El muelle flotante de EE UU abre una puerta para aliviar la asfixia de Gaza

El muelle militar ha tenido un coste de 290 millones de euros, según informa EE UU, no se puede usar cuando hace mal tiempo y se estima que su capacidad será de entre 90 y 150 camiones al día. Los organismos humanitarios critican el proyecto por su elevado coste, porque ralentiza la llegada de la ayuda en un momento de máxima urgencia y porque la Franja dispone de suficientes pasos para que pueda entrar por tierra. Israel registrará la carga en el puerto de Chipre y de allí se transportará en unas quince horas de navegación a las costas de Gaza, donde se descargará a convoyes cuya gestión estará en manos de Naciones Unidas.

Israel impone tantas trabas a la entrada por tierra de ayuda que se han tenido que activar incluso los lanzamientos desde el aire por parte de diferentes ejércitos como el de Jordania, Estados Unidos, Francia o España, una medida tan espectacular como poco efectiva para el nivel de la necesidad. El cruce de los camiones es un problema, pero el reparto lo es aún mayor y puede convertirse en un trabajo mortal como sucedió el mes pasado con los siete trabajadores de la organización World Central Kitchen (WCK), abatidos por drones hebreos pese a que coordinaron todos sus movimientos con los militares.

Reino Unido fue el primer país en informar que usará esta alternativa marítima para el envío de ayuda, aunque su primer ministro, Rishi Sunak, aclaró que «sabemos que no puede ser la única vía y por eso necesitamos ver más pasos terrestres abiertos». La Unión Europea anunció este viernes que movilizando ya alimentos para su entrega a través del muelle flotante aunque subrayó que esta opción debe ser «complementario» y en ningún caso puede sustituir la entrega de cargamento humanitario por tierra.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó en marzo a Israel la apertura de nuevos pasos para acelerar el reparto de ayuda y esto provocó un modesto incremento en la llegada de camiones con alimentos, agua y combustible, insuficiente para la abrumadora necesidad, según la ONU. Dos meses después el ejército da marcha atrás y mantiene cerrado Rafah, la principal puerta de entrada y salida de Gaza.

La operación militar contra la ciudad fronteriza con Egipto, que ha provocado el desalojo forzado de más de 600.000 personas, llevó a Sudáfrica a presentar el jueves una nueva demanda para solicitar al tribunal que ordene a Israel detener la ofensiva en Rafah y permitir la entrada de ayuda. Los africanos solicitan más medidas cautelares y piden a la CIJ que ordene al Estado judío permitir el acceso de funcionarios de la ONU, trabajadores de organizaciones humanitarias y periodistas a la Franja. Hasta el momento los israelíes han matado a un centenar de trabajadores de medios de comunicación.

Israel se defendió diciendo que su operación en Rafah es «limitada» y que «está tomando medidas para tratar de hacer frente a la enorme complejidad que presenta una situación así (…) Es por eso que no ha habido un ataque a gran escala». Los hebreos saben que este tribunal no tiene medios para hacer cumplir sus órdenes, pero la demanda por genocidio hace que aumente la presión exterior contra la guerra. Los enviados de Tel Aviv en La Haya afirmaron que se «permite y facilita el suministro de cada vez más ayuda humanitaria a través de varios cruces a diario».

El Estado judío acusa a la CIJ de actuar como el «brazo legal» de los islamistas e insistió en que «la ciudad de Rafah también sirve como bastión militar de Hamás, que continúa representando una amenaza significativa para Israel y sus ciudadanos».