Vamos a aprovechar lo que quede de legislatura», declaró Gabriel Rufián, portavoz de ERC, la izquierda independentista catalana tras su visita a Pedro Sánchez en ... La Moncloa, a mediados de junio. Lo dijo con la crudeza de quien ya no necesita fingir. No hay proyecto, ni principios, ni disimulo. No se trata de gobernar sino de ganar tiempo. Se trata, como dijo Rufián, de llevarse todo lo que se pueda y lo antes posible.
Pocas horas antes, se había hecho público el informe de la UCO según el cual el número dos del PSOE, Santos Cerdán, habría participado en el cobro de comisiones ilegales vinculadas a la contratación pública, en el marco de una trama que salpica directamente a la cúpula socialista. Después de Ábalos era el segundo número dos del PSOE, mano derecha de Sánchez, imputado por gravísimos casos de corrupción. Cerdán todavía no había ingresado en prisión, pero el daño político ya estaba hecho. Lejos de asumir responsabilidades, Sánchez se maquilló, dio una rueda de prensa teatral, y reaccionó con su habitual reflejo de supervivencia: reafirmar sus alianzas con sus socios de supervivencia -independentistas, filoetarras, Balldoví y el PNV-. Con Sánchez a la cabeza, su lema es «mientras esto dure, vamos a llevarnos lo que podamos».
El «cupo fiscal» que Sánchez y ERC ponen sobre la mesa es parte de ese saqueo. Y mientras el Gobierno regala competencias, perdona delitos y ofrece privilegios fiscales a quienes cuestionan el marco común de convivencia, los valencianos observan en silencio cómo se construye un nuevo orden en el que el chantaje se premia, la ley se doblega y la solidaridad se subasta al mejor postor.
Sánchez no sufre este saqueo: lo dirige. Ha saqueado todas las instituciones. No es víctima de sus socios, sino su arquitecto. El llamado «pacto fiscal» que negocia con los independentistas no es una mejora del sistema: es una sentencia de muerte a la igualdad fiscal entre españoles.
Habrá que solucionar que Cataluña esté mal financiada, ¡y también la Comunidad Valenciana!, pero no a costa de costa de quebrar el principio de igualdad ni de consagrar privilegios. Replicar el «cupo vasco» como piden los independentistas, no busca justicia, ni eficiencia, ni corresponsabilidad: busca blindar privilegios y recompensar el chantaje político. Sánchez subasta el Estado como moneda de cambio para comprar meses de legislatura.
En la historia de Roma hubo un momento parecido. Fue con el Sánchez de la época, Lucio Cornelio Sila, a comienzos del siglo I aC, cuando Roma atravesaba una grave crisis interna. Sila, débil políticamente y temiendo perder su posición, empezó a conceder perdones, tierras y privilegios a quienes le garantizaban lealtad personal. La legalidad dejó de importar: la política se convirtió en una subasta. Las instituciones republicanas se degradaron porque ya no se gobernaba para todos, sino para comprar apoyos.
Fue el principio del fin de la República: el Estado ya no era un proyecto común, sino un botín. Lo mismo hace hoy Sánchez: mientras quede algo por entregar, sigamos saqueando.
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