lo relativo a «los impuestos específicos que distorsionan la rentabilidad de las operadoras y desincentivan su explotación económica», olvidando que entre ellos figuran los autonómicos. El 28 se produjo el apagón general y, como el 29 tenía tertulia en la 99.9, decidí enfocar la cuestión desde esta perspectiva porque, nadie, lo que se dice nadie se había acordado de explicar el contexto en el que se fue la luz, las circunstancias en las que ocurrió lo que no había sucedido nunca. Algo que no sólo los periodistas sino en un sinfín de especialistas estamos obligados a plantearnos de oficio. Si descartamos a las eólicas -empecé- porque no sopló un viento extraordinario; a las fotovoltaicas, porque no estamos en agosto, y no se ha quemado ningún fusible, habrá que preguntar antes que a nadie a los huelguistas. ¿Qué has dicho? Cayó sobre mí el contertulio Fernando de Rosa, diputado (PP) y juez en excedencia, y apenas si me dejó apuntar lo que deslizó Raúl Masa en el ABC del día siguiente: el colapso coincidió con «la anomalía que se arrastra desde Semana Santa», «un pulso soterrado entre las propietarias de las centrales» y el Gobierno. Ni recordarle que los jueces son los primeros que no autorizan el levantamiento de un cadáver hasta hacerse una composición de lugar me dejó. Tanto menos plantear si la investigación oficial contemplará en qué medida pudo influir la coincidencia de este irresponsable plante sectorial en el siniestro, máxime considerando que contaba con la autorización de Redeia. No, no es descartable que se trate de una desafortunada casualidad. Las dudas las suscita que las alusiones a que la caída de luz se produjo en plena desconexión nuclear se esfumaron como los famosos 15 gv: por arte de birlibirloque.
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