El asalto sanchista a la justicia

Parece escrito hoy, pero es del 70 a.C.. Esto viene a decir Cicerón en la causa contra Verres, un corrupto de marca mayor y aprovechó su cargo, equivalente de Delegado del Gobierno en Sicilia, para saquear las arcas públicas, extorsionar a comerciantes, agricultores y artesanos, y enriquecerse ilegalmente sin freno. Vamos, era el Ábalos, Cerdán o Koldo García, los compañeros de Sánchez en el Peugeot de las primarias. Cuando fue acusado, Verres intentó dilatar el juicio -como denuncia Cicerón- esperando que cambiara el tribunal, sustituyendo a jueces menos manejables por otros más dóciles y cómplices. Es decir, buscaba elegir a quien lo juzgara.

Recuerdo el caso de Verres ante las maniobras de Miguel Ángel Gallardo, el líder del PSOE en Extremadura, que imputado por la presunta contratación irregular del hermano de Sánchez se ha marcado un aforamiento exprés para esquivar la acción de la justicia ordinaria, dilatar el proceso penal cambiar de tribunal y al menos dilatar el proceso.

También para librarse de los procesos judiciales por corrupción que le tienen acorralado, y que han llevado a los tribunales a miembros de su partido, de su gobierno y de su familia, Sánchez ha lanzado una ley de reforma de la justicia que solo busca neutralizarla. Es un asalto al poder judicial, cuya independencia es uno de los pilares de la democracia.

Para ello, quiere perpetrar un «turno excepcional» por el que nombrar a dedo a más de 1.000 jueces y fiscales, ahora sustitutos. Y aspira a hacerlo sin que hayan aprobado una oposición, permitiendo acceder a la judicatura sin pasar por el proceso habitual de oposiciones, lo que suprime de un plumazo los criterios de igualdad, mérito y capacidad. Y todo ello en perjuicio también de las promociones más jóvenes.

Y cuando haya oposiciones, Sánchez propone rebajar el nivel de exigencia, porque el mérito y el conocimiento de las leyes no le interesa al sanchismo. También trama crear ¡un centro público de preparación de opositores!, bajo control político, diseñado para filtrar ideológicamente a los aspirantes. Por si fuera poco, pretende una vuelta de tuerca más en el control gubernamental sobre el Consejo General del Poder Judicial.

El sanchismo y sus socios llevan años atacando de forma virulenta y hostil al poder judicial cada vez que una sentencia no les favorece. Buscan desprestigiar a la justicia para campar a sus anchas, sin controles, sin rendición de cuentas, en la impunidad.

Y ahora con esta reforma el objetivo de Sánchez es claro: desmontar el poder judicial como contrapeso democrático y sustituirlo por una judicatura a sus órdenes, que no juzgue la corrupción sanchista. Sánchez busca impunidad. Como Verres en Sicilia. No estamos ante una simple reforma, sino en el momento más oscuro de la democracia en España, el asalto sanchista a la justicia.