Retratados

Como también es cierto que se considera cotidiano forzar los titulares en prensa (radio, televisión...), todos contentos y cada uno a lo suyo. Sin embargo, ese modo de apretar la verdad nos acaba retratando y pudriendo a todos. Por eso, cuando llega una jueza y da por ciertas las palabras de un alto cargo (pongamos Vicent Mompó) en una televisión, hasta causa sorpresa. El presidente de la Diputación alega que sus palabras fueron manipuladas. Luego ha aclarado que eso no quiere decir que pervirtieron el sentido de su intervención, sino que editaron sus declaraciones y que, por tanto, tampoco habría que hacerles demasiado caso. Y añade que, bueno, él cuando está ante la jueza tiene obligación de decir verdad pero que cuando se pone frente a los periodistas lo que intenta es «ayudar». La cuestión es a quién ayuda.

Como sociedad, nos hemos desviado tanto de la verdad y de la intención de ser veraz que hasta se llega a considerar una «ayuda» decir lo que, luego ante un juez, se matiza pero que muy mucho. Mompó no es un caso aislado. Los cargos públicos tienen muy claro que en un tribunal no se la pueden jugar (o al menos, no demasiado), pero que es comprensible si fuerzan la verdad durante una campaña electoral («hay que situar esas declaraciones dentro del marco de una campaña», se disculpan), en un pleno parlamentario o municipal («hay que entender que Fulanito estaba en pleno cruce dialéctico, en una batalla política contra Menganita», se excusa) o ante los ciudadanos en persona («lo importante es que ha dado la cara», se afirma), y, por extensión, ante los periodistas.

Todos deberíamos tomarnos más en serio las declaraciones públicas. Cuando un cargo electo o político se planta frente a los medios de comunicación, hace algo que, al parecer de la jueza, es dar testimonio público de su actuación, de su gestión. Ante la prensa, sí, pero como una herramienta de intermediación, pues sus palabras se dirigen a la ciudadanía. La jueza de la dana no se lee la prensa por afición, sino porque considera que los cargos públicos, al hablar sobre su actuación el fatídico 29 de octubre, no se van a dedicar a mentir. Murieron 228 personas. Ni una broma. No es un tema cualquiera. Se supone que no se va a tergiversar la verdad como se acostumbra. Sin embargo, como todo lo relacionado con la dana se ha convertido en material político arrojadizo, unos y otros han considerado que pueden aportar un granito de arena a su causa. Desde las filas socialistas se ha reprochado a la Generalitat haber «destruido» las grabaciones del Cecopi de esa tarde a sabiendas de que no se grabó esa sesión. Ni esa ni ninguna. Los dirigentes populares cambian su versión. Mompó, nueve meses después, todavía añade o modifica datos sobre a quién llamó o no llamó ese día. La campechanía no procede a la hora de rendir cuentas sobre la gestión de un cargo público en esa terrible jornada, se tengan más o menos competencias, que todos tenían las suyas. Hay que afinar hacia la verdad, no hacia la inconsciencia.