La sanidad pública española: una conquista social amenazada

Durante décadas, la sanidad pública ha sido uno de los pilares más sólidos del Estado del bienestar en España, garantizando que cualquier persona, con independencia de su situación económica, reciba atención médica digna. Sin embargo, este modelo está siendo erosionado por políticas que, abren la puerta a la desigualdad, a la saturación del sistema y a un protagonismo excesivo del sector privado Defender la sanidad pública hoy no es una cuestión técnica, es una postura política, ética y profundamente humana. ¿Estamos dispuestos a renunciar a uno de nuestros mayores logros sociales?

La sanidad pública y universal no nació por casualidad ni fue una concesión generosa del poder político, sino el resultado de una larga lucha social y política por dignificar la vida de las personas. En España, este modelo comenzó a tomar forma con fuerza tras la transición democrática, y se consolidó con la Ley General de Sanidad de 1986, impulsada por el gobierno de Felipe González. Esta ley supuso una auténtica revolución: extendió la cobertura sanitaria a toda la población, independientemente de su situación laboral, y sentó las bases de un sistema inspirado en la equidad, la solidaridad y la justicia social.

Detrás de estas decisiones o solo había una necesidad técnica de reorganizar la atención sanitaria, y una visión del mundo: la idea de que la salud debe estar por encima del negocio, de que el Estado tiene la responsabilidad de cuidar a sus ciudadanos, y de que los derechos no deben depender de la capacidad de pago. Esta filosofía entronca con el modelo de Estado del bienestar que surgió en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se comprendió que el desarrollo de las sociedades solo era posible garantizando ciertos mínimos de dignidad: educación, pensiones, vivienda... y salud.

A pesar del respaldo social mayoritario que sigue teniendo la sanidad pública, el sistema atraviesa un proceso de deterioro progresivo que no es fruto del azar, sino de decisiones políticas concretas. Una de las amenazas más evidentes es la infrafinanciación crónica que sufre desde hace años. Mientras el gasto sanitario público español se mantiene por debajo de la media europea, la presión asistencial crece sin cesar, impulsada por el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas y la falta de personal sanitario suficiente.

Sus consecuencias son palpables: listas de espera interminables, atención primaria colapsada, profesionales exhaustos y una pérdida paulatina de la calidad asistencial. Todo esto genera un clima de descontento que, lejos de resolverse con más inversión estructural, a menudo se utiliza como argumento para impulsar la entrada del sector privado. Aquí es donde la colaboración público-privada, que en ciertos contextos es útil y necesaria, se convierte en un riesgo si no está bien regulada ni orientada al interés general.

Conviene dejarlo claro: la sanidad privada no es un enemigo. Es un recurso complementario y valioso cuando coopera con lealtad institucional y bajo criterios de equidad. El problema aparece cuando esa colaboración se transforma en un atajo para desmantelar lo público, en una puerta giratoria de beneficios privados a costa de recursos comunes, o en una vía de escape permanente a la obligación del Estado de garantizar una atención sanitaria de calidad para todos.

Cuando la atención sanitaria deja de ser un derecho garantizado y pasa a depender del bolsillo de cada cual, lo que se rompe no es solo el sistema, sino el principio mismo de igualdad. Se crea una sanidad a dos velocidades: una para quien puede pagar, ágil y cómoda; y otra para quien no puede, saturada y relegada.

Además, esta deriva se ve agravada por las diferencias territoriales. Las competencias en sanidad están transferidas a las comunidades autónomas, ha generado desigualdades en el acceso y la calidad del servicio.

La sanidad pública española no es un regalo, ni una excepción histórica: es una conquista colectiva que expresa lo mejor de nuestra sociedad. Representa la convicción de que la vida y la salud no pueden estar supeditadas al beneficio económico, que ningún ser humano debe ser abandonado por no tener recursos, y que el bienestar de una comunidad se mide por cómo cuida a los más vulnerables.

Hoy, esa conquista puede estar en peligro.

Defender la sanidad pública no es una causa nostálgica ni una trinchera ideológica: es una necesidad democrática. Implica exigir inversión suficiente, condiciones laborales dignas, planificación a largo plazo. Implica también que la ciudadanía asuma su papel, no solo como usuaria del sistema, sino como garante de su futuro.

La sanidad pública nos pertenece. No es una carga, es una de nuestras mayores riquezas. Y si no la defendemos ahora, corremos el riesgo de perderla sin darnos cuenta. Porque los derechos no desaparecen de golpe: se desgastan poco a poco, hasta que un día, cuando más los necesitamos, ya no están.