La Policía investiga al presidente surcoreano por traición al declarar la ley marcial

Yoon se encuentra señalado prácticamente desde el inicio de su mandato hace dos años al incumplir muchas de sus promesas de campaña y arrastrar varios escándalos en su entorno, sobre todo, relacionados con su mujer. La orden de decretar la ley marcial -una medida excepcional que no se tomaba desde 1987- con la excusa de que la oposición tenía vínculos con el régimen de Corea del Norte ha rematado su mandato. La moción de censura se debatirá el sábado y necesita el respaldo de, al menos, ocho escaños del gobernante Partido del Poder Popular (PPP) para cosechar la mayoría exigida para su aprobación. La formación, sin embargo, ha cerrado filas con el presidente surcoreano. «Todos los 108 diputados del PPP permanecerán unidos para rechazar la destitución», ha adelantado Han Dong-hoon, líder parlamentario de este grupo, que está en minoría en la Cámara.

El partido de Yoon ha expresado su intención de «trabajar para evitar que se apruebe la moción» aunque eso no implica «defender la inconstitucional ley marcial del presidente». De hecho, Han ha solicitado al mandatario que abandone el PPP para evitar que su delicada situación empeore aún más. La iniciativa registrada el miércoles por la oposición acusa, precisamente, al dirigente surcoreano de «vulnerar gravemente la Constitución y la ley» con su medida. De salir adelante, el primer ministro sería el encargado de sucederle en el cargo a la espera del veredicto de la Corte Constitucional, que tiene 180 días para pronunciarse. Si apuran el plazo, no se conocerá el destino de Yoon hasta el próximo verano. Entonces, en caso de que los jueces avalen la destitución, Corea del Sur celebraría elecciones presidenciales en un máximo de 60 días.

En la oposición sostienen que el proceso de 'impeachment' abierto contra el dirigente logrará su objetivo. La duda, ha sugerido el líder de los contrarios al Gobierno, Lee Jae Myung, es si esto «sucede mañana o el próximo mes». Por ahora no han encontrado aliados en el partido de Yoon, que ha expresado su intención de «trabajar para evitar que se apruebe la moción», aunque eso no implica «defender la inconstitucional ley marcial del presidente». De hecho, Han le ha pedido que abandone la formación.

Los compañeros de Yoon saben que su situación es muy delicada. La investigación contra él que lleva a cabo la Policía Nacional surcoreana se inició a raíz de dos solicitudes: una del opositor Partido Reconstruyendo Corea y otra firmada por medio centenar de activistas que acusa al presidente de haber desatado una crisis interna. También señalan a varios altos cargos del Ejecutivo de Seúl como el jefe del ejército, Park An Su, el ministro del Interior, Lee Sang Min, y el extitular de Defensa, Kim Yong Hyun, que asumió su «responsabilidad» por el caos generado por la ley marcial y dimitió horas después de su adopción. La Fiscalía le ha prohibido abandonar de momento el país.

«Esto es un crimen imperdonable, uno que no puede, no debería y no será disculpado», sostiene el parlamentario opositor Kim Seung-won sobre lo ocurrido en los últimos días en Corea del Sur. El presidente ha desaparecido de la vista pública desde que, horas después de adoptar la polémica decisión, anunciara que retiraba la medida.