Nuevo revés judicial para el Ayuntamiento de Benidorm por no respetar los derechos de los trabajadores municipales

En concreto, según ha informado el secretario local del sindicato, Paco Ángel González, se trata de una reclamación presentada, el 30 de septiembre del pasado año, por un trabajador del área de Turismo al que se le había aplicado erróneamente la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT).

Así, según ha explicado el Spplb en un comunicado, a este trabajador se le habían aplicado las condiciones de oficial de segunda cuando su puesto de trabajo es el de encargado del almacén de la mencionada área de Turismo. Un trabajador, además, que desde hace más de una década viene realizando labores “fuera de su jornada laboral, tales como traslados de personal a aeropuertos o trabajos destinados a las promociones turísticas encabezadas por la fundación Visit Benidorm”. Unas labores que, según la nota del sindicato, le fueron “eliminadas de un plumazo”.

Paco Ángel González explica que este error en la aplicación de la VPT “podría haber sido subsanado de oficio y de forma inmediata para no perjudicar al trabajador pues estaba dejando de percibir las retribuciones a las que tiene derecho”.

En ese mismo sentido, y tras haber solicitado por escrito la subsanación de ese error, desde el Spplb, “y al comprobar que se nos hacía caso omiso, advertimos que de no atender las alegaciones, al haber transcurrido más de tres meses, acudiríamos a los tribunales de justicia para que pusieran orden. Y eso es lo que hicimos”.

Así las cosas, pasado algo más de un año desde que se interpusiera el recurso en los tribunales, la sentencia estima íntegramente la demanda presentada, adscribiendo al trabajador al puesto de encargado de almacén de Turismo y ordenando al Ayuntamiento al abono de las cantidades correspondientes al complemento de productividad con carácter retroactivo, por lo que la Administración deberá abonar 530 euros por cada mes, más los intereses desde que se aplicó la VPT.

Tal y como han subrayado desde el Spplb, “lo más indignante de este caso es que la Administración incumple el acuerdo plenario de tratar las alegaciones a la VPT en una comisión de seguimiento que no convoca, vuelve a utilizar un uso indebido del silencio administrativo, obliga a los trabajadores a acudir a los Tribunales de Justicia para que les reconozcan sus derechos y, cuando llega el acto del juicio oral, el Consistorio manifiesta que no se opone a las pretensiones del trabajador”.

Por ello, el sindicato considera que “con esta actitud, el ayuntamiento de Benidorm continúa jactándose y mofándose ya no sólo de los trabajadores, sino también de la Justicia, al dejar patente la arbitrariedad ya que existen otros a los que, sin necesidad de acudir a los Juzgados, se les soluciona”.

Paco Ángel González, secretario local del Spplb en la capital turística de la Comunitat Valenciana, recordó que, en su día, su sindicato “firmó a favor de la VPT con la condición y compromiso por escrito de que se formaría de manera inmediata una comisión de seguimiento donde se tratarían las alegaciones presentadas por los trabajadores”. Un acuerdo, ha subrayado, que “se ratificó en el pleno”.

González, aprovechando la sentencia ahora conocida, ha explicado, además, que “esta comisión sólo se ha reunido una vez, el 21 de enero de 2022, para no tratar ningún tipo de alegación”.

Por todo ello, el responsable del sindicato mayoritario entre la masa funcionarial del Ayuntamiento, ha subrayado que “desde el Spplb hemos alertado a la Administración de la existencia de varios casos sangrantes no atendidos en la aplicación de la VPT y que podrían haber sido subsanados de oficio y de manera inmediata para no perjudicar a los trabajadores que, lógicamente, estaban dejando de percibir unas retribuciones a las que tienen derecho”.

Por todo ello, Paco Ángel González ha avisado que “vamos a seguir acudiendo a los tribunales con cada una de las alegaciones presentadas por nuestros afiliados”.

Y todo ello, como ya informó LAS PROVINCIAS, menos de una semana después de que este mismo sindicato consiguiera otra victoria judicial por el caso de una “falsa autónoma” que venía trabajando para el ayuntamiento benidromense en esas condiciones desde 2013.