Bayrou rechaza suspender la impopular reforma de las pensiones

El primer ministro se opuso a una suspensión de la impopular reforma de las pensiones, aprobada el año pasado a través de un polémico decreto gubernamental. La congelación del aumento de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años (con 43 años cotizados para recibir una prestación completa) era la principal exigencia del Partido Socialista para no ejercer una oposición frontal al Gobierno de Bayrou, compuesto por una coalición entre los partidos afines al presidente Emmanuel Macron y la derecha tradicional de Los Republicanos (LR). Si no logra suavizar la oposición de los socialistas, el futuro del Ejecutivo, que apenas cuenta con el apoyo de 212 diputados (de un total de 577), quedará en manos de la ultraderecha de Marine Le Pen.

En lugar de la suspensión pedida por los socialistas, el 'premier' propuso una renegociación entre los sindicatos y la patronal sobre el financiamiento de las jubilaciones. «Apuesto por trabajar de nuevo esta cuestión con los actores sociales durante un tiempo breve y en condiciones transparentes», aseguró Bayrou. «Podemos explorar el camino de una nueva reforma, sin ningún tótem ni tabú», añadió. Barnier ya había propuesto en octubre una medida parecida, pero entonces fue rechazada de manera automática por los socialistas.

La principal novedad de la propuesta de Bayrou resulta que los dirigentes sindicales y de la patronal se reunirán desde esta misma semana. Esas negociaciones, sin embargo, se celebrarán condicionadas por su brevedad -está previsto que duren unos pocos meses- y por un informe «inmediato» sobre el sistema de pensiones que el Gobierno pedirá al Tribunal de Cuentas. Difícilmente los representantes de los trabajadores lograrán derogar en ese marco la subida hasta 64 años de la edad mínima jubilación. «Deseo que haya un acuerdo, pero si no lo hay, aplicaremos la ley actual», advirtió el 'premier'.

Aparte de la espinosa cuestión sobre las pensiones, Bayrou confirmó su voluntad de suavizar el objetivo de reducción del elevado déficit público del país. En lugar de pasar del 6,1% al 5% este año como pretendía Barnier -una austeridad que propició su censura-, el responsable gubernamental apuesta por el 5,4%. Esta menor reducción le ofrece un mayor margen de maniobra. Por este motivo, propuso bajar de 5.000 millones a 2.200 el recorte exigido a las administraciones locales.

Para sacar adelante las cuentas públicas, el Ejecutivo ha decidido recuperar el anterior borrador y dejar que continúe el debate parlamentario. Primero, será votado el 23 de enero en el Senado, con una mayoría de representantes afines a la derecha republicana y el centro-derecha macronista. Lo que conllevará que llegue a la Asamblea una versión poco propicia a las reivindicaciones sociales de la izquierda del Nuevo Frente Popular (NFP), que representa el primer bloque, aunque lejos de la mayoría absoluta, en la Cámara Baja.

«De momento, no nos salen las cuentas», advirtió Boris Vallaud, portavoz del grupo parlamentario de los socialistas, que lamentó la poca concreción de Bayrou respecto algunas de sus principales reivindicaciones, como renunciar a una supresión de 4.000 puestos de profesores. A pesar de que el primer ministro no satisfizo la mayoría de sus exigencias, los socialistas han dejado en el aire cuál será su posición respecto al Gobierno, con el que han negociado desde principios de año.

A diferencia de España, el voto de investidura no es obligatorio en Francia y el primer ministro no se sometió a esta votación. En respuesta a ello, la Francia Insumisa (afines a Sumar o Podemos) presentó por la tarde una moción de censura, que cuenta con el apoyo de sus socios verdes y comunistas. En cambio, el PS contempla desmarcarse de sus aliados del NFP y no votar ese texto. Si no lo censuran los socialistas, Bayrou habrá logrado dos de sus objetivos: dividir a la izquierda y dejar de depender de la extrema derecha, que anunció que no votará esta moción. No siempre hace falta ser un brillante orador para salirse con la suya.