Haití confía la lucha contra las pandillas a los mercenarios del antiguo jefe de Blackwater

Según ha transcendido, el prominente aliado del presidente de EE UU firmó un contrato hace meses con el gabinete haitiano para llevar a cabo operaciones letales en el país, y forma parte de un grupo de trabajo secreto que desde marzo ha llevado a cabo ataques con drones en las zonas ocupadas por las bandas armadas con el objetivo de matar a sus principales líderes.

Con todo, las autoridades no han anunciado aún la muerte o la captura de un solo objetivo de alto valor, mientras que un grupo local de derechos humanos culpa a los drones de la muerte de más de 200 personas.

Prince ha realizado grandes envíos de armas al país y planea lo que se espera será un gran despliegue en la capital con helicópteros y maniobras de asalto asistidas por drones en el territorio de las bandas.

Paralelamente, el empresario ha venido contactando a la comunidad de veteranos haitiano-estadounidenses para reclutarlos como mercenarios pagados para combatir este verano. El plan busca un total de 150 combatientes extranjeros, incluidos los nacionales entrenados en instalaciones privadas de Estados Unidos.

El Departamento de Estado, que hasta ahora ha proporcionado millones de dólares en fondos para equipar y capacitar a la Policía Nacional de Haití, señaló estar al tanto del trabajo de Prince en el país, aunque ha insistido en que el contratista militar no ha recibido pagos de Washington. Algunos medios han sugerido que la presencia de este veterano de la seguridad podría suponer una injerencia del Gobierno estadounidense en territorio latinoamericano.

Por ahora se desconocen los términos completos del acuerdo del Ejecutivo haitiano con Prince, incluido el coste de una operación que plantea cuestiones sobre soberanía, supervisión judicial y la participación de la diáspora.

Según el veterano haitiano-estadounidense Rod Joseph, las cláusulas del contrato incluirían la seguridad en los puertos y las operaciones aduaneras del país, además del desmantelamiento de los grupos armados.

Joseph, actualmente candidato al Congreso por el Distrito 20 en Florida, fue contactado por Prince a finales del pasado año para ayudar en el reclutamiento de veteranos de la diáspora haitiana-estadounidense, y se opone a la contratación del contratista militar privado por el Gobierno de la isla. «Deberíamos estar muy preocupados», señaló Joseph en una entrevista con 'The Haitian Times' la semana pasada. «Este tipo [Prince] convertirá a Haití en su propia casa».

Joseph ha estado en contacto con miembros del Gobierno de su país en relación con la crisis de seguridad que atraviesa la nación, Les ha instado a trabajar con contratistas de seguridad nacionales en lugar de contratar a extranjeros, ya que, según su criterio, cuentan con la experiencia técnica y el contexto cultural para trabajar de manera efectiva en Haití.

Erik Prince, exmiembro de las fuerzas especiales de élite SEALS del ejército estadounidense, fue el fundador de una de las empresas de mercenarios internacionales más oscuras de la historia reciente, Blackwater Worldwide, que alcanzó notoriedad por la masacre de 2007 en Bagdad en la que los contratistas mataron a 17 civiles iraquíes.

Tras múltiples condenas a varios implicados (indultados después por Trump en 2020), Prince disolvió la empresa y creó Constellis, que continuó las operaciones privadas paramilitares en zonas de conflicto en el mundo, incluidas Libia, Afganistán y ahora Haití. Prince es hermano de la que fuera secretaria de Educación durante el primer mandato de Trump, Betsy DeVos.

En los últimos meses, las pandillas han capturado tanto territorio del país que los funcionarios de la ONU han advertido que la capital está en peligro de caer bajo el control criminal completo. Se estima que unas 200 bandas armadas operan en Haití, la mitad de ellas en Puerto Príncipe.

La unificación de los grupos armados contra el Gobierno el año pasado resultó en una intensificación de la violencia y la toma del control de prisiones, incendios de comisarías y ataque a hospitales. Cerca de un millón de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares y cientos de miles viven en albergues.

La gravedad de la situación ha llevado a las autoridades a buscar medidas desesperadas, especialmente después del fracaso de la misión de la ONU de intervención de las fuerzas kenianas, con un coste de 600 millones y esponsorizada por la Administración de Joe Biden el pasado año.

Haití no ha levantado cabeza desde el terremoto de 2010, asolado por una espiral de crisis de larga duración que incluyen la incapacidad de gobernarse a sí mismo, en gran parte debido a la corrupción de las élites del país, y una serie de desastres naturales y emergencias humanitarias cada vez más graves.

La nación caribeña, al borde del colapso, donde 11 millones de personas padecen a diario abuso sexual, hambre y miedo a la violencia rampante, vive sus peores días desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. El asesinato, en el que estuvieron implicados mercenarios colombianos contratados a través de una empresa con sede en EE UU, se añade a la complicada relación de Haití con los contratistas de intervenciones extranjeras, que han llevado el país a la desestabilización política y económica del país.

«Este tipo [Prince] habrá firmado un contrato de 20 a 25 años y eso nunca se pagará. Esa es mi preocupación«, alertó Joseph. «Si se tratara del Gobierno estadounidense», señaló el veterano haitiano a 'The New York Times', «al menos se mantendría la apariencia de tener que responder ante el Congreso«. «Siendo como es su contrato, [Prince] no le debe a nadie una explicación Es solo otro día de pago».