Gobierno y oposición se enzarzan en una bajada del IBI que PSOE y C's califican de «electoralista»

En lo relativo a los dineros y a las inversiones que, a juicio de los responsables políticos de Benidorm debe realizar el Gobierno de España en la ciudad, no hay fisuras entre los distintos grupos con representación municipal. Así quedó patente en un pleno ordinario en el que, por unanimidad, salió adelante la moción de la Junta de Portavoces para exigir al gobierno de España que la construcción de la nueva comisaría de la Policía Nacional de Benidorm en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento a tal fin se incluya en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023. Así mismo, en ese mismo texto se ha exigido al Ejecutivo a que se doten las partidas suficientes para la licitación, adjudicación e inicio de las obras en esa anualidad.

En esa moción, además, se recuerda que ya en los PGE de 2022 se recogía una dotación de ocho millones, aunque fuera como inversión plurianual, «pero en el borrador de las cuentas para 2023 presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez, la Comisaría ha desaparecido y ni siquiera aparece en la programación plurianual».

Los tres grupos políticos con representación municipal, esto es, PP, PSOE y Ciudadanos, consideran, según recoge el texto de la moción «decepcionante e indignante» que dicha infraestructura «tan merecida y esperada por la ciudad haya desaparecido de estos presupuestos y de la voluntad política del Partido Socialista».

Todos ellos entienden que a estas alturas no sólo bastaría con que se enmienden los PGE para incluir la partida correspondiente a esas obras, sino que las mismas «deberían empezar en 2023 porque no existe razón alguna para no hacerlo, pues los trámites están muy avanzados y el Ayuntamiento ha hecho muchos esfuerzos para que sea una realidad cediendo el suelo necesario y óptimo».

También ha salido adelante por unanimidad, aunque no sin polémica, la moción de la concejal de Hacienda para la rebaja del IBI. Aida García Mayor ha indicado que el Ayuntamiento ha impulsado un plan municipal de reducción impositiva y rebaja fiscal en el ámbito de su competencia a la ciudadanía en general de Benidorm, «dentro de las posibilidades y reglamentación presupuestaria de estabilidad y sostenibilidad financiera y atendiendo a la situación global de incertidumbre y ralentización del crecimiento y escalada inflacionista especialmente de la economía española».

Según ha subrayado García Mayor, dicho plan tendrá «todas las cautelas necesarias» de tal forma que permitirá al Ayuntamiento «seguir en la senda de cumplimiento estricto de todas las medidas de control de gasto y equilibrio presupuestario, sin que ello conlleve renunciar a la mayor y mejor prestación de los servicios municipales y las inversiones necesarias».

La responsable del área de Hacienda ha reconocido que la ahora aprobada «es una bajada moderada, sí, pero es necesaria y es la que se puede hacer según los informes técnicos».

Pese al voto favorable de toda la corporación, la opsición de mostró muy crítica con una medida que Cristina Escoda, nueva portavoz y candidata a la alcaldía por el PSPV-PSOE en 2023, calificó la bajada de «ridícula» e ironizó sobre la medida asegruando que los vecinos «claro que van a ver rebajado su impuesto de 400 a 397 euros» pidiendo «que los ciudadanos valoren si eso es una ayuda que beneficia a su economía familiar».

En la misma línea se pronunció Juan Balastegui, portavoz de Ciudadanos, que argumentaba que «cuando sube la luz, la gasolina, las hipotecas… y recaudamos 38 millones con este impuesto, era necesaria una rebaja real» y no, como lo ha calificado, «un gesto electoralista».

Ante estas críticas, la edil de Hacienda ha vuelto a subrayar que es la bajada «que se puede hacer según los informes técnicos», dejando en su argumentario un razonamiento que echa por tierra el discurso económico que el Partido Popular lleva defendiendo a nivel nacional desde hace meses en contraposición a las medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Así, Aida García Mayor afirmó, en la discusión del punto correspondiente a la bajada del IBI, que «podríamos no haber hecho nada. O podríamos haberlo subido porque económicamente la situación no está para bajar impuestos. Está, seguramente, para todo lo contrario», abriendo así, una vez más, el debate sobre la bajada masiva de impuestos que se defiende desde ciertas sensibilidades del ámbito ‘popular’ y que ha llevado a sonados enfrentamientos con el Gobierno.

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